Para evitar problemas, Congreso de Coahuila pide reglas claras de retiro de celulares en aulas

Ante la entrada en vigor del acuerdo que regula el uso de dispositivos en las aulas, la diputada Magaly Hernández propuso llamar a la autoridad educativa en Coahuila a establecer un protocolo estatal para regular la aplicación de las restricciones al uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en las escuelas.

La legisladora pidió a la Secretaría de Educación estatal definir las medidas que podrán aplicar docentes y directivos cuando los estudiantes incumplan las disposiciones, así como establecer procedimientos para el resguardo temporal de los aparatos, la responsabilidad en caso de pérdida o daño y las consecuencias ante reincidencias.

La legisladora señaló que, hasta el momento, no están suficientemente claras las medidas que puede tomar el personal educativo para hacer cumplir las reglas, por lo que decisiones como retirar temporalmente un teléfono pueden generar conflictos con las familias o derivar en quejas y denuncias contra maestros, quienes requieren certeza sobre los alcances de sus facultades.

Según el Acuerdo 09/09/26, emitido por la Secretaría de Educación Pública federal, se restringirá, a partir del próximo 3 de noviembre, el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales en las escuelas del país. La disposición contempla excepciones para actividades educativas previamente programadas y bajo orientación docente, emergencias personales, motivos de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, así como necesidades particulares y extraordinarias.

Ante la entrada en vigor, la legisladora pidió que el protocolo estatal también precise cómo actuar en situaciones de emergencia, las excepciones por motivos médicos o de discapacidad y la participación de madres y padres de familia.

“Este protocolo va a evitar que se debilite el rol formativo y disciplinario del personal docente, facilitando clases más organizadas, con menos tiempo perdido y menos conductas que alteren su desarrollo, esto a partir de una aplicación consistente de las reglas y de criterios claros para las autoridades escolares. Al mismo tiempo, permitirá que estudiantes y familias conozcan con mayor precisión las consecuencias de incumplir estas disposiciones, reforzando así una convivencia escolar basada en la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa”, señaló.