Propone Rubén Moreira, diputado por Coahuila, reformas para agilizar protección a familias de personas desaparecidas

Con el propósito de fortalecer la respuesta del Estado frente a los casos de desaparición de personas y brindar una protección más rápida a sus familiares, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la legislación vigente en la materia.

La propuesta busca incorporar a la ley diversas recomendaciones emitidas en 2023 por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que advirtió sobre los altos niveles de impunidad en México y urgió al Estado mexicano a reforzar su marco jurídico para atender este fenómeno.

Entre los principales cambios planteados destaca la creación de un procedimiento de atención urgente con un plazo máximo de 90 días para casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, personas migrantes, personas con discapacidad o situaciones en las que existan indicios de participación de servidores públicos.

PLANTEA APOYO INMEDIATO A LOS FAMILIARES

La iniciativa también propone que los derechos laborales y de seguridad social de las familias entren en vigor desde el momento en que se presenta el reporte de desaparición, eliminando la espera de hasta seis meses que actualmente puede retrasar el acceso a ingresos y servicios médicos.

Asimismo, establece que la Declaración Especial de Ausencia tenga pleno valor probatorio en los procedimientos de reparación integral del daño, con el objetivo de evitar que las víctimas deban acreditar reiteradamente los mismos hechos en distintas instancias.

Rubén Moreira explicó que otro de los objetivos es cerrar los vacíos legales que permiten que las investigaciones se fragmenten entre diferentes autoridades o queden inconclusas por falta de coordinación institucional.

La propuesta también garantiza que la localización de una persona desaparecida no extinga la obligación del Estado de esclarecer las circunstancias en que ocurrió la desaparición y fortalece el derecho de los familiares a acceder a los expedientes y conocer los avances de las investigaciones y acciones de búsqueda.

“Las familias no pueden seguir buscando solas lo que el Estado tiene la obligación de encontrar. Estas reformas no son solo técnicas legislativas: representan el reconocimiento de que detrás de cada caso existe una historia que merece verdad y justicia”, expresó el legislador.

FORTALECEN RESPONSABILIDADES DE GOBERNACIÓN

La iniciativa incorpora nuevas obligaciones para la Secretaría de Gobernación, entre ellas la expedición de los reglamentos pendientes de la Ley General en Materia de Desaparición y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, la dependencia federal asumiría el papel de autoridad coordinadora para dar cumplimiento inmediato a las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, notificando a las instituciones involucradas en un plazo no mayor a 24 horas.

De igual forma, estaría obligada a presentar informes sobre la implementación de las reformas y coordinar las acciones necesarias para garantizar una respuesta institucional más eficiente en la búsqueda de personas desaparecidas y la atención integral de sus familias.