Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, propone limitar reservas de información pública
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La iniciativa plantea exigir motivos concretos y verificables para impedir que documentos oficiales queden fuera del escrutinio ciudadano
A fin de fortalecer la transparencia y evitar que las autoridades utilicen de manera discrecional las reservas de información, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, propuso reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El legislador priista planteó que cualquier restricción al acceso a documentos públicos cuente con una justificación concreta, legítima y verificable. Para ello, propuso que las reservas sustentadas en razones de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional estén respaldadas por un propósito genuino y un efecto demostrable.
Moreira Valdez argumentó que la clasificación de información debe constituir una medida excepcional y no una herramienta para mantener fuera del conocimiento ciudadano decisiones, proyectos o actuaciones gubernamentales sin acreditar previamente un daño específico.
“La transparencia es una condición indispensable para que la sociedad pueda conocer cómo se ejerce el poder público, cómo se utilizan los recursos y cuáles son los fundamentos de las decisiones de las autoridades”, señala la iniciativa.
RESERVAS DEBEN TENER UN DAÑO ACREDITABLE
La propuesta mantiene la protección de aquella información cuya divulgación pueda comprometer investigaciones criminales, la prevención y persecución de delitos, así como expedientes judiciales y procedimientos administrativos cuya difusión pueda ocasionar un perjuicio al Estado.
El planteamiento, por tanto, no busca una apertura indiscriminada de documentos que pudiera poner en riesgo investigaciones, procesos legales o la seguridad de personas protegidas por la legislación.
El diputado federal sostuvo que también debe conservarse la protección de sectores considerados sensibles, entre ellos los ámbitos militar, nuclear, energético, satelital, tecnológico y de infraestructura estratégica, siempre que exista una causa legítima para impedir su divulgación.
Sin embargo, advirtió que estas excepciones no deben convertirse en una autorización automática para clasificar documentos administrativos, presupuestales, contractuales o de planeación que, por su naturaleza, tendrían que permanecer sujetos al escrutinio público.
Moreira Valdez subrayó que el acceso a la información constituye un derecho que la ciudadanía ejerce de manera cotidiana. Como ejemplo, refirió que durante 2024 se registraron más de un millón de solicitudes de información en el País, lo que, dijo, evidencia el interés de la población por conocer y fiscalizar el desempeño de las instituciones.
“La transparencia no debe depender de la voluntad de los gobiernos en turno ni de la conveniencia coyuntural de una administración”, establece el documento presentado por el legislador.
