Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas

Ante la expectativa que ha generado la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, el gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, señaló que, de acuerdo con los lineamientos preliminares, la operadora municipal mantendría una posición prioritaria dentro del nuevo marco legal.

Vicente García explicó que aún están a la espera de conocer el texto definitivo, pero destacó que la legislación parece poner especial énfasis en el derecho humano al agua y en el uso público urbano. En ese sentido, subrayó que, como gestores del servicio en la ciudad, Aguas de Saltillo “en principio seríamos prioritarios”.

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SALTILLO CUMPLE PARÁMETROS

La nueva Ley General de Aguas —que será reglamentaria del Artículo 4º constitucional— está enfocada en garantizar el derecho humano al agua. Bajo este criterio, Aguas de Saltillo afirmó cumplir con los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que definen este derecho como suficiente, accesible, asequible y aceptable.

La Ley General de Aguas, impulsada por la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) otorga la facultad de vender o trasladar los pozos de agua exclusivamente a aquellos que poseen sociedades mercantiles.

En el caso de los campesinos, las concesiones podrán heredarse, pero solo mediante un proceso burocrático. Este punto ha encendido el debate, pues productores señalan que “la tierra sin agua no tiene mucho valor”.

A un día de la aprobación de la legislación, VANGUARDIA consultó a agricultores y empresarios del campo, quienes consideran que la nueva ley otorga una “omnipotencia” a la CONAGUA y podría detonar un escenario adverso para la inversión.

El empresario y productor de papa, Roberto Villarreal, indicó que las reformas eliminan la certidumbre para la inversión y otorgan un poder excesivo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Aunque comentó que aún no ha tenido oportunidad de leer la publicación final, comentó que siente preocupación.

La principal preocupación, señaló, es que la eliminación de la certidumbre a mediano y largo plazo hace inviable la planeación de inversiones en tierra, maquinaria o tecnología.

“(La ley) elimina toda la certidumbre... pensar en inversiones se vuelve inviable al no tener certidumbre del agua... es catastrófico para la inversión mexicana”, señaló.

CONCESIONES REDUCIDAS

Villarreal explicó que un cambio fundamental que genera inestabilidad es la reducción drástica en la vigencia de las concesiones de agua. Anteriormente, los plazos se establecen por diez años, y luego por cinco, con derecho a renovación si el trámite se realizaba en tiempo y forma.

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Ahora, la nueva ley establece plazos de “uno o dos años”, y las renovaciones dejan de ser automáticas: cada periodo implica un trámite independiente. “Esto significa que, en lugar de una renovación, se debe realizar un trámite completamente nuevo cada vez”, explicó.

El empresario lamentó que, aunque se ha dicho que la ley no está diseñada para afectar directamente a los agricultores, el texto legal establece una amenaza latente: “lo que contempla la ley es que si un día desean hacerlo nos pueden afectar”.