Celebra Casa del Migrante de Saltillo fallo que prohíbe al INM pedir documentos migratorios en centrales de autobuses

Luego de que un tribunal en la Ciudad de México declarara inconstitucional una política del Instituto Nacional de Migración que solicitaba a las cadenas de autobuses pedir documentación migratoria, la Casa del Migrante de Saltillo celebró la determinación y señaló que ahora la población deberá estar vigilante de que se cumpla.

Fue a finales de esta semana cuando, ante un recurso promovido por el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México tomó la determinación de que cualquier empresa que realice este acto puede cometer una acción inconstitucional, además de que el INM no puede realizar esta exigencia.

Aunque la determinación es un fallo emitido en la Ciudad de México, la Casa del Migrante celebró que el contenido sienta una jurisprudencia que puede ser aplicada en todo el país, incluyendo Coahuila, donde también se han registrado casos de migrantes a quienes no se les permite el traslado en cadenas de autobuses.

“Este fallo no solamente se trata de boletos de autobús, sino del derecho de las personas migrantes a poder moverse dentro del territorio mexicano sin que sean perseguidas”, dijo Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo.

Reiteró que desde hace varios años el INM ha impulsado esfuerzos por convertir las terminales de pasajeros en puntos de control migratorio, como una política de Estado que tiene origen en el reproche de los Estados Unidos.

“El fallo va dirigido al INM, pero en realidad viene de una política de Estado del Gobierno Federal. No es solamente un fallo legal, sino también un golpe político a la política migratoria”, dijo Xicoténcatl.

“Dejaron muy claro que las empresas de autobuses no son agentes migratorios y no pueden pedir documentos para que la gente pueda viajar, y que esto es incluso discriminatorio. Determina que ninguna política migratoria puede estar por encima de la Constitución ni mucho menos de la dignidad humana”, agregó.

En ese sentido, reiteró que la parte más importante será ahora estar vigilantes de que actos similares no vuelvan a cometerse en las centrales camioneras y que la determinación no se convierta en una simulación.

“Hay que tener esperanza con la resolución, pero como sociedad civil tenemos que vigilar que este fallo realmente se cumpla, porque muchas veces el Estado mexicano cumple el papel o mantiene las mismas prácticas con cambio de nombre”, indicó.