Ciudades amigables para personas adultas mayores. Una tarea urgente.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI, en 2020 residían en la Zona Metropolitana de Saltillo un total de 64,871 habitantes de 65 años de edad o más, que representaban el 6.29 % de la población total de la conurbación.

Si bien en ese momento el grueso de la población se encontraba entre los 0 y los 29 años de edad, los cambios en las dinámicas familiares, la decisión de no tener hijos y la movilidad laboral han contribuido a la reducción del bono demográfico, desplazando el grueso de la distribución poblacional por edad.

Este envejecimiento de la población urbana obliga a pensar que, en un momento no muy lejano, tendremos una población mayoritariamente adulta, en la que las capacidades productivas van en declive y la demanda de servicios -particularmente los de salud- va a la alza.

Es por ello que debemos pensar desde ya en cómo hacer de nuestras urbes ciudades amigables con las personas adultas mayores. Este es precisamente uno de los más grandes retos y compromisos del urbanismo contemporáneo.

A nivel mundial, se estima que para el año 2050 una de cada seis personas tendrá más de 65 años. Este panorama nos exige, entre otras muchas acciones, replantear los espacios urbanos para que respondan a las necesidades de este grupo etario, cuya atención constituye una prioridad ética, social y, por supuesto, de derechos humanos.

Evidentemente, las personas adultas mayores gozan de todos los derechos humanos, pero considerando la vulnerabilidad particular que experimentan que pueden enfrentar en esta etapa de la vida, existen instrumentos específicos que reconocen y protegen tales derechos.

Un gran avance en este sentido fue la adopción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 15 de junio de 2015.

Reconoce derechos de las personas adultas mayores como la independencia y autonomía, la participación e integración comunitaria, la seguridad y una vida libre de violencia, el acceso a la salud, a la vivienda digna, a la movilidad personal, a la accesibilidad y a un trato equitativo.

Posteriormente, en 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó la guía para programas nacionales de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, que tiene como premisa la convicción de que envejecer bien no depende únicamente de la salud individual, sino del entorno físico y social en el que las personas viven.

En este sentido, una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores es aquella que adapta su infraestructura y servicios para que las personas de todas las edades puedan hacer pleno uso de ellos, sin limitantes que les excluyan de su disfrute.

Aquí cabría preguntarnos ¿qué hace concretamente que una ciudad o comunidad sea amigable con las personas adultas mayores? Entre los factores que hacen esto posible, se encuentran los espacios al aire libre y la infraestructura, el transporte público adecuado y las alternativas de movilidad urbana, la vivienda digna y asequible.

También está el acceso a actividades culturales, recreativas y educativas, que combatan el aislamiento y la soledad, el acceso a la salud y a tratamientos médicos, ofrecer oportunidades dignas de trabajo a las personas que desean o necesitan seguir económicamente activas.

Asimismo la participación cívica y la incidencia en las decisiones que les afectan. El acceso a tecnologías de la información es también prioritario, siendo conscientes de las dificultades que conlleva la alfabetización digital.

Preparar nuestras ciudades para ello requiere de inversión, esfuerzo y tiempo para concretarlo. Comenzar a trabajar desde hoy en ciudades amigables para las personas adultas mayores es una inversión inmejorable para un futuro posible.

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