Piden padres justicia adecuada y acusan tráfico de influencias en Juzgado Segundo Familiar de Saltillo

Integrantes de las asociaciones “No más Hijos Rehenes”, “Juntos por Nuestros Hijos” y “Padres por la Verdad” realizaron una manifestación en Saltillo para denunciar que entre las autoridades judiciales de Coahuila prevalece un patrón de obstrucción de convivencias, fabricación de delitos y tráfico de influencias en los juzgados familiares del estado.

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La abogada Brenda de la Peña, representante de uno de los colectivos y de diversos casos, pidió a las autoridades atender lo que describe como una “violencia procesal” que afecta a los padres, pero principalmente a los hijos.

De acuerdo con las organizaciones, de un tiempo a la fecha han identificado que la obstrucción de convivencias en estos casos de índole familiar, se originan a raíz de denuncias falsas es una práctica que cada vez se presenta con más frecuencia ante instituciones como el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

En ese sentido, Brenda de la Peña quien dice conocer al menos 60 casos de este tipo entre Saltillo y Monclova, dice que los protocolos judiciales que ordenan medidas de protección automáticas permiten que algunas madres utilicen estas herramientas para impedir que los padres convivan con sus hijos o los utilicen como instrumento para incrementar las pensiones económicas.

Además de esos 60 casos conocidos por la organización “No más Hijos Rehenes” que delega en la entidad Brenda la Peña, los otros colectivos dicen conocer otros 68 y 90 casos en la capital coahuilense y en Torreón; sin embargo, aseguran que muchos afectados prefieren no denunciar por miedo a represalias o a que sus procesos avancen más lento.

Uno de los casos que llevó a los colectivos a cerrar la vialidad de Francisco Coss y Emilio Carranza del Centro de Saltillo, es el caso del niño “Juanito”, documentado así en redes sociales para proteger su identidad. El conflicto se centra en que la madre del menor ha sido diagnosticada con violencia hacia el niño y ha amenazado con llevárselo a Mérida sin permiso del padre, además de interponer denuncias falsas.

La abogada De la Peña acusó que en este caso el Poder Judicial ha permitido el tráfico de influencias, puesto que una tía de la madre, Julia Cadena Coss, quien trabaja en Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno del estado, ha sido documentada usando su gafete y saliendo en horario laboral para pedir favores a dos magistrados y al juez a cargo del caso.

Debido a estas irregularidades, el colectivo exige la remoción urgente del juez Carlos Moreno, titular del Juzgado Segundo Familiar, pues acusan que luego de que se pidió la revisión de todas las irregularidades y emitió una resolución que no les favoreció, les solicitó la cantidad de $33,900 pesos para excusarse del caso, a pesar de que la excusa se había solicitado desde el 22 de noviembre debido a que se documentó que el juzgado tenía interés en ayudar a la otra parte.

La letrada denunció que el juez Moreno ha sido “muy grosero” y que cuando se le informó que expondrían su caso, él respondió que por él podía “litigar el caso en redes sociales” y que no le importaba.

Mientras eso ha ocurrido, el padre de Juanito ha peleado su caso durante varios años, y solo ha logrado una convivencia vigilada de entre el año y medio que tenía cuando sus padres se separaron, hasta el día de hoy que tiene siete.

Otro de los casos que estuvo presente, es el del doctor Johny Robles, quien tiene un año y ocho meses luchando por la convivencia con sus hijos, quienes fueron trasladados a Colima sin su consentimiento, y por irregularidades del juez quien expone que aparentemente tenía conocimiento de que la mujer dejaría la ciudad.

“También tenemos una juez que es feminista de nombre Anayansi, quien ni siquiera se fija realmente en los casos. Ella ve que es hombre contra mujer, e inmediatamente va a defensora a la mujer. Ella empieza a hablar en las audiencias de la deuda histórica que tienen los hombres con las mujeres, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestros casos?", acusó Robles.

Al respecto, los colectivos exhortaron al Gobernador a evitar que funcionarios utilicen su cargo para influir en procesos judiciales y amagaron con que si el juez Moreno no se excusa, presentarán acciones penales.