Profesor saltillense señalado de abuso sexual también evade juicio familiar

Una joven de Saltillo denunció que el proceso penal que enfrenta su expareja ha sido utilizado para justificar su ausencia en un juicio familiar afectando los derechos de asistencia y vivienda segura para sus dos hijos.

Irasema “N” conoció a José “N” de 35 años, cuando ella tenía 16 años y después de una relación de aproximadamente diez años, se separó tras un suceso de violencia que fue denunciado ante el Centro de Empoderamiento y Justicia para la Mujer en el 2019.

Aunque al inicio el caso fue denunciado por la vía penal, la joven -quien hoy en día tiene 35 años- decidió promover un juicio contra José “N” para asegurar los derechos de sus hijos que hoy ya tienen 15 y 13 años.

Mientras que el proceso ha avanzado, Irasema asegura que el comportamiento del juez familiar no ha sido objetivo, además de que se ha utilizado el proceso que José “N” enfrenta a la par por el delito de abuso sexual contra otro menor, para posponer su presencia en las audiencias en los juzgados familiares argumentando que tiene medidas cautelares que se lo impiden, mismas que por otro lado, han sido violentadas según sus pruebas.

“Ellos todo el tiempo se basan, o se escudan en eso de que él tiene una medida cautelar, no se puede presentar, él tiene una medida cautelar, no puede dar pensión. Él tiene una medida cautelar, no se puede cambiar de domicilio, cuando las autoridades han tenido conocimiento de que esas medidas han sido violentadas”, dijo.

Fue en 2023 cuando José “N” quedó detenido dentro de una causa penal relacionada con una presunta agresión contra una alumna menor de edad de la escuela secundaria Eulalio Gutiérrez, donde laboraba. Posteriormente obtuvo una medida cautelar de resguardo domiciliario, con la prohibición de trabajar, además de la obligación de enviar constantemente su ubicación en tiempo real mediante un celular.

Pero fue desde el 2010, que se dio a conocer que José “N”, tenía antecedentes de este tipo de abusos en escuelas. Ese antecedente, se dio a conocer con la noticia de que su alumna Irasema, estaba embarazada.

Sin embargo, Irasema “N” afirma que, pese a esas restricciones, existen registros de que su expareja salió de la vivienda para trabajar en una ferretería familiar y además asistió a reuniones y realizó trámites como la actualización de la credencial para votar, situaciones que incluso la propia defensa de José reconoció.

“Incluso tuvimos una audiencia el 18 de mayo de este año donde su abogado acepta de que él rompió las reglas y que por eso le pueden cambiar las medidas cautelares. Es fecha que no ha pasado nada”, dice.

Irasema, dice que más que recibir dinero, lo que busca es que sus hijos puedan disponer de la vivienda que la autoridad asegura que José “N” no puede dejar, ya que desde el 2019 recibe un pago mínimo de 300 pesos por cada menor de edad, mientras que ella tiene que subsidiar alimentación, rentas y servicios.

“Durante 6 años pues no se ha hecho responsable como tal en cuestión de la pensión alimenticia. He solicitado el domicilio como depósito de los niños porque en sí yo tengo que cubrir gastos de alquiler, todo para ellos mientras el señor está cumpliendo su causa penal en este domicilio”, dice.

Además de los señalamientos relacionados con las audiencias, Irasema “N” cuestionó los tiempos de atención que ha recibido dentro del juzgado familiar a cargo del juez Daniel González Esquivel pues aseguró que algunas promociones que presentaron durante julio tardaron en ser autorizadas, mientras que una promoción ingresada por José “N” el 3 de agosto fue autorizada dos días después.

La mujer también planteó la existencia de posibles conflictos de intereses que, desde su perspectiva, deben ser revisados pues señala que la esposa del juez Daniel González Esquivel fue compañera de trabajo de José “N”.