Saltillo: Activistas cuestionan al Poder Judicial por atención a casos de violencia vicaria

Activistas y ciudadanas se manifestaron este viernes frente al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en apoyo a Stella, doctora que enfrenta un proceso penal por violencia vicaria. Durante la movilización, las participantes centraron sus pronunciamientos en observaciones a la actuación del Poder Judicial y a la atención institucional en cuanto a la recepción de las víctimas de violencia familiar y vicaria en el Estado.

Las manifestantes cuestionaron lo que consideraron una falta de compromiso de las autoridades judiciales con estos casos. En particular, señalaron que, pese a haber sostenido reuniones previas con instancias del Poder Judicial y del Congreso del Estado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Felipe Mery Ayup, no ha acudido personalmente a estos encuentros.

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“Que se digne a estar en esas reuniones, porque en esas cuatro que hemos tenido durante estos años nunca se apareció. Mandó gente, pero ¿por qué no se ha dado el tiempo de atender a las víctimas de violencia vicaria?”, compartieron.

La concentración se realizó de manera pacífica, se colocaron lonas y se emitieron mensajes dirigidos a jueces y autoridades judiciales. Aunque el acompañamiento fue convocado en respaldo al caso de Stella, las intervenciones públicas se enfocaron principalmente en cuestionamientos al funcionamiento institucional, los criterios judiciales.

Isa Ruiz, exrepresentante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de Basta Violencia Vicaria en Coahuila, explicó que la figura de violencia vicaria es relativamente reciente en el Estado, aunque, dijo, tiene sustento en disposiciones previas relacionadas con la violencia familiar. “Es una ley relativamente nueva, por lo cual entendemos que mucha gente no la conozca, pero es una ley que viene respaldando básicamente violencia familiar desde hace mucho tiempo”, señaló.

Desde su perspectiva, las fallas son recurrentes en los procesos judiciales. Indicó que, en el caso de Stella, la suspensión de convivencias con el padre se dio a partir de una orden judicial emitida años atrás, luego de un conflicto por la restitución de los menores, y que posteriormente se firmó un convenio que permitió retomar las convivencias. Señaló que estos antecedentes forman parte del expediente y, a su juicio, deben ser considerados por las autoridades al analizar el proceso actual.

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En ese sentido, la activista sostuvo que los casos de violencia vicaria suelen estar precedidos por años de violencia familiar y que los expedientes deben revisarse de manera integral. “Todos los casos los checo personalmente, se checan probatorias y vamos y checamos el expediente hasta Poder Judicial, donde podemos corroborar que la persona está haciendo las cosas correctamente y de acuerdo al derecho”, dijo.

Se cuestionó también que el Poder Judicial actúe bajo, lo que calificaron, una simulación en la atención a las víctimas. “Yo creo que la simulación es mucha, estamos hartas de ella. No sirve de nada que digamos que ‘los gobernadores de las mujeres’, cuando pues las mujeres, a final de cuentas, estamos a merced de grupos radicales como este”, expresó Ruiz.

Finalmente, aclaró que las críticas no están dirigidas contra la convivencia parental en general, sino contra la convivencia con padres violentos. “La violencia familiar es una causal para interrumpir las convivencias. No es en contra de que convivan con los padres, sino que conviven con padres violentos”, dijo.