Saltillo: Exigen personas con discapacidad intérpretes y trato digno en instituciones públicas

SALTILLO, COAH.- La falta de intérpretes de lengua de señas, así como la necesidad de mejorar el trato hacia personas con discapacidad en juzgados, dependencias gubernamentales y corporaciones policiacas, fueron las principales demandas planteadas durante un conversatorio organizado por el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ).

El encuentro, realizado en el Centro de Justicia Penal con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reunió a colectivos ciudadanos y funcionarios públicos, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y fortalecer el Protocolo de Actuación para Garantizar el Acceso a la Justicia a las Personas con Discapacidad.

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Laura Itzel Sánchez Coss, titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del PJECZ y coordinadora del evento, destacó que las aportaciones recabadas servirán para mejorar procesos y derribar barreras que aún dificultan el acceso a la justicia.

“La justicia solo puede ser plena cuando es verdaderamente accesible para todas las personas sin excepción”, señaló.

Durante el conversatorio participaron representantes de organizaciones como Sinergia por Amor, Centro de Apoyo a Neurodivergencias, Enlace Conecta, Amever, Centro Ecuestre Relámpago y asociaciones de personas de talla baja, quienes subrayaron la urgencia de contar con intérpretes en instituciones públicas y policías capacitados en atención incluyente.

Manuel Gil Navarro, coordinador del Órgano de Administración Judicial; Erasmo Ramos Gil, director de Inclusión de la CDHEC, y Alberto Jacobo Camacho Cepeda, coordinador de jueces del Centro de Justicia Penal, coincidieron en que la retroalimentación ciudadana es clave para que el protocolo se aplique de forma efectiva en tribunales y procedimientos judiciales.

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“Este ejercicio es permanente y nos permite construir un sistema más sensible, inclusivo y cercano”, reiteró Sánchez Coss, quien puntualizó que el protocolo busca que la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas no recaiga más en las personas con discapacidad, sino en las instituciones del Estado.