Saltillo: reportan autoridades estatales incidentes menores en marchas por el 8M

Tras las marchas por el 8M, en donde se reportaron detenciones principalmente enfrente del Congreso del Estado, autoridades estatales consideraron que hubo incidentes menores con capturas de personas ajenas a la marcha.

Mientras el Congreso de Coahuila y el Gobierno Estatal aseguran mantener un diálogo abierto con las colectivas feministas, las detenciones y el operativo de seguridad desplegado en la marcha del 8M generaron cuestionamientos sobre la respuesta oficial ante la protesta y la preparación de las corporaciones de seguridad.

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El pasado sábado, miles de mujeres marcharon en Saltillo en el marco del Día Internacional de la Mujer, exigiendo justicia e igualdad. La movilización avanzó sin mayores incidentes hasta llegar al Congreso del Estado, donde se registraron detenciones de manifestantes.

A dos días del suceso, la diputada presidenta Luz Elena Morales reiteró “el compromiso del Congreso con la agenda de género” y aseguró que la institución mantiene las puertas abiertas al diálogo.

No obstante, sobre las detenciones ocurridas frente al recinto, señaló que fueron resultado de protocolos de seguridad y que su análisis corresponde a las autoridades encargadas. También dijo que, si bien se respeta la iconoclasia como forma de expresión, hay límites en la forma en que se lleva a cabo.

Morales explicó que, al interior del Congreso, trabajadores y elementos de seguridad reaccionaron cuando percibieron un olor a sustancias corrosivas en la puerta del recinto y utilizaron extintores como medida de contención.

También mencionó que algunas manifestantes rompieron cristales y candados, lo que derivó en la decisión de reforzar las puertas del Congreso. Sin embargo, colectivas feministas cuestionan si esta reacción fue proporcional y si se garantizaron los derechos de quienes se manifestaban.

Además, se señaló incongruencia por parte del organismo ya que, tan solo hace unos meses, se montó una exposición fotográfica alusiva a la mujer y la iconoclasia.

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Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas calificó la jornada como un evento con “incidentes menores” y negó el uso de gas lacrimógeno contra las manifestantes, señalando que lo que se percibió fue el uso de extintores para sofocar un conato de incendio en la puerta del Congreso.

No obstante, algunos testimonios de asistentes han indicado que nunca hubo un siniestro de este tipo, pero sí se percibió un fuerte olor a sustancias irritantes, lo que ha generado dudas sobre lo ocurrido.

Además, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, mencionó que algunas de las personas detenidas eran ajenas a la marcha y sugirió que su presencia pudo haber tenido la intención de generar violencia.

Aseguró que, en los videos de la manifestación, se observó a personas identificadas como hombres realizando destrozos y que algunas de ellas incluso intentaron ingresar al Congreso. También destacó que había participantes provenientes de otros estados, aunque no precisó de dónde ni qué cargos enfrentan.

Fernández Montañez defendió la actuación de las autoridades, señalando que su prioridad fue resguardar la integridad de las manifestantes y del personal que se encontraba dentro del Congreso.

Indicó que hubo momentos de tensión cuando los candados y cadenas de la entrada fueron cortados, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, colectivas feministas han señalado que este tipo de operativos no se aplican con la misma intensidad en otros tipos de manifestaciones.

Además, se informó de manera extraoficial que los supuestos hombres detenidos en la manifestación de Congreso son personas que están en proceso de transición de identidad.

Uno de los puntos que más preocupa a activistas y defensoras de derechos humanos es la falta de preparación de las corporaciones de seguridad para manejar este tipo de situaciones con apego a los derechos humanos.

La respuesta de la policía estatal ha sido cuestionada por su falta de protocolos adecuados para garantizar la seguridad de las manifestantes sin criminalizar la protesta.

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La actuación de los elementos de seguridad en el Congreso, la falta de claridad en las detenciones y la manera en que se justificó la intervención han generado dudas sobre si las fuerzas del orden están capacitadas para responder de manera proporcional y sin vulnerar derechos fundamentales.

A pesar de los esfuerzos por obtener una postura del alcalde de Saltillo, Javier Díaz, éste se negó a las solicitudes de entrevista.