Tras emergencia de salud mental, familia acusa falta de traslado hospitalario en Saltillo
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Una mujer relató que su hermano permaneció inconsciente en su domicilio mientras buscaban cómo llevarlo a recibir atención; pidió a las autoridades aclarar el protocolo para estos casos
Una familia de Saltillo denunció públicamente las dificultades que, según su testimonio, enfrentó durante la madrugada de este viernes 21 de agosto para conseguir el traslado hospitalario de un hombre que permanecía inconsciente tras una intoxicación por medicamentos, en el contexto de un intento de suicidio.
A través de una publicación difundida en redes sociales, una mujer relató que su hermano, un adulto con discapacidad motriz y antecedentes de atención en el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), fue encontrado inconsciente, aunque respiraba, luego de ingerir medicamentos.
De acuerdo con su versión, la familia llamó al 911 y una ambulancia acudió al domicilio. La mujer aseguró que los paramédicos valoraron al paciente y les indicaron que presentaba signos de intoxicación y podía requerir atención hospitalaria.
Sin embargo, afirmó que les informaron que el Hospital General no contaba con camas disponibles. Según su relato, entre las alternativas planteadas estaban acudir a un hospital privado, mantener al hombre en casa bajo observación o trasladarlo al CESAME.
La mujer señaló que en este último caso la familia tendría que realizar el traslado por sus propios medios, situación que, aseguró, les resultaba imposible debido a que el paciente permanecía inconsciente, carecían de vehículo y tampoco contaban con equipo para movilizarlo de manera segura.
BUSCAN POR SU CUENTA CÓMO TRASLADARLO
Ante esta situación, dijo, comenzaron a comunicarse con servicios privados de ambulancia. Según su publicación, uno de ellos les señaló que el traslado debía gestionarse mediante el sistema de emergencias, mientras que otros carecían de unidades disponibles.
Otra alternativa, agregó, les habría solicitado alrededor de 3 mil pesos por el servicio. La denunciante también aseguró que acudir a un hospital privado representaba un gasto estimado de entre 30 mil y 40 mil pesos para la familia.
Durante ese periodo, relató, el hombre permaneció inconsciente en su domicilio mientras ella y su hermana vigilaban su respiración y buscaban una manera de llevarlo a una institución médica.
La mujer informó posteriormente que su hermano sobrevivió a la emergencia y cuestionó la respuesta disponible para las familias que enfrentan situaciones similares y carecen de vehículo, seguridad social o recursos para contratar servicios particulares.
“Una emergencia de salud mental también es una emergencia médica”, expresó en su publicación, en la que aclaró que su señalamiento no estaba dirigido contra los paramédicos que acudieron al domicilio, sino hacia lo que considera una falta de mecanismos suficientes para responder a este tipo de situaciones.
PIDEN ACLARAR PROTOCOLO PARA ESTAS EMERGENCIAS
La denunciante solicitó públicamente a las autoridades estatales explicar cuál es el protocolo aplicable cuando una persona presenta una intoxicación por medicamentos y pérdida del conocimiento, quién debe coordinar su traslado cuando la unidad hospitalaria receptora carece de camas y qué alternativas existen cuando la familia no puede movilizar al paciente por cuenta propia.
También pidió informar sobre la disponibilidad de ambulancias de atención prehospitalaria durante la madrugada del 21 de agosto y si existe un protocolo específico para el traslado y atención de personas que sobreviven a un intento de suicidio.
En su publicación etiquetó a la Secretaría de Salud de Coahuila, al Centro Estatal de Salud Mental, al Gobierno del Estado y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a quienes solicitó explicar cuál debe ser la ruta de atención para una persona que requiere asistencia inmediata y carece de seguridad social y recursos para un traslado privado.
Hasta lo expuesto en la publicación compartida en redes sociales, los señalamientos corresponden al testimonio de la familia y requieren la postura de las instituciones involucradas para establecer las circunstancias en las que se brindó la atención y los protocolos aplicados durante la emergencia.
