Señalados por huachicol fiscal en Saltillo permanecerán bajo arresto domiciliario
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La FGR obtuvo la vinculación a proceso de ocho imputados por una red de contrabando de combustibles; dos de ellos enfrentarán la medida cautelar en sus viviendas
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tras presentar la primera información ante un Juez de control federal, se logró la vinculación a proceso de ocho personas señaladas por integrar una red de huachicol fiscal que también realizaba operaciones en Saltillo.
La detención de las personas, se llevó a cabo alrededor de la cumplimentación de una orden de aprehensión del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
En la presentación de los primeros datos de prueba, la FGR, mostró que el “modus operandi” consistía en el ingreso de combustible proveniente del extranjero, pero finalmente se declaraba un ingreso menor para disminuir el impuesto.
A detalle, el hidrocarburo tenía origen de compra en Texas, y era mediante la subdeclaración de volúmenes en aduanas fronterizas que el ingreso se falsificaba de los dos mil millones de litros de hidrocarburos, generando las afectaciones directas a la hacienda pública por más de 166 millones de pesos.
Los delitos que le imputaron y por los que vincularon a proceso a Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, son los de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Por otro lado, a Juan “N” y Luis “N”, los de delincuencia organizada y contrabando, y para José María “N”, Guillermo “N”, quienes fueron cateados en Saltillo, los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos al igual que esto se atribuye a Adriana “N”.
“Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”, dijo la FGR.
“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el País y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, señaló la autoridad.
