SIP condena sentencia contra VANGUARDIA; advierte riesgo para la libertad de prensa en México

La sentencia emitida en contra de VANGUARDIA es un precedente jurídico regresivo para la libertad de prensa en México, consideró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito de Coahuila rechazó el amparo promovido por Grupo Vanguardia contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del 9 de diciembre de 2024, que desestimó una apelación en un litigio por una supuesta deuda mercantil.

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La organización destacó que esta casa editorial ha informado que el proceso se resolvió con “celeridad inusual” y bajo criterios jurídicos insuficientes, validando un adeudo “inferido” sin un título ejecutivo con los requisitos legales.

Entre las irregularidades señaladas destacan la admisión de una copia simple de una escritura pública sin valor ejecutivo, el uso de un estado de cuenta emitido por una empresa cesionaria y no por un banco —lo que impide aplicar presunciones legales de validez—, inconsistencias en las fechas y la falta de pruebas sobre la disposición del crédito.

La defensa también denunció que se invirtió indebidamente la carga de la prueba, obligando al demandado a demostrar lo que correspondía a la parte actora.

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Abogados consultados calificaron como “extraordinario” que una apelación de miles de fojas se resolviera en apenas 72 horas, cuando casos similares tardan entre un mes y 45 días. Aunque el monto de la indemnización aún no se ha determinado, el fallo se considera definitivo.

VANGUARDIA ha detallado que este litigio forma parte de una campaña de hostigamiento legal y persecución personal iniciada en 2016 por un ex gobernador de Coahuila, luego de la cobertura periodística que se ha dado.

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La SIP ya había alertado en abril sobre este caso, calificándolo como represalia judicial.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica de El Salvador, advirtió que “el uso de procesos judiciales como instrumento de presión contra medios independientes constituye una forma de censura indirecta que erosiona la democracia”.

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Añadió que la instrumentalización de un litigio mercantil para castigar investigaciones periodísticas “debe encender las alarmas de la sociedad”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana, señaló: “Respetamos las instituciones judiciales, pero no podemos pasar por alto cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana”.

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La SIP hizo un llamado a las autoridades para garantizar que los procesos judiciales contra medios se tramiten con apego al debido proceso y sin motivaciones políticas. La organización adelantó que seguirá observando de cerca el caso y sus implicaciones para la prensa nacional.

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