Mejía Berdeja pide ampliar indagatorias por presunta red de corrupción en el INE
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El diputado Ricardo Mejía Berdeja pidió revisar administraciones pasadas y no limitar la pesquisa a las boletas electorales; la diputada Nora Escamilla urgió a castigar penalmente a los responsables
TORREÓN, COAH.- Las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) deben abarcar a las administraciones actuales y anteriores, así como extenderse a servicios informáticos, mantenimiento y asesorías, exigió el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja.
Durante una reunión de las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción con Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, el legislador pidió esclarecer las contrataciones y sancionar a quienes resulten responsables.
“No vamos a defender a nadie”, sostuvo Mejía Berdeja, quien advirtió que la revisión no puede limitarse a la compra de boletas y materiales electorales.
SEÑALAN ANTECEDENTES DE HACE DOS DÉCADAS
El también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción señaló que los señalamientos sobre proveedores de materiales electorales tienen antecedentes de al menos dos décadas. Como ejemplo, recordó una denuncia presentada en 2005 ante el Instituto Electoral del Estado de México por un contrato con un presunto sobrecosto de 43 millones de pesos.
El legislador afirmó que un grupo reducido de empresas ha concentrado contratos en distintas administraciones del organismo nacional y de los institutos electorales locales. A esa presunta red de intereses la llamó “Cártel de las Boletas” y planteó investigar sus posibles ramificaciones en otros servicios, incluidos cursos y seminarios.
Además, consideró necesario identificar reformas que fortalezcan las facultades de los órganos de control y permitan una vigilancia más efectiva del dinero destinado a organizar las elecciones.
PIDEN SANCIONES PENALES
En la misma reunión, la diputada Nora Escamilla demandó que las posibles responsabilidades no se reduzcan a sanciones administrativas. Sostuvo que, si se acreditan delitos, las personas involucradas deben enfrentar las consecuencias penales correspondientes por abusar del poder y de la confianza ciudadana.
La legisladora planteó que la fiscalización debe servir para prevenir nuevas irregularidades y evitar que quienes estén involucrados continúen tomando decisiones administrativas. Asimismo, propuso revisar el funcionamiento colegiado del instituto y los criterios para integrar sus órganos, con el propósito de contar con perfiles adecuados.
Mejía Berdeja insistió en que estos encuentros deben traducirse en investigaciones exhaustivas, rendición de cuentas y medidas que permitan recuperar la confianza en las instituciones electorales, y no quedarse en una simple reunión protocolaria.
