Violencia política contra mujeres, una asignatura pendiente
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En el país, hasta el año pasado se registraba una cifra de 285 personas sancionadas por ejercer ese tipo de violencia
Pese a los avances en el mundo para la erradicación de la violencia contra la mujer y el interés de México con la suscripción de tratados internacionales en la materia, la violencia política contra las mujeres en razón de género siguen presentes en el país y Coahuila no es la excepción.
En medio del proceso electoral que atraviesa la entidad coahuilense para renovar la gubernatura y las diputaciones locales, autoridades advierten que las mujeres pueden ser víctimas de este tipo de violencia en su vida política y pública.
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Hasta hace poco menos de una década, las autoridades electorales y procuradoras de justicia en el país, notaron que la violencia política contra la mujer en razón de género, no podría contenerse o clasificarse con el resto de los tipos de violencia que ya habían sido tipificados en los códigos penal y civil del país.
Fue poco después de que en 2014 se empezó a trabajar sobre los lineamientos de paridad de género para obligar a los partidos políticos a que tomaran en cuenta a las mujeres para la participación de los puestos públicos, cuando las propias autoridades, principalmente a nivel federal, se dieron cuenta que había que clasificar este tipo de violencia de forma particular.
Itzel Aguilar Ambrocio, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Coahuila -quienes son los primeros respondientes de estas denuncias- recuerda que previo a aquel año, todavía se normalizaba el hecho de que esta violencia existiera bajo la consideración de que el panorama político era un lugar complicado.
“Hay muchas prácticas que están -todavía- normalizadas y las mujeres tendían a aceptar ‘porque así es el ambiente político’. Sin embargo, después de la reforma del 2014 y cuando se pasó la paridad de género en 2015 que se vio el fenómeno de manera más exacerbada la problemática”, recuerda Itzel Aguilar.
Tras 2015, el INE publicó un primer protocolo sobre la materia en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Ahí se definió el término de violencia política contra las mujeres en razón de género, como toda acción u omisión incluida la tolerancia, basada en elementos de género que se puede expresar en el ámbito público y privado y cuyo fin es limitar, anular o menoscabar el efectivo ejercicio de los derechos político electorales”, explicó Itzel.
Para tipificar este tipo de violencia, los congresos tuvieron que aprobar una serie de reformas, lo que en el 2019 derivó en la reforma “Paridad en todo”, que logró darle a los órganos electorales mayores facultades para atender a las víctimas de esta violencia e incluso a víctimas indirectas.
“Esto se da tanto en el proceso de la lucha por el cargo electoral, pero también cuando ya se está desempeñando el cargo.Tiene impacto en la libertad de organización, en el acceso y ejercicio a las prerrogativas, y ello va desde las precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos”, señaló.
En ese sentido, Itzel Aguilar dice que estas acciones han tenido múltiples ejemplos muy graves, y existen casos de violencia política contra las mujeres en razón de género que han derivado en secuestros, violencia física y que han puesto en peligro la integridad física de las mujeres y sus cercanos.
Pero también, Itzel dice que existen otros casos que incluso a vista de la opinión pública han sido situaciones tachadas como vergonzosas.
“Hubo un caso de Oaxaca y Chiapas de mujeres que ganaron regidurías y ni siquiera les permitieron tomar protesta del cargo. Ahí ya se estaban cometiendo actos de este tipo de violencia. También hemos visto casos de diputadas que incluso no les permiten presentar iniciativas”, dice.
“Los partidos políticos tienen recursos de su financiamiento para fortalecer el liderazgo político de las mujeres y en el protocolo se documentaron casos donde daban desayunos y un partido por ahí incluso regaló mandiles. Las tenían encasilladas en actividades estereotipadas y que no favorecen ese desarrollo de liderazgo político”, expresó.
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En ese sentido, Aguilar dice que incluso existen partidos políticos que ni siquiera ejercen este presupuesto exclusivamente destinado a tareas de liderazgo y participación de las mujeres en la vida política y de toma de decisiones.
En el ABC, los protocolos también dicen que la violencia política contra la mujer en razón de género se puede presentar cuando se menoscabe la toma de decisión de una mujer en la vida pública o cuando su vida personal sea cuestionada.
CASOS EN COAHUILA
En este año, ya se han dado de alta tres resoluciones del 2021 y 2022 del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila ante el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
En este registro se encuentran Francisco Vega, regidor de Matamoros; Hugo Jurado, servidor público de Francisco I. Madero; y Francisco de la Peña, director de un medio de comunicación de Saltillo.
Uno de los ejemplos de estas tres resoluciones es el de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien denunció al director tras sentirse agredida en su vida personal que se hizo en el contexto de su vida política, en una de las columnas del director del diario.
En este caso, se resolvió con una amonestación pública que se podría traducir en una disculpa pública.
Esta denuncia presentada por Flores fue presentada ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que además de esas tres resoluciones, actualmente se encuentra estudiando otro caso pendiente de resolver por la Comisión de Quejas y Denuncias.
Aguilar Ambrocio recordó que dependiendo del caso, las mujeres pueden acudir a cualquier instancia electoral. En el caso de lo federal, puede ser al INE y en el caso de lo local el IEC o el TEEC.
CASOS A NIVEL NACIONAL
Eso es en el panorama local; sin embargo, la vocal de la Junta Local del INE dice que al corte del 20 de noviembre del 2022, ya había 285 personas sancionadas de las cuales 210 fueron hombres y 43 fueron mujeres.
Según la información, Oaxaca es el lugar con más registro de sanciones, con 81 personas; después está Veracruz, con 36; Tabasco, con 25; Chiapas, con 16; Baja California, con 15; y Coahuila se encuentra en el lugar número 20 del ranking.
En ese sentido, Itzel Aguilar recordó la importancia de la denuncia para que estas situaciones realmente puedan erradicarse. Dijo que este tipo de violencia puede observarse desde lo digital, o desde ahí empieza a propagarse en muchas ocasiones.
Al respecto, dijo que se encuentran disponibles los Protocolos de Atención de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, dentro de todos los portales de los órganos y árbitros electorales del país que pueden ser consultados previo a que una mujer sea víctima y también sirve como una orientación para identificar si se está siendo víctima de este tipo de violencia.
