Otorgan primer amparo amplio a empresa contra la reforma minera

Un juez federal de la Ciudad de México concedió ayer la primera suspensión provisional que protege a una empresa contra todos los efectos de la reforma minera, impulsada por el Gobierno y publicada el pasado 8 de mayo.

Lo anterior, en el contexto de una ofensiva jurídica del sector, por la cual jueces federales de la CDMX, Durango, Zacatecas, Sonora y Chihuahua recibieron, entre lunes y martes, al menos 53 demandas de amparo para impugnar dicha reforma.

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Gabriel Regis, juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió a la empresa Cobre del Mayo una suspensión en estos términos: “Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se le aplique ninguna de las disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua”.

Hasta ahora, los jueces se habían limitado a conceder algunas suspensiones, a empresas como First Majestic, pero sólo contra el artículo quinto transitorio de la reforma, que ordena a la Secretaría de Economía desechar todas las solicitudes para nuevas concesiones de exploración y explotación que se encontraban en trámite.

Cobre del Mayo, filial de la firma mexicana-canadiense Invecture, opera la mina Piedras Verdes, en el sureste de Sonora.

La reforma reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones, establece la licitación como único método para otorgarlas, obliga a consultas previas con comunidades indígenas a las que se debe “remunerar” con 5% del proyecto, multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua, y otorga trato preferencial a paraestatales como la recién creada Litio para México.

La mayoría de los jueces que ya admitieron amparos a trámite rechazaron conceder una suspensión como la obtenida por Cobre del Mayo.

“Las medidas contempladas en el decreto controvertido son acciones afirmativas que el Estado emprendió para salvaguardar el derecho de la comunidad a vivir en un ambiente sano, con acceso al agua limpia y suficiente y el derecho a la distribución equitativa de la riqueza”, afirmó la jueza segunda de Distrito en Durango, Ruth Huerta, al negar cuatro suspensiones.

También hay múltiples amparos que quedaron en el limbo, porque jueces de la CDMX los enviaron a distintas entidades donde operan las empresas quejosas.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo Especializado en Competencia Económica, rechazó por su parte asumir tres amparos, entre ellos el de Compañía Minera Autlán, una de las más grandes del país, pero no por territorio, sino por considerar que la reforma debe ser revisada por jueces en materia administrativa genérica.

Los posibles conflictos competenciales entre jueces podrían retrasar durante semanas la admisión de los amparos.

Un argumento de las empresas son las violaciones de procedimiento legislativo en el Senado, pues la reforma minera fue una de las 20 aprobadas en fast track por Morena y sus aliados el 28 de abril, durante el llamado “viernes negro”.

Diputados de oposición ya presentaron una acción ante la Suprema Corte de Justicia para anular esta reforma, y el primer tema que deberá examinar el tribunal será, precisamente, el de vicios de procedimiento.