La apatía es una palabra cómoda. En Saltillo sirve para encerrar la historia en una sentencia: la gente no protesta, la ciudad siempre ha sido así y aquí nunca pasa nada.

Quizá confundimos indiferencia con agotamiento. En el primer trimestre de 2025, 155 mil personas ocupadas en Saltillo carecían de un ingreso laboral suficiente y 133 mil trabajaban sin seguridad social. Al cierre del año, casi 161 mil laboraban más de 48 horas semanales, 23% más que en 2024. El desgaste ya llegó a los consultorios: entre enero de 2021 y abril de 2026, el IMSS registró 247 consultas relacionadas con burnout en Saltillo y 22 en Ramos Arizpe.

Aun así, presumimos el temple del desierto y nuestra utilidad para los corredores industriales. Llamamos progreso a trabajar más, trasladarnos más lejos, dormir menos y agradecer que todavía exista un lugar para nosotros en la línea de producción.

Pero ninguna ciudad nace dócil. Por eso busqué en archivos, investigaciones y documentos las ocasiones en que alguien decidió desobedecer, organizarse, escapar, reclamar lo adeudado o detener el trabajo.

La base construida para este artículo reúne más de 80 registros de fugas, litigios, mutualismos, organizaciones de mujeres, huelgas, paros y otras disputas contra el poder. No son episodios equivalentes ni todos pueden considerarse movimientos obreros en sentido moderno.

Comparten, sin embargo, una pregunta: quién tiene derecho a decidir sobre el trabajo, el salario, el tiempo, el cuerpo y la vida de los demás.

Juntos vuelven insostenible la imagen de un Saltillo históricamente inmóvil. Haremos un breve repaso por varios de estos casos, a los cuales seguramente se escapan otros tantos.

Por cierto, lectores y lectoras, recuerden que cualquier comentario sobre este artículo, cualquier otro de la sección o incluso propuestas de temas, espero leerlos por correo: cgaytan@vanguardia.com.mx.

El valle en disputa

Esta historia comienza antes de las fábricas y ciertamente mucho antes de que esta ciudad tuviera la forma que tiene hoy.

A finales del siglo XVI, los huachichiles resistieron la ocupación del territorio, la evangelización y el orden colonial. La memoria regional conserva los nombres de Zapalinamé y Cilaván y atribuye a los grupos rebeldes el incendio de una misión franciscana y otras construcciones de la villa recién fundada.

Después de los ataques se refugiaban en la serranía, fuera del espacio que los colonizadores intentaban vigilar y volver productivo.

No fue una huelga. Llamarla así impondría una categoría inexistente. Pero excluirla también sería una falsificación: Saltillo no se fundó sobre un territorio vacío, sino mediante la ocupación de tierras, el desplazamiento de comunidades y la imposición de nuevas formas de autoridad, religión y trabajo.

El tratado de paz de 1589 tampoco fue una reconciliación inocente. Llegó después de décadas de resistencia contra haciendas, ranchos y asentamientos coloniales. Para contenerla, las autoridades entregaron durante años carne, maíz, ropa y otros bienes a grupos chichimecas.

El conflicto continuó. En marzo de 1600 se produjo el levantamiento de los irritilas en Parras. En 1616, la rebelión tepehuana iniciada en Durango alcanzó el noreste. En 1644, la llamada Gran Rebelión del Norte volvió a exhibir la fragilidad de un orden que después sería presentado como inevitable.

Entre 1666 y 1669 se registraron ataques contra ranchos, arrieros, mineros y tenateros: piezas de la red que ocupaba la tierra, extraía recursos, transportaba mercancías y acumulaba riqueza. Atacarlas significaba interrumpir el sistema material de la colonización.

No todos esos episodios ocurrieron dentro de los límites actuales de Saltillo. La villa pertenecía a una frontera conectada con Parras, Mazapil, Durango, el Nuevo Reino de León y los caminos hacia el norte. La resistencia era regional porque también lo era el sistema de sometimiento.

En enero de 1684, Andrés y Gonzalo escaparon de la hacienda de Nicolás Guajardo después de recibir jornales adelantados. La autoridad ordenó perseguirlos para que devolvieran el dinero o lo pagaran con trabajo. El adelanto podía convertirse en deuda y la deuda, en una obligación que perseguía al trabajador fuera de la hacienda.

No dejaron un manifiesto. El archivo registra mejor la deuda del propietario que las razones de quienes huyeron.

En 1690, una reyerta en la mina de Santa Ana expuso la violencia de los espacios extractivos. Dos años después, un litigio relacionado con Salvador Agundis mostró una forma todavía más brutal de poder: una persona esclavizada podía ser propiedad disputada ante los tribunales.

En 1714 ocurrió el alzamiento regional de quienes fueron registrados por las autoridades coloniales como los “Tripas Blancas”. No fue una rebelión aislada ni el estallido repentino de un pueblo naturalmente violento, como intentaron presentarlo los documentos del poder, sino parte de un ciclo más amplio de fugas, ataques, abandono de misiones y recuperación de territorios protagonizado por diversos grupos indígenas del noreste de México.

Aunque el núcleo del conflicto se localizó alrededor de Santa Rosa de los Nadadores y San Buenaventura, sus efectos alcanzaron la región de Saltillo, alteraron rutas comerciales y mantuvieron bajo amenaza caminos, ranchos y poblaciones vinculadas con la villa.

Las misiones de Santa Rosa de los Nadadores y San Buenaventura fueron abandonadas o atacadas; se sustrajeron caballos, alimentos y objetos religiosos, y la administración española encontró pronto a un responsable conveniente: don Diego de Valdés, conocido como don Dieguillo, un anciano cuechale que durante años había servido como mediador y gobernador indígena.

El poder colonial lo convirtió en el supuesto jefe de una gran conspiración regional, capaz de dirigir desde la distancia a distintas comunidades y de concentrar en su persona todos los miedos de una frontera que los españoles nunca habían logrado controlar por completo.

Documentos posteriores mostraron que varias de las acusaciones en su contra eran falsas y que algunos de los objetos robados estaban en poder de otros grupos. Pero la verdad llegó después de que la acusación hubiera cumplido su función.

Perseguido don Dieguillo, dispersada su comunidad y abandonada la misión, las tierras pudieron declararse vacías y ser entregadas a nuevos propietarios.

La rebelión no solo fue reprimida, sino narrada de manera conveniente. El archivo colonial fabricó a su enemigo y, al hacerlo, ayudó a transformar un territorio habitado en una propiedad aparentemente disponible.

Así operaba con frecuencia el archivo colonial. Así opera todavía hoy el poder.

En abril de 1735, Juan de Saucedo reclamó el pago de un año y seis meses de labores agrícolas. Le habían prometido 10 pesos mensuales. Trabajó 18 meses y no recibió lo acordado.

La escena puede parecer menor frente a una rebelión o los eventos mencionados antes, pero contiene una violencia reconocible a pesar de los siglos. El salario retenido eran alimentos, vivienda y posibilidades de subsistencia acumuladas en manos de otro.

En 1784, un grupo numeroso de indígenas tlaxcaltecas denunció que varios hacendados les impedían trabajar sus tierras, pese a las Cédulas Reales que protegían sus derechos. No pedían caridad. Defendían su capacidad para trabajar, producir y sostenerse sin quedar subordinados a los hacendados.

Tres décadas después, en 1814, durante la Guerra de Independencia, el gobierno español ordenó a los arrieros de Saltillo utilizar sus mulas para transportar víveres y equipo militar hasta Béjar, Texas. Los animales eran todo. EL todo de esa época. A la vez herramienta, inversión y sustento. Perderlos podía significar perder el oficio.

Los arrieros consiguieron un convenio para que las autoridades indemnizaran las mulas extraviadas o robadas. No detuvieron una fábrica ni colocaron banderas rojinegras. Negociaron colectivamente frente a un gobierno que pretendía disponer de sus herramientas para sostener una guerra.

Los casos no son equivalentes, como dije al arranque. Una rebelión indígena no es lo mismo que la fuga de dos peones, el reclamo de un jornalero o la negociación de un gremio. Pero todos disputan quién puede apropiarse de la tierra, el trabajo, las herramientas, el salario y el cuerpo de los demás.

La industrialización de Saltillo

Después llegaron las fábricas y, con ellas, otra forma de organizar el poder. Por tanto, otra forma de luchar con él.

La hacienda se volvió molino; el molino, fábrica; el campesino, obrero; el oficio, salario. Las aguas que habían regado la tierra en el valle comenzaron a mover máquinas. El control ya no dependía sólo de poseer el suelo, sino de decidir quién entraba, cuánto producía, cuánto cobraba y cuánto tiempo debía entregar.

Durante buena parte del siglo XIX coexistieron el trabajo artesanal, las pequeñas manufacturas y las primeras fábricas mecanizadas. La industrialización avanzó entre dificultades para conseguir capital, tecnología, materias primas, trabajadores especializados y vías capaces de conectar los mercados.

En Coahuila, la industria textil propiamente dicha comenzó en Saltillo. La Aurora Industrial fue fundada en 1840 y La Hibernia apareció en 1842. Para 1844 ambas estaban en funcionamiento. La Aurora produjo entonces mil 583 piezas de manta; La Hibernia, 9 mil 873.

La cifra importa menos como proeza empresarial que como indicio de una nueva concentración del trabajo. En 1858, La Hibernia empleaba a 180 personas y destinaba 19 mil 200 pesos al pago de rayas y sueldos.

Hacia mediados de aquella década surgió El Labrador, al sur de Saltillo. En el corredor regional funcionó también Bella Unión, en Arteaga, antes llamada Dávila Hoyos. Esta última permite observar con mayor claridad la transformación: instalada en una zona agrícola y silvícola, reclutó a parte de su población campesina y la incorporó al trabajo fabril.

No todos abandonaron de inmediato el campo. Algunos alternaron las cosechas, la cría de animales, la extracción de madera y la fábrica. Otros entraron porque la tierra familiar ya no bastaba para sostenerlos.

El obrero industrial fue construido a partir de campesinos, artesanos, mujeres y menores de edad obligados a buscar nuevas formas de subsistencia.

En Bella Unión, la fábrica y la familia llegaron a confundirse. Los testimonios recopilados por Marroni muestran generaciones enteras vinculadas con la empresa. Padres, hijos, hermanos, tíos y abuelos trabajaron en ella. Tener un familiar dentro podía facilitar el ingreso, transmitir el oficio y volver casi hereditaria la relación con la fábrica.

También trabajaban mujeres y menores. En La Aurora, uno de los registros citados por la investigadora contabiliza 28 hombres y 40 mujeres. Los testimonios de Bella Unión recuerdan adolescentes de 14 o 15 años y trabajadoras que habían comenzado todavía más jóvenes.

La fábrica se presentaba como modernidad, pero conservaba jerarquías antiguas. El salario femenino solía considerarse complementario; el trabajo infantil, disponible; la autoridad masculina, natural. La máquina podía ser nueva mientras la desigualdad seguía pareciendo costumbre.

La industrialización tampoco eliminó de inmediato al artesano. Lo fue subordinando. Quien antes controlaba parcialmente sus herramientas, conocimientos y ritmo de producción comenzó a competir con mercancías fabricadas en mayor escala o a vender su tiempo dentro de una organización ajena.

Frente a esa vulnerabilidad apareció el mutualismo.

El 1 de enero de 1865 se fundó la Sociedad Mutualista Zarco de Artesanos. Su primera mesa directiva estuvo encabezada por Esteban García y la integraron Vidal Cano, José María de León, Anastacio Martínez, José María Arenas, Valentín Medina, Cleofas Vega, Gerónimo Ayala y Francisco Ramos.

La sociedad reunía cuotas, celebraba asambleas, administraba una caja común, concedía préstamos, promovía escuelas y bibliotecas y auxiliaba a sus integrantes ante la enfermedad, la muerte, el desempleo y la pobreza.

Puede parecer la prehistoria del sindicalismo. También fue una respuesta directa a una pregunta todavía vigente: ¿qué hacen los trabajadores cuando el Estado no los protege y el patrón no se hace responsable de su vida fuera del taller?

La Sociedad Zarco no se limitó al socorro individual. Décadas después, en 1918, sus representantes acudieron ante el alcalde para defender los terrenos que la agrupación consideraba suyos y que podían ser ocupados por la nueva estación ferroviaria. El mutualismo había construido también un patrimonio colectivo y estaba dispuesto a disputarlo frente a otro proyecto presentado como modernización.

Entre 1871 y 1876, el Gran Círculo de Obreros de México difundió la idea de una “república del trabajo”. Las asociaciones de Saltillo formaban parte de esa cultura que comenzaba a reconocer valor político en quienes producían con sus manos y a comprender que la pobreza no siempre era un fracaso personal, sino una condición compartida.

La disputa ocurría también fuera de los talleres.

En diciembre de 1872, el Ayuntamiento ordenó retirar los puestos ambulantes instalados al ras del suelo en la calle Landín, hoy Allende, entre el Parián y la Plaza Tlaxcala. La autoridad argumentó que los tenderetes ocupaban la acera, obstruían a los peatones, ensuciaban la calle y provocaban conflictos.

Los puesteros no eran obreros fabriles. Eran trabajadores de la economía popular cuyo sustento dependía de ocupar un lugar en la ciudad. La orden municipal revelaba que la modernización no sólo disciplinaba el tiempo dentro de la fábrica: también decidía quién podía trabajar en la calle, dónde podía hacerlo y qué actividades resultaban incompatibles con la imagen de orden, limpieza y circulación deseada por las autoridades.

En marzo de 1889 se fundó en Saltillo el Gran Círculo de Obreros General Victoriano Cepeda. Ese mismo año se organizó la Compañía Industrial Saltillera, relacionada con Bella Unión, La Purísima y La Unión. El crecimiento fabril absorbió más población campesina y ayudó a formar comunidades enteras alrededor de la producción.

La fábrica ya no era una construcción aislada. Organizaba viviendas, trayectos, relaciones familiares, comercio y formas de sociabilidad. También podía presentarse como una gran familia, una metáfora capaz de expresar cercanía, pero también de disimular la desigualdad entre quien obedecía y quien podía despedir.

El 4 de marzo de 1906 se fundó la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña, inicialmente constituida como círculo de protección para empleados de comercio. Impulsó actividades educativas y culturales, una biblioteca y enseñanza nocturna para niños pobres que trabajaban durante la mañana. La documentación posterior de la propia sociedad conserva su lema: “Unión, igualdad y adelanto”.

Dos años después nació la Sociedad Mutualista Obreros del Progreso. Creó fondos de ayuda, sistemas de ahorro y préstamo, compras comunitarias y un salón para asambleas y recreación.

Antes de que Saltillo recibiera un congreso obrero nacional, sus trabajadores ya habían construido cajas comunes, bibliotecas, escuelas, espacios de reunión y organizaciones capaces de defender hasta sus propios terrenos.

La supuesta docilidad no resiste esos expedientes. Y hay que decir que la organización obrera no comienza siempre con una huelga. A veces comienza con una caja común. Una cosa que no resulta cómoda de entender ni de recordar.

El nacimiento de la capital obrera

Entre el 1 y el 12 de mayo de 1918, Saltillo recibió el Congreso Nacional Obrero del que surgiría la Confederación Regional Obrera Mexicana.

Delegados y dirigentes de distintas regiones llegaron para discutir organización sindical, legislación, representación y la relación de los trabajadores con el nuevo Estado posrevolucionario.

El Gobierno de Coahuila no fue un espectador: Gustavo Espinosa Mireles impulsó la convocatoria y ofreció facilidades para reunir a sindicatos, gremios y sociedades obreras del país.

La intervención gubernamental no disminuye la importancia del encuentro.

La CROM abrió una vía nacional para organizar y negociar demandas laborales, pero también estableció una relación estrecha con el poder político. Desde su origen aparecía la contradicción que marcaría buena parte del sindicalismo mexicano: representar a los trabajadores y, al mismo tiempo, conducir su inconformidad por estructuras capaces de volverla negociable, administrable y, en ocasiones, controlable.

Saltillo fue escenario de aquella disputa fundacional sobre quién podía hablar en nombre del trabajo.

Sin embargo, el Congreso ocupa hoy un lugar menor dentro de la memoria local. La ciudad recuerda las fábricas, sus fundadores y sus expansiones con mayor facilidad que el momento en que trabajadores de distintos oficios se reunieron aquí para discutir poder, derechos y representación.

Aprendimos a celebrar lo producido sin recordar a quienes intentaron decidir cómo producirlo.

La organización no terminó con el Congreso. El 12 de junio de 1921, habitantes del Pueblo Obrero de Saltillo fueron convocados a formar la Sociedad Mutualista Obrera Oriente de Coahuila. La nueva agrupación prolongaba una tradición construida durante décadas mediante cuotas, asambleas, fondos de ayuda y espacios comunes.

El sindicalismo nacional convivía todavía con las redes locales de auxilio. La organización podía buscar influencia política en un congreso y, al mismo tiempo, reunir recursos para enfrentar la enfermedad, la muerte o el desempleo de uno de sus integrantes.

También estuvieron las mujeres.

No sólo como esposas que sostenían la casa mientras los hombres discutían salarios y contratos. Hubo trabajadoras con nombre, cargos, cuotas, reglamentos y agenda propia.

Desde 1919 funcionaba en Saltillo una Sociedad Obrera Femenil. En octubre de 1925 se constituyó la Alianza Femenil Antialcohólica de Obreras Coahuilenses bajo el lema “temperancia, ilustración y progreso”. Su organización establecía horarios de reunión, aportaciones económicas y su incorporación a la Federación Coahuilense de los Trabajadores.

La Alianza buscaba combatir el alcoholismo, promover restricciones legales, abrir centros recreativos para jóvenes y gestionar útiles escolares para la infancia pobre. Ramona Cortés fue tesorera. María Cárdenas y María de Jesús Martínez aparecen entre las firmantes.

Nombrarlas importa. No solo por el hecho en sí mismo, por el tema, y porque como dijimos al regreso de esta sección: siempre habrá una deuda de género.

La historia laboral suele reservar la política para los dirigentes masculinos y convertir a las mujeres en acompañantes o en una multitud sin rostro. Aquí aparecen pagando cuotas, ocupando cargos, firmando documentos y dirigiendo demandas al poder público.

Su existencia también muestra cómo las mujeres ingresaron a la política antes de que el Estado las reconociera plenamente como ciudadanas. No podían elegir a los legisladores federales, pero redactaban estatutos, administraban cuotas, ocupaban cargos, se incorporaban a una federación obrera y exigían leyes, espacios recreativos y recursos para la educación. Era una ciudadanía ejercida desde los bordes: sin urna, pero no sin voz.

Algunas de sus integrantes se habían formado en instituciones protestantes. Ramona Cortés fue maestra de piano y subdirectora del Colegio Roberts; María Cárdenas y María de Jesús Martínez también estuvieron vinculadas con esa institución.

La templanza estadounidense llegó a Saltillo mediante esas redes, pero aquí fue traducida al lenguaje del artículo 123, la organización obrera y la gestión ante el Estado. No fue únicamente una doctrina religiosa importada: se convirtió en una herramienta local para intervenir en la familia, el trabajo y la ciudad.

Quería colocar alguna fotografía de ellas, pero hasta entregar este artículo, no logré encontrar ninguna. Lo que sí se retrata es el entorno del Colegio Roberts, institución metodista donde se formaron o trabajaron varias de sus organizadoras. Más que documentar directamente el movimiento, muestran la red educativa femenina que hizo posible su aparición.

Su programa podría parecer moral o religioso antes que obrero. No era solamente eso. El alcoholismo atravesaba la economía doméstica, la violencia, la salud, el ausentismo y la pobreza. Para muchas mujeres, el trabajo no terminaba al salir de la fábrica: continuaba en la crianza, la alimentación, la limpieza y la administración imposible de la escasez.

La Alianza también contenía una contradicción. Buscaba disciplinar conductas y regular espacios de consumo, pero ese lenguaje moral permitió que mujeres trabajadoras conquistaran una voz pública. Defendieron a la familia y, al hacerlo, dejaron de aparecer únicamente dentro de ella.

La memoria conservó mejor la palabra “antialcohólica” que la experiencia política de quienes sostuvieron la organización.

En 1931, la primera Ley Federal del Trabajo cambió nuevamente el terreno del conflicto. La reglamentación del artículo 123 creó procedimientos, autoridades y mecanismos para conducir las disputas entre trabajadores y patrones.

El derecho abrió herramientas que antes no existían. También trasladó parte de la lucha hacia juntas, expedientes, acreditaciones y dirigencias reconocidas por el Estado.

A partir de entonces, resistir no significaría únicamente abandonar una hacienda, fundar una caja común o detener una fábrica. También implicaría cumplir procedimientos, demostrar personalidad jurídica y disputar quién tenía derecho a representar a los trabajadores.

El poder había aprendido a reconocer el conflicto.

También comenzaba a administrarlo.

LA HUELGA DE CINSA-CIFUNSA

La ley había aprendido a reconocer el conflicto. La ciudad, a esconderlo. Es una de las múltiples lecturas de la historia.

Entre 1931 y 1974 no hubo un vacío. Hubo derrotas que dejaron pocos documentos y trabajadores que aprendieron cuánto podía costar desafiar la paz industrial.

En 1959, una huelga en las empresas que después integrarían el Grupo Industrial Saltillo terminó por falta de organización y apoyo. El hambre venció antes que la negociación: la empresa repartió alimentos, los trabajadores regresaron y los dirigentes fueron despedidos o incorporados a las estructuras que habían combatido.

En 1967, un grupo de trabajadoras sociales comenzó a explicar derechos laborales a los obreros. La empresa las expulsó. Dos años después, nueve trabajadores protestaron por descuentos excesivos por ausencias. Lograron que se modificara el procedimiento y después fueron despedidos.

La lección era precisa: una demanda podía ser reconocida sin que se perdonara a quien la había formulado.

La aparente tranquilidad no demostraba ausencia de inconformidad. Era resultado de un sistema capaz de combinar empleo estable, paternalismo, control sindical, ayuda selectiva y castigo. El patrón podía aparecer como benefactor porque también tenía el poder de decidir quién conservaría el salario y quién quedaría fuera de buena parte del mercado laboral de la ciudad.

A principios de la década de 1970, esa disciplina comenzó a resquebrajarse. Estudiantes de la Universidad de Coahuila se reunían con obreros, estudiaban la Ley Federal del Trabajo y repartían publicaciones frente a las fábricas. El movimiento universitario de 1973 amplió esos vínculos, aunque no los creó desde cero.

José Guadalupe Robledo Guerrero, participante de aquel proceso, lo resumió años después: “Éramos de los mismos”. Muchos estudiantes nocturnos trabajaban durante el día, vivían en los mismos barrios que los obreros y compartían una experiencia frente a las jerarquías locales. La universidad y la fábrica no eran mundos separados.

El 3 de abril de 1974, miles de trabajadores de Cinsa y Cifunsa acudieron a una asamblea sindical. La dirigencia encabezada por Margarito Carranza informó que ya había firmado la revisión del contrato colectivo sin consultar a la base. El incremento acordado era de 12.5%.

Los obreros estaban endeudados y consideraban insuficiente el aumento. Denunciaban salarios bajos, trabajo repetitivo y peligroso, escasas posibilidades de ascenso y una categoría de eventuales que permitía mantener a una persona durante años sin plaza ni seguridad sobre su permanencia.

Las memorias posteriores añadieron denuncias de acoso sexual, desigualdad salarial y turnos especialmente duros para las mujeres. No conocemos todavía los nombres ni los testimonios directos de la mayoría de ellas. La fuente contemporánea conserva, sin embargo, a una trabajadora que casi desapareció del relato.

Se llamaba Socorro Castañeda.

Había ingresado a Cinsa en 1969 como decoradora. Sufrió una lesión mientras trabajaba y, en lugar de recibir respaldo sindical, enfrentó vigilancia y medidas disciplinarias. Durante la asamblea del 3 de abril fue una de las voces más persistentes contra la dirigencia. Propuso destituir al comité ejecutivo y, cuando hubo que elegir un sustituto, postuló a Salvador Alcázar.

La reconstrucción de 1975 incluso plantea que Socorro difícilmente habría sido aceptada como secretaria general por ser mujer. No puede comprobarse qué habría ocurrido, pero el resultado sí es visible: el movimiento quedó asociado con el hombre elegido aquella noche y la mujer que impulsó su nombramiento fue reducida a una presencia secundaria.

La memoria volvió a organizar el poder incluso dentro de una rebelión contra el poder.

Alcázar tenía 23 años y llevaba alrededor de seis meses como mecánico-electricista en Cifunsa. Había intervenido para cuestionar el contrato y apoyó la destitución de la dirigencia. Después de la propuesta de Socorro, la asamblea lo eligió secretario general.

Así comenzó la rebelión sindical: no como la aparición solitaria de un héroe, sino como una decisión colectiva dentro de una asamblea donde hablaron trabajadores y trabajadoras que llevaban años acumulando agravios.

La nueva dirigencia exigió un aumento de 35%. El Frente Auténtico del Trabajo aportó asesoría jurídica y organizativa. La empresa presentó al FAT como una fuerza externa que pretendía apoderarse del sindicato; algunos sectores de izquierda describieron, en sentido contrario, a la base como materia disponible para una lucha más radical.

Ambas interpretaciones reducían a los trabajadores a instrumentos de otros.

El FAT influyó, asesoró y construyó organización, pero no inventó el descontento. La asamblea había estallado antes de que sus abogados pudieran controlar el curso de los acontecimientos. La inconformidad pertenecía a quienes trabajaban dentro.

La empresa se negó a reconocer a la nueva dirigencia y recurrió a procedimientos legales para cuestionar su personalidad y la existencia misma del movimiento. El 16 de abril comenzó la huelga.

Duró 49 días.

La reconstrucción contemporánea calcula unos 2 mil 250 trabajadores en Cinsa y 2 mil 750 en Cifunsa. Las memorias posteriores elevan el total a cerca de seis mil. No hace falta inflar la cifra: alrededor de cinco mil personas detuvieron dos de las plantas más importantes de Saltillo.

El Grupo Industrial Saltillo empleaba entonces a cerca de ocho mil trabajadores. Su influencia rebasaba los muros de las fábricas. Comerciantes, transportistas, profesionistas, escuelas, organizaciones religiosas y familias completas dependían directa o indirectamente de su actividad.

Para muchos obreros tampoco había otro empleador equivalente. Enfrentarse al Grupo no significaba arriesgar únicamente el puesto actual, sino la posibilidad de volver a trabajar en una parte considerable de la industria local.

La huelga no desafió sólo a una empresa. Desafió una estructura capaz de presentarse como comunidad mientras conservaba el poder de excluir a quien dejara de obedecer.

El sindicato carecía de un fondo suficiente para sostener a miles de familias. Entonces la huelga salió de las fábricas.

Estudiantes de la Universidad de Coahuila y del Tecnológico recorrieron barrios, casas y comercios. Familias obreras organizaron alimentos. Pequeños comerciantes entregaron mercancía. Hubo colectas, aportaciones de sindicatos locales y ayuda de organizaciones vinculadas con el FAT y con otros movimientos nacionales.

Aquella solidaridad no resolvía únicamente la despensa. Cada colecta impedía que el hambre repitiera la derrota de 1959. Cada alimento entregado prolongaba la capacidad de decidir.

La huelga entró en las cocinas, las deudas y las conversaciones familiares. Alteró la relación con el vecino que apoyaba y con aquel que consideraba ingratos a quienes se rebelaban contra una empresa presentada durante años como generosa.

Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales registraron reuniones, asambleas, dirigentes, asesores y desplazamientos. Los agentes buscaban comprobar que el conflicto había sido provocado desde fuera. Sus propios informes terminaron mostrando algo menos conveniente: el movimiento tenía demandas laborales concretas y una dirección surgida de la base, aunque recibiera asesoría externa.

Parte de la prensa reprodujo la imagen de agitadores comunistas manipulando a obreros contra empresarios cristianos. La compañía difundió sus prestaciones y materiales contra el FAT, los estudiantes y el comité. Algunos grupos de izquierda acusaron a los huelguistas de moderación.

Para unos eran víctimas de una conspiración. Para otros, revolucionarios incompletos.

Los trabajadores respondieron creando una escuela sindical. Cientos estudiaron legislación, economía e historia obrera, discutieron estrategias y produjeron sus propios materiales. No sólo querían mejorar el contrato: necesitaban defender su derecho a explicar por qué habían detenido las fábricas.

El 14 de mayo, una caravana de obreros y estudiantes salió hacia San Luis Potosí para buscar al presidente Luis Echeverría. Policías federales armados la detuvieron en Matehuala. Después de varias llamadas y negociaciones, los mismos agentes que habían bloqueado el camino terminaron escoltándola.

Una comisión encabezada por Alcázar consiguió la intervención presidencial.

La negociación final redujo la demanda salarial de 35 a 20%. El convenio incluyó ese aumento directo, la entrega de bases a eventuales que cumplieran determinada antigüedad y el pago de 70% de los salarios caídos: 50% en efectivo y 20% en mercancías.

La empresa y el Gobierno exigieron que el FAT abandonara el conflicto. Sus adversarios interpretaron la condición como una forma de expulsar al sindicalismo independiente. Otros acusaron a sus asesores de querer prolongar la huelga. La salida provocó divisiones dentro del movimiento y seis integrantes de la comisión se negaron a firmar el acuerdo.

El 3 de junio los trabajadores regresaron.

Habían conseguido un aumento, plazas y parte de los salarios perdidos. También habían roto una idea más profunda: la imagen de una comunidad industrial donde patrones y obreros compartían naturalmente los mismos intereses.

La victoria, sin embargo, no produjo una organización unida ni una democracia sindical permanente. Pocos meses después surgieron críticas contra Alcázar por concentrar decisiones y distanciarse de algunos sectores de la base. El sindicato se dividió y el antiguo dirigente terminó fuera de la empresa.

Testimonios posteriores hablan de miles de trabajadores despedidos, perseguidos o incorporados a listas negras. Las cifras varían y no existe todavía un padrón que permita comprobarlas. Lo verificable es que hubo represalias y que Alcázar enfrentó durante años dificultades para conseguir empleo o establecer un negocio.

Tampoco sabemos qué ocurrió con Socorro Castañeda, con las mujeres que denunciaron abusos ni con cada familia que sostuvo 49 días sin salario completo.

Ese vacío forma parte de la historia.

La huelga fue recordada por algunos dirigentes y olvidada en los cuerpos que la hicieron posible. La memoria escogió al joven que encabezó el sindicato, pero casi perdió a la mujer que propuso nombrarlo. Conservó el porcentaje del aumento, pero no la lista de quienes fueron castigados. Recordó el regreso a las plantas, no siempre lo que ocurrió después dentro de ellas.

Cinsa-Cifunsa no interrumpió una paz natural. Rompió una paz administrada mediante paternalismo, control sindical, dependencia económica, vigilancia, hambre y miedo al despido.

Por eso la huelga importa más allá de sus resultados contractuales. Durante 49 días, miles de personas demostraron que la ciudad industrial no era una gran familia sin conflictos. Era una relación desigual que había aprendido a llamar armonía a la obediencia.

Y por supuesto, a pesar del gran impacto en la ciudad, la huelga que no cabe en la memoria corporativa

En la historia pública del Grupo Industrial Saltillo aparecen el inicio de la producción, las nuevas plantas, la entrada al sector automotriz, las innovaciones y la llegada a la Bolsa.

Los conflictos en la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

El conflicto del 74 se dispersó.

Salió de las grandes fundiciones y reapareció en universidades, centros de investigación, telecomunicaciones y oficinas públicas. Se volvió más sectorial, jurídico y fragmentado. Ya no siempre involucraba a una parte considerable de la ciudad, pero seguía discutiendo salarios, contratos, representación, seguridad social y el derecho de los trabajadores a decidir sobre las instituciones que sostenían.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se convirtió en uno de sus escenarios más persistentes.

El 8 de marzo de 1982, 98 profesores, investigadores y técnicos académicos constituyeron su sindicato en Saltillo. Dos meses después tomaron el primer acuerdo para emplazar a huelga. La organización surgía dentro de una universidad pública, pero formulaba una disputa conocida: quién podía negociar las condiciones laborales y hablar en nombre de quienes producían conocimiento.

Conviene distinguir a sus dos principales sindicatos. El SUTAUAAAN representa al personal académico; el SUTUAAAN, a trabajadores administrativos. Sus demandas y movimientos han coincidido algunas veces, pero no son la misma organización. Confundirlos vuelve indistinta una historia ya suficientemente difícil de reconstruir.

En 1984, la Universidad Autónoma de Coahuila volvió a convertirse en territorio de inconformidad. Después de una elección rectoral denunciada como irregular, estudiantes, profesores y sectores populares formaron el Movimiento Pro Dignificación. Ocuparon espacios universitarios, realizaron marchas, bloquearon carreteras y exigieron anular el proceso.

No fue una huelga laboral en sentido estricto. Fue una disputa por la democracia universitaria y contra la continuidad de un poder acusado de controlar elecciones y autoridades. El movimiento prolongaba la politización iniciada con la autonomía de 1973 y la solidaridad ofrecida a los obreros de Cinsa-Cifunsa. La resistencia no había desaparecido: había cambiado de recinto.

Décadas después, la Narro comenzó a registrar conflictos recurrentes.

En febrero de 2012, alrededor de 900 trabajadores administrativos cerraron los campus de Saltillo y Torreón. Reclamaban el cumplimiento de un bono previsto en el contrato colectivo: la Rectoría ofrecía 2 mil pesos y la asamblea exigía 5 mil. La suspensión afectó a más de 5 mil estudiantes, muchos de ellos foráneos.

El episodio muestra la dimensión material de una huelga universitaria. No sólo se interrumpen clases. Se alteran dormitorios, comedores, investigaciones, transportes y economías familiares. El conflicto entre una administración y sus trabajadores se extiende rápidamente hacia una comunidad que depende de ambos.

En septiembre de 2015 ocurrió algo inédito: los sindicatos académico y administrativo mantuvieron huelgas simultáneas. Sus demandas incluían aumento salarial, revisión contractual y violaciones a los acuerdos colectivos. La coincidencia volvió visible que la universidad acumulaba problemas distintos bajo una misma administración.

En febrero de 2017, el sindicato académico volvió a detener actividades. Exigía medicamentos, pensiones, seguridad social y respeto a diversas cláusulas del contrato colectivo. La autoridad laboral consideró improcedente el movimiento y los profesores promovieron un amparo mientras mantenían las banderas rojinegras.

La huelga duró cerca de un mes. Terminó con compromisos para atender el servicio médico y las pensiones, aunque las negociaciones continuaron después del regreso a clases.

El caso muestra que la legalidad no funciona únicamente como protección. También puede convertirse en otra arena del conflicto. Para resistir ya no basta con reunir una mayoría y detener labores: hay que acreditar dirigencias, cumplir plazos, demostrar personalidad jurídica y defender ante tribunales el derecho mismo a protestar.

Esa dificultad volvió a aparecer en junio de 2019, cuando el emplazamiento del sindicato de trabajadores de la UAdeC fue declarado improcedente porque su dirigencia no acreditó personalidad jurídica. El desacuerdo no llegó a convertirse en huelga legal. Fue detenido antes por el procedimiento.

La ausencia de banderas rojinegras no demuestra ausencia de conflicto. Puede significar que fue negociado, aplazado o cerrado dentro de un expediente.

Ese mismo año, los administrativos de la Narro sostuvieron la huelga más larga de la institución hasta entonces. Comenzó el 15 de febrero y mantuvo las instalaciones cerradas durante 66 días. Terminó después de que la base aceptó un bono de 4 mil 500 pesos y el pago completo de los salarios caídos.

La recurrencia obliga a evitar dos explicaciones fáciles. No toda huelga demuestra automáticamente una administración abusiva ni toda afectación estudiantil vuelve injustas las demandas laborales. Lo que sí revela la repetición es una institución incapaz de resolver de manera estable sus disputas salariales, contractuales, médicas y pensionarias.

El conflicto apareció también donde suele ser menos visible.

En abril de 2021, trabajadores sindicalizados del Centro de Investigación en Química Aplicada colocaron lonas y protestaron por prestaciones retiradas desde 2019. También exigían avanzar hacia el primer contrato colectivo de trabajo que protegiera sus derechos frente a decisiones administrativas unilaterales.

No dejaron de producir conocimiento. Dejaron de fingir que las condiciones dentro de un centro científico eran ajenas a la historia laboral.

En julio de 2022, cientos de telefonistas de Saltillo y la región se sumaron primero a un paro y después a la huelga nacional de Telmex. Exigían cubrir plazas vacantes, respetar las jubilaciones y cumplir el contrato colectivo. Colocaron banderas rojinegras en oficinas y centros de trabajo mientras advertían que las reparaciones, instalaciones y nuevos servicios podían detenerse.

La infraestructura de comunicaciones parece automática hasta que quienes la mantienen dejan de trabajar.

En 2023 y 2024, la protesta llegó al Poder Judicial de la Federación. Los dos movimientos no deben confundirse.

En octubre de 2023, trabajadores de Saltillo participaron en movilizaciones y suspensiones contra la eliminación de fideicomisos que, según denunciaban, respaldaban pensiones y otras prestaciones. En agosto de 2024, alrededor de 400 empleados de base y confianza suspendieron actividades contra la reforma judicial; después se sumaron jueces y magistrados. El segundo conflicto incorporó una discusión institucional sobre independencia, carrera judicial y elección popular, además de sus implicaciones laborales.

No toda suspensión de labores es una huelga obrera clásica. Pero detener tribunales también demuestra que el trabajo administrativo, técnico y jurisdiccional sostiene instituciones que suelen presentarse como si funcionaran por sí solas.

Ese mismo año, la Narro volvió a colocar banderas rojinegras.

El 28 de agosto de 2024, alrededor de 900 trabajadores administrativos cerraron las unidades de Saltillo y Torreón. Denunciaban violaciones al contrato colectivo y exigían contrataciones, nuevas plazas y recategorizaciones. La huelga duró 48 días.

El acuerdo final garantizó el pago completo de los salarios caídos, diez plazas administrativas, promociones y mesas para revisar contrataciones pendientes. Las clases presenciales se reanudaron una semana después, cuando miles de estudiantes foráneos comenzaron a regresar a los campus.

La Narro se volvió así un termómetro laboral. En ella se encuentran educación pública, burocracia federal, investigación, salarios, pensiones, sindicatos y una comunidad estudiantil que recibe de inmediato las consecuencias del desacuerdo.

Después de Cinsa-Cifunsa, Saltillo no volvió a presenciar con frecuencia una movilización industrial capaz de atravesar toda la ciudad. Eso no significa que los trabajadores dejaran de resistir.

La deuda, el futuro incierto y los indignados en Coahuila

En 2011, el conflicto no comenzó dentro de una fábrica ni alrededor de un contrato colectivo. Comenzó con una cifra.

La deuda pública de Coahuila creció hasta convertirse en lo que pronto sería llamado la megadeuda. 36 mil millones de pesos.

Parte de los créditos había sido contratada mediante documentos irregulares y sin que la sociedad conociera con claridad cuánto se debía, quién había firmado, en qué se había gastado el dinero o durante cuántos años sería pagado.

Una deuda pública parece abstracta mientras permanece escrita en contratos, fideicomisos y estados financieros. Deja de serlo cuando se transforma en impuestos, recortes, cobros y presupuesto comprometido.

El dinero ya había sido gastado. La obligación quedaba para los demás. Para los presentes, para sus hijos, nietos y allendes generaciones por venir.

En noviembre de ese año apareció Indignados Coahuila, una agrupación heterogénea de ciudadanos, estudiantes, artistas, profesionistas y activistas convocados principalmente mediante redes sociales.

No era un sindicato ni un partido. Tampoco tenía una estructura única. Lo unía una negativa: aceptar que la población fuera considerada responsable de decisiones tomadas sin ella.

Marcharon por las calles de Saltillo, reunieron firmas, presentaron solicitudes de información y protestaron frente al Congreso. Exigían conocer el monto verdadero de la deuda, los contratos bancarios, el destino del dinero y las responsabilidades de quienes habían participado en su contratación.

También ocuparon la tribuna legislativa.

Entraron con un piano y otros instrumentos. Frente al lenguaje técnico del refinanciamiento, respondieron con música. La escena podía parecer una extravagancia, pero contenía una disputa profunda: el Congreso administraba la deuda como un asunto reservado para especialistas; los manifestantes intentaban devolverla al espacio público.

Querían recordar que detrás de cada cifra había salarios, escuelas, hospitales, carreteras, impuestos y años todavía no vividos.

En otras movilizaciones marcharon en silencio y mostraron pancartas con frases como “No pagaremos su deuda”. Durante la toma de posesión de Rubén Moreira volvieron a las calles. Una de las consignas decía: “Mi indignación es mayor que mi miedo”.

La frase importa por el momento en que fue pronunciada. Coahuila atravesaba años de violencia, concentración política y debilitamiento de los contrapesos. Protestar contra el gobierno no era percibido solamente como expresar una opinión, sino como exponerse frente a una estructura capaz de vigilar, aislar o desacreditar.

El movimiento no consiguió cancelar la deuda. Tampoco logró construir una organización permanente capaz de vigilar durante décadas los pagos, contratos y renegociaciones. Las elecciones de 2012, las diferencias internas y la cercanía de algunos participantes con partidos políticos fueron fragmentando la protesta.

Pero Indignados Coahuila dejó una pregunta que continúa abierta.

¿Quién tiene derecho a comprometer el futuro de los demás?

Posteriormente, este movimiento sirvió comoprecursor para los remclamos del #YoSoy132 que arrancó en la Universidad Iberoamericana, en Ciudad de México, que se transfrormó en un moviento nacional que llegó a Saltillo persiguiendo al entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

Los eventos más recientes en cadenas.

Apartir de acá, acelaremos. En parte por la extensión, pero también porque son eventos muy recientes.

Con los efectos de la globalización, vienen sus problemas que trascienden los conflictos locales.

En 2019, la huelga de General Motors en Estados Unidos provocó paros técnicos en empresas proveedoras de Saltillo y Ramos Arizpe. Los trabajadores locales dejaron de producir sin haber decidido detenerse.

En abril de 2025, General Motors suspendió durante una semana parte de sus operaciones en Ramos Arizpe. El paro afectó a 3 mil 500 trabajadores, quienes recibieron 65% de su salario y conservaron prestaciones. La CTM lo relacionó con la incertidumbre arancelaria; la empresa habló de mantenimiento programado.

En una huelga, el trabajador detiene la producción para presionar. En un paro técnico, la empresa la suspende y el trabajador absorbe parte del costo.

El 30 de julio, trabajadores y estudiantes realizaron en Saltillo el contraforo “Sin lxs obrerxs, nada”, en defensa de la jornada de 40 horas. Exigían recuperar tiempo para dormir, cuidar, estudiar y vivir fuera de la fábrica.

Un día después, Daimler Truck anunció un ajuste que involucraría a 500 trabajadores. Algunos serían reubicados en otras empresas. La coincidencia resumió la fragilidad contemporánea: un día se discutía trabajar menos; al siguiente, cientos temían perder el empleo.

El 1 de octubre comenzó la huelga nacional del Nacional Monte de Piedad. La sucursal de Saltillo cerró por desacuerdos contractuales y vacantes asignadas sin participación sindical. El paro afectó también a cerca de mil usuarios que no podían recuperar sus prendas.

El 15 de octubre, alrededor de 70 trabajadores del CIQA laboraron bajo protesta por incrementos salariales, seguros médicos, finiquitos y prestaciones pendientes. El conflicto dependía en parte de recursos federales: el poder tampoco estaba necesariamente dentro del laboratorio.

El 17 de diciembre, 84 trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo denunciaron que no habían recibido una quincena y bloquearon parcialmente el bulevar Venustiano Carranza.

Transporte Digno: disputar la ciudad y hacer valer los derechos

No todas las resistencias interrumpen calles, detienen fábricas o levantan barricadas. Algunas ocupan durante años una esquina, presentan escritos, reúnen firmas, interponen amparos, solicitan documentos públicos y obligan a la autoridad a responder preguntas que preferiría dejar sin respuesta.

Desde 2022, el colectivo Transporte Digno Saltillo ha construido una forma de movilización ciudadana alrededor del derecho humano a la movilidad, entendido no solamente como la posibilidad de trasladarse, sino como una condición para ejercer otros derechos: estudiar, trabajar, acudir a una consulta médica, habitar el espacio público y regresar con seguridad a casa.