Acusa FGR a otro exfuncionario de Coahuila por desvío de 475 mdp
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Se trata del segundo ex servidor público que es imputado en una investigación por el desvío de recursos públicos y simulación de contratos a nivel de dependencias estatales para financiar campañas electorales
La Fiscalía General de la República imputó al exdirector General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, Nazario Salvador Iga Torre, por el presunto peculado de 475 millones de pesos registrado durante el mandato del exgobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de los diputados federales del PRI.
Se trata del segundo ex servidor público que es imputado en una investigación por el desvío de recursos públicos y simulación de contratos a nivel de dependencias estatales para financiar campañas electorales, una operación muy similar a la denominada “Operación Safiro” que se investigó en el estado de Chihuahua.
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El primer imputado fue el exsecretario de Finanzas de Coahuila entre 2014 y 2017, Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores, actualmente sometido a proceso penal por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, derivado del presunto desvío de 475 millones de pesos.
LA OPERACIÓN SAFIRO EN COAHUILA Y LA LIGA CON EL ASESINADO ISAAC GAMBOA
De acuerdo con el expediente de este caso, al ex secretario de Finanzas de Coahuila y a su subordinado se les imputa la firma indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida.
Dichos recursos provenían del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conocidos también como el ramo 23 del presupuesto federal.
La imputación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR dio a conocer en las primeras audiencias de este caso que existen indicios suficientes para presumir que Ismael Ramos Flores y sus subordinados otorgaron autorizaciones indebidas de carácter económico en beneficio de terceros y además firmaron contratos públicos que no cumplieron con los requisitos que marca la ley para ser entregados a las empresas beneficiarias.
Todos los contratos objeto de la investigación, fueron firmados entre enero y mayo del 2016, por lo que se utilizó el Código Penal Federal vigente hasta junio del 2016 para encuadrar y configurar el delito atribuido a estos ex servidores públicos.
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El modus operandi es muy similar al descrito por la Fiscalía de Chihuahua en la denominada “Operación Saneamiento Financiero” u “Operación Safiro” para poder financiar las campañas electorales del PRI durante los comicios estatales de 2016 y 2017, incluyendo al propio estado de Coahuila.
Un primer paso fue la firma del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto de dos convenios con el Gobierno de Coahuila con el propósito de transferir 475 millones de pesos de la Federación a la entidad federativa.
El primer convenio se firmó en enero del 2016 por un monto de 275 millones de pesos y el segundo en marzo de ese mismo año, por 200 millones de pesos adicionales.
Los convenios fueron suscritos por el entonces titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Isaac Gamboa Lozano, asesinado junto con varios de sus familiares en mayo del 2020, y el ex secretario de finanzas de Coahuila y hoy imputado, Ismael Ramos Flores.
La otra firma en estos contratos es la del segundo imputado, el exdirector General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, Nazario Salvador Iga Torre, contra quien se formuló la imputación la noche de ayer y madrugada de este viernes.
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El segundo paso fue la entrega de estos recursos de manera casi inmediata a 18 empresas para la elaboración de “asesorías” y “análisis” en rubros cómo combate a la corrupción, transparencia, leyes de amparo, integridad de las personas, entre otros rubros.
Todos los contratos fueron otorgados entre enero y mayo del 2016, incluso con horas y días de diferencia.
Sin embargo, dichos contratos no fueron licitados como marca la ley, sino que se otorgaron mediante procesos de adjudicación restringida, con el argumento de que se trataba de asesorías necesarias para la elaboración de proyectos a futuro, por lo que el contenido de estos estudios era de carácter confidencial y reservado.
Con información de Aristegui
