Acusan ‘candados’ para favorecer a tres empresas en seguridad privada; PAN exige auditoría inmediata

CDMX.- El diputado federal Héctor Saúl Téllez, del PAN, pidió la intervención inmediata de la Secretaría Anticorrupción para investigar y auditar en tiempo real la contratación de servicios de seguridad privada por parte de diversas instituciones, bajo un esquema que, acusó, habría sido diseñado para favorecer a tres empresas y excluir a otros competidores.

“Estaríamos ante una grave red de corrupción que tendría que ser castigada, desmantelada y, obviamente, presentar las denuncias penales para que se actúe contra servidores públicos corruptos”, sostuvo el legislador, al referirse a la denuncia presentada ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

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De acuerdo con el señalamiento, dependencias del gobierno federal habrían establecido, junto con la empresa Serprosep y el organismo internacional Quality Solution Register, mecanismos que operan como “candados” para impedir la participación de otras compañías en procedimientos de contratación de seguridad privada.

Entre las entidades mencionadas en la denuncia están el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Procuraduría Federal del Consumidor, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, el Instituto Politécnico Nacional y la Autoridad Educativa Federal, en cuyos procesos se habría aplicado el mismo patrón.

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Según la acusación, el método consiste en exigir sistemas de gestión vinculados a certificaciones específicas —ISO 55001 Sistemas de Gestión de Activos e ISO 17024 Supervisión de Servicios de Seguridad—, bajo el argumento de que Quality Solution Register sería el único facultado para otorgarlas, lo que en la práctica limitaría la competencia a un grupo reducido.

El legislador afirmó que, bajo ese esquema, sólo tres empresas contarían con dichos certificados y serían las que han resultado ganadoras, mientras que otras compañías que buscan cumplir con el requisito no reciben atención del organismo certificador y quedan impedidas para concursar en licitaciones públicas.

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Téllez llamó a la Secretaría Anticorrupción y a las contralorías internas de cada dependencia a verificar las causas de la exclusión y revisar cuántas empresas cuentan con ese tipo de certificación solicitada en las bases, así como los criterios de contratación, los espacios en los que participan y las razones por las que sólo esas firmas cumplen el requisito.

“Como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción me parece grave una acusación de este tipo, porque estoy seguro de que muchas de las empresas en materia de seguridad que pretenden prestar sus servicios al gobierno federal encuentran este dique, esta barrera y este obstáculo de pedir requisitos adicionales, más allá de lo que puede prestar ordenadamente este tipo de servicios”, indicó, al asegurar que dará seguimiento al caso desde esa comisión.