Alerta por ‘Colegio de Periodistas’: Artículo 19 teme ‘listas negras’ y exhibición pública en Tamaulipas
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Una reforma al mecanismo de protección detonó críticas por el diseño de un órgano que recibiría quejas sobre el trabajo periodístico
CDMX.- Artículo 19 expresó su preocupación por la iniciativa que busca reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tamaulipas, al advertir que la creación de un “Colegio de Periodistas” podría convertirse en un mecanismo de control estatal y de hostigamiento contra la prensa.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Cynthia Lizabeti Jaime Castillo, y en su exposición de motivos sostiene que no pretende censurar ni controlar el ejercicio periodístico. Sin embargo, la organización consideró que el planteamiento abre la puerta a un sistema de “quejas” por posibles faltas éticas que podrían hacerse públicas.
Artículo 19 señaló que el diseño del Colegio —o su vínculo con la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección— permitiría configurar procesos que deriven en exhibición pública de periodistas, en un contexto donde el gremio enfrenta campañas de desprestigio constantes, según su evaluación.
La organización identificó como foco de alerta la falta de claridad sobre la independencia del Colegio, pese a que la iniciativa lo define como un organismo autónomo. Añadió que la cercanía con instancias estatales podría comprometer su actuación y abrir espacios de intervención indirecta del gobierno.
Otro punto cuestionado fue la definición restrictiva de quién puede ser periodista, al limitarla a quienes ejerzan “profesionalmente” la actividad. Artículo 19 sostuvo que ese criterio contraviene parámetros reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideran el periodismo como una función social que no depende de títulos o acreditaciones.
La iniciativa también asigna al Colegio la intención de recibir quejas, emitir recomendaciones y realizar pronunciamientos públicos. Para la organización, esas atribuciones podrían derivar en “listas negras” o señalamientos que afecten la reputación de periodistas y medios de comunicación.
Aunque el proyecto establece que las resoluciones no serían sancionatorias, contempla medidas como sugerencias de disculpas públicas, capacitaciones o cambios en prácticas editoriales, lo que, a juicio de Artículo 19, puede convertirse en mecanismos de presión.
La asociación civil advirtió que preocupa que el Estado pretenda fijar criterios de “moralidad” o “ética” en el ejercicio periodístico, al recordar que, como ha señalado la SCJN, no existen parámetros universales para definir esos conceptos y el Estado debe mantener una postura de neutralidad.
Artículo 19 reconoció que existen colegios de periodistas en otros países, pero subrayó que deben operar con plena autonomía y mecanismos internos que garanticen independencia. Añadió que promover estándares éticos es un objetivo legítimo, pero no debe traducirse en órganos que evalúen o exhiban públicamente el trabajo individual, por el riesgo que implicaría para la libertad de expresión.