Buscan llevar a la Constitución ‘3 de 3’ contra la violencia de género
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Buscan evitar que haya servidores públicos y candidatos con antecedentes de violencia contra las mujeres
Ciudad de México.- Diputadas de diversos partidos acordaron presentar propuesta de reforma constitucional para evitar que haya servidores públicos y candidatos con antecedentes de violencia contra las mujeres.
Sin agenda de consenso para presentar reformas importantes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un grupo de diputadas se reunió anoche para tratar de sacar adelante una propuesta y presentarla en la sesión de este miércoles.
Por la madrugada acordaron la iniciativa para elevar a la Constitución, la llamada 3 de 3 contra la violencia, formato que fue firmado por candidatos durante las elecciones de 2021.
En el artículo 38 de la Constitución se propone ampliar las causales de la suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos para el caso del registro de candidaturas o nombramientos o comisiones en el servicio público.
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“Para ser registrada como candidata o candidato para cualquier cargo de elección popular, ser votada o votado para todos los cargos de elección popular, o ser nombrada o nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los siguientes casos:
“A) Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual; b) Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género; y C) Por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa”, señala la propuesta firmada por diputadas de Morena, PRI, PT, PRD y MC.
Con ello, ya no sería necesario el formato del INE, donde los aspirantes a una candidatura firmaban de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no habían sido condenadas, o sancionadas mediante resolución firme por las siguientes conductas: violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como persona deudora alimentaria morosa.
Tal mecanismo fue resultado de una petición firmada por legisladoras federales, locales, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos, ciudadanas, con el propósito de otorgar mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.
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Sin embargo, la medida 3 de 3 contra la violencia presentó problemas en su implementación, pues está diseñada para tenerse por cumplida, únicamente, a través de su presentación y la firma del candidato, refiere la iniciativa.
“Lo que significa que la medida 3 de 3 contra la violencia no genera ningún efecto jurídico, ni genera ninguna obligación por parte de quien aspira a ser candidato, a mostrar la evidencia de no estar incumpliendo ninguno de los supuestos mencionados”, se menciona en la propuesta.
Agrega que, por lo tanto, elevar a rango constitucional la medida ‘3 de 3 contra la violencia’ y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público, otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores.
“Representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres”, cita la propuesta impulsada por las diputadas Aleida Alavez Ruiz, Karla Yuiritzi Almazán Burgos, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, María Clemente García, Salma Luévano y Luna Julieta Vences, de Morena.
También está firmada por Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz y Mariana Erandi Nassar Piñeyro, PRI; Lilia Aguilar Gil, Karina Rojo Pimentel y María Rosete Sánchez, del PT; Amalia García, Movimiento Ciudadano; y Elizabeth Pérez Valdez y Gabriela Sodi, del PRD.
