Calificación de los centros penitenciarios de Nuevo León disminuyó en 2022
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De acuerdo con el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2022, la calificación global de los cuatros centros penitenciarios del estado disminuyó de 7.03 a 6.58 en relación con el año anterior.
El estudio es realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado (CEDHNL) y se basa en los resultados de mil 202 encuestas aplicadas a personas privadas de la libertad en los penales del estado.
El Diagnóstico aborda cinco aspectos fundamentales para dignificar la vida en reclusión, como la integridad personal, la estancia digna, la reinserción social, las condiciones de gobernabilidad y la atención brindada a los grupos de atención prioritaria.
Durante el 2022, la población total en los centros penitenciarios era de 9 mil 696 personas privadas de la libertad, entre ellos, 9 mil 217 hombres y 479 mujeres, lo cual representó un aumento del 11.07% en relación con el año anterior, cuando se reportaron 8 mil 729 internos.
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El estudio arrojó que de la población recluida en los Ceresos, el 53.97% no tiene una actividad laboral, el 91.14% está sin actividad educativa y el 49.85% sin actividad deportiva.
En el caso del Cereso Femenil obtuvo una calificación de 7.00 en comparación con el 7.29 del 2021, el costo de manutención diaria por persona disminuyó de 412 a 171 pesos, y con una población de 83.16 % de su capacidad instalada.
Por lo que corresponde al Cereso número 1 Norte (Apodaca 1) la calificación bajó de 6.26 a 5.75, el costo de manutención diaria por persona aumentó de 299 a 316 pesos con una sobrepoblación de 8.93%.
El Cereso número 2 Norte (Apodaca 2) la calificación bajó de 7.12 a 6.59, mientras que el costo de manutención bajó de 2.99 a 280 pesos y con una sobrepoblación del 25.19 %.
Por su parte, el Cereso número 3 Oriente (Penal de Cadereyta) registró una calificación menor, al pasar de 7.48 a 7.00, con un costo por manutención diario por persona de 299 a 171 pesos con una población del 92.27% de su capacidad instalada.
Con base a las condiciones, el diagnóstico presenta 26 recomendaciones dirigidas a la autoridad penitenciaria, relacionadas con las funciones normativas, operativas y materiales.
Entre las recomendaciones están: un nuevo reglamento interno homologado para los Centros de Reinserción Social, dispuesto por los tratados internacionales y ordenamientos nacionales aplicables al sistema penitenciario, y abordarlo con perspectiva de género.
Además, elaborar y aplicar un protocolo de actuación para la detección de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la prevención de incidentes violentos y que se establezcan los criterios para la distribución de alimentos, accesos a consultas médicas y áreas de vinculación, entre otras.
El diagnóstico también reveló que la CEDHNL registró en el 2022, 329 expedientes de queja contra el sistema penitenciario que están relacionados con la falta de atención médica, ausencia de medicamentos y restricción de la visita familiar, entre otros.
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Además, se estableció que los centros penitenciarios estatales tuvieron 290 incidentes violentos en 2022, entre riñas, lesiones dolosas, lesiones autoinfligidas, casos de maltrato, suicidio, abuso sexual y una huelga.
