Congreso de Nuevo León aprueba juicio político contra el gobernador Samuel García

En una decisión exprés en Nuevo León, la Comisión Anticorrupción del Congreso local declaró por unanimidad procedente el juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. Esta resolución, tomada en un análisis exprés de menos de 24 horas, marca el inicio formal de un proceso que podría tener profundas repercusiones para la administración estatal.

El juicio político contra Samuel García, quien es acusado de violar la Constitución y diversas leyes, fue aprobado de manera unánime por la Comisión Anticorrupción. Con esta decisión, el gobernador deberá presentar su defensa, ya sea por escrito o de manera presencial, antes del jueves 22 de agosto a las 16:00 horas. Además, se le ha solicitado nombrar un abogado que lo represente durante el proceso.

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La resolución de la Comisión establece claramente que “se inicia el juicio político contra el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León”. Asimismo, instruye a la Oficialía Mayor del Congreso a que, a través de la Dirección Jurídica, notifique al gobernador para que informe lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere necesarias para su defensa.

Posibles Sanciones y Procedimiento del Juicio

Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, explicó que, aunque se ha dado inicio al juicio político, aún no se puede determinar cuál será la sanción que podría enfrentar García. “Él puede venir en lo personal, puede mandar el informe en base a su estrategia jurídica, y en base a eso la Comisión tendrá que analizar la respuesta del gobernador para avanzar en la solicitud de juicio político”, señaló De la Fuente. Añadió que el proceso apenas comienza y que se evaluará la respuesta del gobernador antes de tomar decisiones finales.

Por su parte, Jessica Martínez, diputada local del PRI, comentó que es probable que el contenido completo del juicio no se alcance a revisar en la actual Legislatura. Indicó que muchos de los temas ya cuentan con una posición desde la Suprema Corte y el Tribunal local, lo que podría influir en la resolución final.

Defensa de Movimiento Ciudadano y Respuesta de Samuel García

En contraste, José Alfredo Pérez Bernal, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), calificó el proceso como un “golpe de estado disfrazado de legalidad”. Pérez Bernal acusó a los partidos PRI y PAN de intentar derrocar al gobernador a través de un juicio político que considera injusto y acelerado. “Esto es un intento de quedarse con el poder mediante un golpe de estado disfrazado de legalidad. Analizaron un expediente de 800 hojas en apenas 10 minutos, un análisis hecho sobre las rodillas”, afirmó Pérez Bernal.

Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre el inicio del juicio político, aunque se espera que presente su defensa en los próximos días, tal como lo establece el procedimiento.

Causas del Juicio Político: Acusaciones Clave

La denuncia presentada por los partidos PRI y PAN incluye siete hechos presuntamente probados que, según la Comisión Anticorrupción, justifican el inicio del juicio político. Entre las acusaciones más destacadas se encuentra el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE). Según los denunciantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció al gobernador por no publicar el decreto de creación de dicho órgano, lo que vulneró el principio de división de poderes en un grado grave.

Además, se acusa a García de no haber publicado al menos 23 decretos y más de 100 acuerdos legislativos, sumándose a otros 56 decretos denunciados previamente en otro juicio político en curso. La intención del gobernador, según los denunciantes, sería paralizar el procedimiento legislativo, lo que ha sido considerado como una maniobra dolosa por la Suprema Corte.

Otra de las acusaciones se refiere al uso indebido de recursos públicos y propaganda electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró que García realizó promoción personalizada y vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad, además de utilizar recursos públicos durante su precampaña presidencial fallida. También se le acusa de utilizar símbolos religiosos en propaganda electoral, lo que contraviene el principio de laicidad del Estado.

El juicio político contra Samuel García podría tener importantes repercusiones no solo para su administración, sino también para el panorama político de Nuevo León. Si el proceso avanza, el Congreso del Estado podría remitir la decisión final al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que actuaría como jurado de procedencia y tendría la última palabra sobre la posible destitución o inhabilitación del gobernador.