Corte avala labor del Ejército en las calles
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CDMX.- Las Fuerzas Armadas seguirán en las calles, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2020, para disponer de manera extraordinaria del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Por mayoría de ocho votos a favor, el pleno de la Corte desechó la controversia constitucional que presentó la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), contra esa norma, al considerar que López Obrador ejerció una facultad emanada del artículo quinto transitorio de la reforma de la Guardia Nacional de 2019, por lo que no violó la división de poderes.
El artículo quinto transitorio establece que el Presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por un periodo de cinco años, que vence en 2024, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades operativas.
Con excepción de Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar Morales, los ministros determinaron que el acuerdo presidencial está fundado y motivado, puesto que cumple con el artículo y respeta los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diversos casos contra México.
La ministra ponente Margarita Ríos Farjat pidió a sus homólogos no politizar el tema, ya que el nivel de criminalidad y delincuencia en México es agobiante y el acuerdo “no es el centro de la política militar del país ni es la fuente del llamado militarismo, ni tampoco es una elección personal”.
Consideró que el Ejecutivo federal sólo materializó lo que ordena la Constitución en el quinto transitorio que, mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de una manera clara del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, afirmó que el caso analizado no consistió en determinar si deben o no utilizarse las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ni sobre cómo debe enfrentarse al crimen organizado, sino que lo único que les tocó resolver es si López Obrador ejerció correctamente la facultad de disposición de los militares.
Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el acuerdo presidencial no viola el principio de reserva de ley ni supone una injerencia arbitraria en las atribuciones del Congreso de la Unión.
