Crece corrupción en México, pese a promesa de AMLO de erradicarla

CDMX.- A pesar de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con la corrupción, cuatro años después de iniciado su sexenio el País ha retrocedido en los indicadores internacionales y se ubica entre las naciones peor evaluadas en la materia.

El estancamiento en unos indicadores y el retroceso en otros, de acuerdo con los propios reportes, se debe, principalmente, a la impunidad prevaleciente, tanto para casos de corrupción cometidos en otras sexenios como los registrados en los últimos cuatro años.

“La promesa política de erradicar la corrupción no se ha cumplido”, advirtió en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

“Los grandes casos de corrupción siguen sin recibir sentencia”, señaló, “y el dinero desviado por las tramas de corrupción tampoco está de vuelta en las arcas de la Nación”.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México se ha estancado y se ubica al lado de países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.

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En el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project ha retrocedido durante cuatro años consecutivos.

También por cuatro años seguidos ha reducido su calificación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, que evalúa la eficacia de los países latinoamericanos para evitar la corrupción.

En tanto, en el índice de riesgo de corrupción de negocios TRACE Matrix, que hace la asociación empresarial internacional TRACE y que mide la probabilidad de recibir demandas de soborno al hacer negocios, México también ha tenido retrocesos.

El País, además, salió mal parado en la Evaluación Anticorrupción de América Latina (EAL) 2021-2022, del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, la cual advirtió de la existencia de un sesgo político en la lucha contra la corrupción.

El estancamiento en unos indicadores y el retroceso en otros, de acuerdo con los propios reportes, se debe, principalmente, a la impunidad prevaleciente, tanto para casos de corrupción cometidos en otras administraciones como los registrados en los últimos cuatro años.

Señalan casos de corrupción emblemáticos --Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, ex-Presidentes, entre otros--, que no han sido aún sancionados en materia penal, y, entre los recientes, el desvío de 9 mil 500 millones de pesos de Segalmex y el del director de la CFE, Manuel Bartlett, acusado de haber ocultado la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que estaban a nombre de su pareja sentimental e hijos y que fue absuelto por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

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En otra investigación, esa secretaría, que depende del titular del Poder Ejecutivo, determinó que el Presidente López Obrador no incurrió en conflicto de intereses al nombrar como asesor honorario del Tren Maya al dueño de Vidanta, Daniel Chávez, cuyos hijos dieron empleo en Estados Unidos a un hijo del Mandatario.

A la falta de eficacia en la persecución, se suma la vulnerabilidad en la prevención, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer en junio pasado que en 2021 el Gobierno federal adjudicó 9 mil 761.8 millones de pesos a empresas de nueva creación, es decir, que no tenían experiencia en la prestación de bienes y servicios para los cuales fueron contratados.

Además, reportó, el 41 por ciento del monto gastado en compras públicas se hizo a través de adjudicaciones directas y no de licitaciones públicas, proceso que limita la competencia y no da certeza de que las adquisiciones se hicieron en las mejores condiciones para el Estado.

Bajos puntajes

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, Transparencia Internacional otorgó a México una calificación de 31 puntos sobre 100 y lo ubicó en el lugar 124 de 180 países.

Ese puntaje fue el mismo que el registrado en 2020 (31), el cual se ubicó por encima de 2019, que tuvo 29 y 2018, con 28, pero está aún por debajo de los 35 puntos obtenidos en 2014, el cual ha sido el mejor obtenido por el País.

El IPC registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las naciones evaluadas.

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“México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque, sino por País”, indicó Transparencia Mexicana al dar a conocer el ranking.

El retroceso del País también ha quedado registrado en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, que mide el respeto a la ley, y en el cual México ha retrocedido por cuatro años consecutivos: en 2019 obtuvo una calificación de 0.45, en 2020 sumó 0.44, en 2021 0.43 y este año 0.42.

El índice otorga una calificación que va de 0 a 1, en donde 0 significa ausencia total de Estado de Derecho y 1 máxima adhesión al ordenamiento institucional.

La evaluación toma en cuenta ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Cada uno de ellos es calificado de manera individual.

En el que el País obtiene los peores puntajes es en ausencia de corrupción, en el cual ha venido cayendo en los últimos años: en 2017-2018 obtuvo 0.31; en 2019, bajó a 0.29; en 2020, retrocedió a 0.27; en 2021 bajó a 0.26 y este año se estancó en esa misma calificación (0.26).

Esto colocó al País en 2022 el fondo del ranking, al lado de Bolivia (0.25), Haití (0.25), Gabón (0.24), Camerún (0.24), Camboya, (0.23) y Congo (0.16), que es el último de la tabla.

De acuerdo con el reporte, dado a conocer en octubre pasado, el Índice establece que la mayor percepción de corrupción está en el Poder Legislativo, ya que se considera que sus integrantes usan los cargos para obtener beneficios privados.

Esta opinión se extiende a oficiales de policía y militares, así como integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo.

En el caso del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, en la edición 2022 México obtuvo una calificación de 4.05 y se ubicó en el lugar 12 entre 15 países latinoamericanos, sólo por encima de Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63), y lejos de los punteros Uruguay (7.42), Costa Rica (7.11) y Chile 6.88.

“México se encuentra por debajo de la media regional en la variable que evalúa la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, los cuales, según algunos observadores, han sido utilizados para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos.

“El número de contratos estatales adjudicados directamente va en aumento, y las fuerzas armadas --que no están sujetas al mismo escrutinio y normas de transparencia que los organismos civiles-- participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”, advirtió el reporte, dado a conocer en junio pasado.

En el Índice de Riesgo de Corrupción de Negocios TRACE Matrix, cuya última edición fue publicada el mes pasado, México obtuvo un puntaje de 58 y se colocó en el lugar 116 entre 194 países evaluados.

Este indicador establece una puntuación de cero a 100 y en él una menor puntuación significa menor riesgo de recibir solicitudes de soborno al hacer negocios.

En la Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022, enfocada a diagnosticar los instrumentos de combate a la corrupción, México obtuvo una calificación de 5.64 sobre 10 posibles y se ubicó a la mitad de la tabla entre 17 países de la región.

El País destacó en el marco normativo, sin embargo, en implementación de las leyes y eficacia de las autoridades se redujo su puntaje.

“A pesar de la fortaleza del marco jurídico, destaca en la información provista por la comunidad jurídica consultada que los principales desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico incluyen insuficiente voluntad política para su ejecución (a pesar de ser una de las banderas del Presidente actual), recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción, insuficiente independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia y capacitación inadecuada de los funcionarios y funcionarias públicas. Las consecuencias de algunos de estos desafíos son que la comunidad jurídica consultada detecta una justicia selectiva e impunidad”, señaló.

Con información de Reforma