Dejan vacíos en su patrimonio 3 de cada 10 aspirantes a gubernaturas de la 4T

Tres de cada 10 funcionarios que buscan una candidatura de la 4T para las elecciones de 2027 carecen de un patrimonio verificable.

A finales de junio, Morena realizó el registro presencial de aspirantes para encabezar las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura que en los hechos representa la candidatura de la coalición oficialista para las elecciones de gubernaturas en 17 estados el próximo año.

EL UNIVERSAL analizó la trayectoria y las declaraciones patrimoniales de 111 aspirantes con antecedentes en el servicio público cuya identidad pudo verificarse.

De ellos, 38 no tienen un registro patrimonial verificable, ya sea porque no se encuentran disponibles sus declaraciones patrimoniales, porque en ellas reportaron no tener bienes a su nombre o porque optaron por no hacer pública esa información.

En total, Morena informó que 277 personas se inscribieron al proceso, tanto de manera presencial como en línea.

Sin embargo, el partido no difundió la lista completa de aspirantes, por lo que únicamente fue posible identificar y revisar la información relativa a 120 participantes, la mayoría funcionarios en activo o exfuncionarios.

Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones del partido revisa las inscripciones y aplica filtros para descartar perfiles ligados a nepotismo, antecedentes de corrupción, violencia política en contra de mujeres, deudores alimentarios, entre otros.

Una vez hecha la revisión, solamente quedarán un máximo de seis aspirantes por estado que aparecerán en las encuestas cuyo resultado definirá a las coordinadoras y coordinadores de Defensa de la Transformación.

Patrimonio, bajo la lupa

De entre 112 aspirantes con trayectoria en el servicio público, 73 tienen disponible su declaración patrimonial para consulta pública, 24 no registraron ningún bien inmueble o mueble en su declaración, en 10 casos no se localizó ninguna declaración patrimonial disponible y cuatro no aceptaron hacer pública su información patrimonial.

En algunos de los casos existen antecedentes de presuntas irregularidades vinculadas al patrimonio de quienes hoy buscan una gubernatura.

Tal es el caso de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Jiménez, de quien este diario no halló declaraciones patrimoniales accesibles de manera pública.

En septiembre de 2024 el diario Reforma reveló que Caballero posee una casa ubicada en Playas de Tijuana con un valor de 16 millones de pesos.

En julio de 2025, la exalcaldesa compareció ante la Sindicatura Municipal por supuestas omisiones en su declaración patrimonial vinculadas a información de su esposo.

En entrevista con medios locales, rechazó haber acudido a comparecer a causa de omisiones relacionadas a su vivienda.

Tres meses después, en octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que Montserrat Caballero estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro caso de señalamientos hacia un aspirante a una candidatura de la 4T es el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco que durante su gestión no ha aceptado hacer pública la información de sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Aunque sí la presentó cuando fue diputada federal hasta 2021.

La gestión de López fue señalada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero debido al manejo irregular de 898 millones de pesos.

El órgano auditor señaló entonces la falta de comprobantes del uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), aunque posteriormente la Suprema Corte anuló la revisión oficial.

Otro caso es el de José María Tapia Franco, quien fue candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Querétaro en 2024, senador del PRI entre 2015 y 2018 y extitular del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

En su última declaración patrimonial de conclusión disponible, correspondiente al año 2016, señaló no estar de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales ni posibles conflictos de interés.

Tapia Franco ha sido sujeto de investigaciones periodísticas y oficiales vinculadas a su patrimonio y su gestión en el Fonden.

En 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que el exfuncionario adquirió un departamento de más de 6.5 millones de dólares en una zona exclusiva de Miami.

EL UNIVERSAL consultó a la excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Julieta del Río Venegas, quien afirmó que todos los servidores públicos, desde regidores hasta gobernadores, están obligados a hacer públicas las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. “La Ley General de Transparencia aplica para todos”, sostuvo.

Perfiles con señalamientos

De entre los 120 perfiles analizados, EL UNIVERSAL identificó al menos 17 aspirantes a las candidaturas que han enfrentado investigaciones, denuncias o señalamientos de corrupción, irregularidades, enriquecimiento ilícito y campañas adelantadas.

Tal es el caso de Gerardo Octavio Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, Sinaloa, de 2024 a 2025, quien dejó el cargo en medio de acusaciones de irregularidades luego de que el municipio otorgara un contrato para rentar 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos sin licitación.

Las senadoras y aspirantes a una candidatura Verónica Díaz Robles y Andrea Chávez Treviño también han protagonizado controversias.

En 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que una empresa gasolinera en la que es socia Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, recibió contratos por más de 3.2 millones de pesos de la delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular era Díaz Robles.

Por su parte, Andrea Chávez Treviño ha sido señalada de realizar actos anticipados de campaña en Chihuahua a través de brigadas de la salud en donde hubo uso de unidades médicas con la imagen de la legisladora, además del uso y reparto de artículos promocionales para, según los señalamientos de legisladores de la oposición, promover su imagen a la candidatura fuera de los tiempos legales.

Ante ello, el pasado 24 de enero el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua confirmó medidas cautelares en contra de la senadora Andrea Chávez interpuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) por, oficialmente, actos anticipados de campaña.

Otro caso similar es el del diputado local de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien fue denunciado en 2020 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por presunta corrupción y utilización del programa social Sembrando Vida para promoverse como candidato a gobernador.

EL UNIVERSAL continuará revisando los perfiles de aspirantes a candidaturas de la 4T y de partidos políticos de oposición para incluirlos en un interactivo web disponible en el portal de El Gran Diario de México.

Datos

* 11 aspirantes a candidaturas con trayectoria en cargos públicos no cuentan con declaraciones patrimoniales públicas o accesibles.

* 4 participantes del proceso de la 4T señalaron no estar de acuerdo en hacer pública la información relativa a sus bienes.

* 17 contendientes cuentan con algún antecedente de irregularidades de corrupción, enriquecimiento ilícito, campañas adelantadas, entre otros.