Del 99%, impunidad en delitos de desaparición en México advierte ONG
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Impunidad Cero advierte que la impunidad estructural revictimiza, por ello demanda mayor transparencia en el registro de casos y terminar con las discrepancias de cifras entre diversas autoridades
CDMX.- México enfrenta un nivel de impunidad del 99 por ciento en delitos de desaparición de personas, reveló la organización no gubernamental Impunidad Cero sobre la crisis de justicia y derechos humanos al advertir en su informe “Impunidad en delitos de desaparición en México” un incremento en el número de casos.
De acuerdo con la organización, que presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México, entre 2006 y 2022 la impunidad acumulada por desaparición forzada fue del 98 por ciento, mientras que en el caso de la desaparición cometida por particulares es del 100 por ciento. Entre ambas promedian un 99 por ciento.
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La organización, encargada de analizar y visibilizar el problema de la impunidad en el país, detectó también que a cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas no ha sido implementada completamente, lo que ha generado brechas en la persecución y sanción de estos delitos.
Las entidades que registran un 100 por ciento de impunidad cometida por particulares y forzada son Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, pues no reportaron ninguna sentencia condenatoria por estos delitos.
CRECEN CASOS Y SU IMPUNIDAD
El informe de Impunidad Cero resalta que existe un aumento en los casos de desaparición que va acompañado de la impunidad.
De acuerdo con información que obtuvieron de solicitudes de información a los poderes judiciales estatales y federales, así como con entrevistas con representantes de la sociedad civil, entre 2019 y 2022, se registraron 35 mil 669 desapariciones. De esa cifra, 9 mil 068 corresponden al 2022.
Sin embargo, los poderes judiciales locales reportaron que en ese periodo sólo emitieron 141 sentencias condenatorias por casos de desaparición forzada y cometida por particulares, lo que evidencia −advierten− una falta de proporción entre los casos registrados y los esclarecidos.
“No hay proporción entre el número de casos de desaparición que se registran y el número de casos que se esclarecen”, apuntó el documento del informe.
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A ello se suman la falta de transparencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las discrepancias entre los informes estatales y el tablero público, así como la sistematización de fosas clandestinas.
En ese contexto, la organización demanda una mayor claridad porque esos factores en su conjunto dificultan la comprensión de la magnitud de la crisis.
“La impunidad estructural en sí misma revictimiza e impide la creación de políticas públicas que le pongan un alto a la impunidad”, refirió Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, durante la presentación del informe.
