Denuncian ataques a la independencia judicial por detención de jueza veracruzana

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Abogados protestan por la prisión preventiva dictada a en el caso de Angélica Sánchez
XALAPA, VER.- Organizaciones de abogados lamentaron la detención e imposición de prisión preventiva por un año en contra de la jueza veracruzana Angélica Sánchez, quien fue detenida en la Ciudad de México.
La juzgadora es acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Las autoridades ministeriales la señalan por presuntamente haber pretendido liberar de manera indebida al empresario Itiel “N”.
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Un documento firmado por 22 organizaciones de abogados y 14 personas, entre ellas el ministro en retiro José Ramón Cossío, consideraron como arbitraria la detención de la jueza.
Los litigantes e impartidores de justicia consideraron que la acción es un ataque a la independencia judicial, por lo que exigieron un justicia independiente y libre.
“Si bien este hecho es particularmente indignante, no hace más que sumarse a una cadena de actos, mensajes y gestos que pueden calificarse como ataques a la independencia judicial que hemos atestiguado en los últimos meses”, mencionan.
Los firmantes recuerdan entre estos ataques las manifestaciones en apoyo al residente de la República en las que se quemaron muñecos con el rostro de la ministra presidenta Norma Piña y las marchas para denunciar la corrupción en el Poder Judicial y en la Suprema Corte con ataúdes con la imagen de los ministros.
En este sentido los abogados también señalaron que durante las conferencias matutinas que encabeza el presidente López Obrador en Palacio Nacional prevalecen las descalificaciones en contra del Poder Judicial.
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En el documento exigen “que se respeten los derechos humanos de la jueza, sobre todo su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso. Que cese la violencia institucional en contra de la jueza Sánchez y se asegure la integridad de ella y su familia”.
Asimismo solicitan que el trabajo de todos los miembros de la Judicatura sea respetado “en el esquema de pesos y contrapesos que prevé el sistema democrático. Que el Poder Ejecutivo federal y los estatales respeten el principio de independencia judicial”.