Detienen a 16 campesinos por la muerte de otro en Perú

LIMA.- La justicia peruana ordenó el viernes nueve meses de cárcel preventiva para 16 campesinos indígenas investigados por el asesinato de otro en medio de las disputas por el dinero que cobran en su aldea a los miles de turistas que suben cada año a la icónica Montaña de Colores, en los Andes.

Tras una maratónica audiencia virtual que empezó el jueves por la mañana y culminó casi a la medianoche del viernes, el juez Roger Jiménez indicó que los campesinos, detenidos en un cuartel policial desde donde escuchaban la vista, tenían que ser llevados a una abarrotada prisión de la región de Quencoro.

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El Ministerio Público explicó que, en la tarde del sábado, unos 70 campesinos de la comunidad indígena de Chillihuani interceptaron a golpes a Flavio Illatinco y a otros tres familiares que vivían en un sector alejado, Llacto, ubicado al pie de la Montaña de Colores, y se oponían al cobro de boletos a los turistas. Según la fiscalía, Illatinco estaba a favor de que sea el Estado quien cobre por el acceso al lugar.

Illatinco — quien había sido presidente de la comunidad de Chillihuani entre 2015 y 2018 — fue golpeado mientras rogaba por su vida, agregó la fiscalía. Los investigadores hallaron su motocicleta quemada y su cadáver el domingo. La necropsia determinó que la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano.

Los 16 campesinos negaron los cargos y pidieron a la fiscalía que identifique a los asesinos.

Chillihuani — una aldea pobre de vecinos quechuablantes que se dedicaban a la agricultura o emigraban a la Amazonía para trabajar en la minería ilegal de oro— encontró en la montaña un imán irresistible para los visitantes, que suben hasta su cima, a más de 5 mil metros, para tomarse fotos tras haber visitado la ciudadela inca de Machu Picchu, una joya del turismo ubicada en la misma región.

No se sabe cuántos turistas suben a la montaña al año, pero el gobierno regional de Cusco calculó en 2019 que rondaban los 1.500 por día. La defensa de Cecilio Quispe Noa, el actual presidente de la comunidad y uno de los condenados, afirmó durante la audiencia que los ingresos superaban el medio millón de dólares anuales.

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Los acusados, la mayoría de los cuales no terminaron la primaria, escucharon la decisión sentados en el piso de un cuartel policial, mientras otros estaban sentados en sillas y algunos dormían. Debido a lo tarde que era, la traductora judicial de español a quechua no estaba presente para informarlos de la decisión, por lo que el juez pidió a un policía y a uno de los condenados que transmitiesen su decisión.

“Rechazamos la prisión, nos están abusando por parte de la fiscalía y de usted”, dijo al término de la sesión Jesús Melo Quispe, uno de los acusados, que se definió como evangélico, padre de cinco menores y cuya esposa trabaja alquilando su caballo a los turistas.