En Colombia, la campaña contra el ‘narcoterrorismo’ evoca recuerdos inquietantes

COLOMBIA- En la zona rural de Guaviare, en Colombia, los ganaderos pobres se ganan la vida a duras penas en el anonimato, rodeados de rebeldes armados que trafican con cocaína.

Pero cuando Luis Carlos Mojica fue abatido a tiros allí el mes pasado, su muerte se convirtió en noticia nacional.

Testigos y su viuda afirmaron que Mojica, de 31 años, era un civil vestido con ropa de calle al que un soldado le disparó. Las autoridades afirmaron que era un rebelde armado.

Su asesinato, y al menos otros dos casos recientes similares, han desencadenado un acalorado debate en Colombia.

Los partidarios del nuevo presidente de derecha del país, Abelardo de la Espriella, dicen que su ofensiva de mano dura contra los grupos armados, que ha incluido posar con bolsas para cadáveres y prometer dar caza a los “bandidos”, es necesaria después de años de fallidas negociaciones de paz.

Sus detractores señalan las muertes recientes como prueba de que De la Espriella, impulsado por el presidente Donald Trump, está llevando a cabo una campaña de represión contra los grupos armados que está afectando a civiles inocentes, a quienes se tacha falsamente de delincuentes.

En Colombia, estas acusaciones evocan recuerdos inquietantes.

Hace dos décadas, mientras el ejército colombiano luchaba contra poderosas guerrillas de izquierda, los soldados mataron a unos 7 mil civiles, a los que disfrazaban y a los que colocaban armas junto a los cadáveres para inflar el recuento de bajas enemigas, según determinó posteriormente un tribunal. Las revelaciones se conocieron como el escándalo de Los falsos positivos.

Los recientes asesinatos de tres hombres, Mojica, así como un joven de 18 años y otro de 19, han suscitado comparaciones con aquellas ejecuciones extrajudiciales. Después del asesinato del joven de 18 años, Ricardo Martínez, el mes pasado, un diputado de izquierda mostró una foto suya en el Congreso y dijo: “El primer falso positivo”.

La defensoría del Pueblo de Colombia ha solicitado que la Fiscalía General investigue las tres muertes, y está revisando cada uno de los casos.

La oficina del presidente De la Espriella no respondió a preguntas detalladas. El Ministerio de Defensa de Colombia, en un comunicado, afirmó que “rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos”.

Tres funcionarios de seguridad colombianos hablaron con The New York Times y confirmaron que las fuerzas de seguridad habían matado a los hombres. Ofrecieron detalles inéditos sobre los episodios, que incluyen lo que, según ellos, eran pruebas de que se encontraron armas en los cuerpos de las víctimas o cerca de ellos. Aunque sus relatos respaldaban la versión oficial, pidieron que no se publicaran sus nombres, alegando las nuevas normas impuestas por el presidente sobre quién puede hablar públicamente en nombre del gobierno.

Las circunstancias de cada caso siguen sin estar claras, ya que tanto los funcionarios del gobierno como sus críticos ofrecen versiones contradictorias y detalles que, en algunos casos, resultaban imposibles de confirmar.

ATRAPADO EN MEDIO

Después de la muerte de Mojica el 22 de septiembre, el ejército emitió un comunicado en el que afirmaba que Mojica había sido miembro del bloque Jorge Suárez Briceño, un grupo escindido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en su día fue el ejército guerrillero de izquierda más poderoso de Colombia.

El Times viajó a la región de Guaviare para reunirse con una pareja, Yuli Motta y Luis Carlos Guerrero, pequeños ganaderos que afirmaron haber presenciado el tiroteo mortal.

La noche anterior, un grupo de personas que no conocían se había presentado y les había pedido pasar la noche en la pequeña casa de tablones de madera que comparten con sus dos hijos, contaron la pareja, añadiendo que habían accedido.

Al día siguiente, mientras Motta, de 28 años, iba en busca de una vaca descarriada en el bosque cercano, unos soldados la agarraron, según contó. La esposaron y la interrogaron sobre el grupo.

Varias horas más tarde, Mojica llegó a la casa de la pareja en una camioneta. Guerrero dijo que había visto a Mojica antes, pero que no sabía por qué el hombre estaba allí ese día. Estaban hablando afuera cuando dispararon a Mojica, explicó Guerrero, y añadió que el hombre no llevaba ningún arma.

“Se cayó de repente”, dijo Guerrero, de 28 años.

Mientras continuaban los disparos, Guerrero corrió al interior y metió a su hija pequeña debajo de una cama, según contó.

“Dejaron la casa como un colador”, dijo Motta refiriéndose a los soldados que dispararon contra la vivienda.

La pareja afirmó que los militares habían posado junto al cadáver de Mojica y habían tomado fotos. Posteriormente, el cadáver fue trasladado en helicóptero.

Uno de los funcionarios que habló con el Times dijo que las tropas habían caminado varios kilómetros mientras perseguían a otro miembro de alto rango del grupo rebelde al que, según las autoridades, pertenecía Mojica. Cuando los soldados vieron a esa persona fuera de la casa de la pareja, no le dispararon, explicó el funcionario, porque había un niño presente.

El funcionario dijo que los soldados habían disparado posteriormente a Mojica porque pertenecía al círculo más cercano del líder al que buscaban. El funcionario señaló que Mojica iba armado y mostró al Times una foto de un fusil de asalto que, según se informa, fue recuperado a menos de un metro de su cadáver.

El funcionario también mostró fotos de fusiles de asalto y mochilas halladas en la vivienda de la pareja, que, según él, habían sido abandonadas por algunos miembros del grupo que se habían quedado en la casa y huyeron cuando se produjo el tiroteo.

La pareja no precisó si los miembros del grupo seguían en su vivienda cuando los militares dispararon contra Mojica, ni si habían dejado atrás las mochilas. Dijeron que no sabían si el grupo iba armado o si entre sus miembros había combatientes de las FARC.

La junta comunitaria de la aldea cercana de Guaduales Nueva Esperanza dijo que Mojica era un “campesino” de la zona.

El Times obtuvo un informe de la autoridad forense nacional de Colombia en el que se citaba a la hermana de Mojica, Maira Mildred Mojica, quien dijo que, tras meses sin saber nada de su hermano, los integrantes de la familia “se enteraron que lo había agarrado la guerrilla”. La viuda de Mojica, Camila Qutinico, de 19 años, negó que él fuera un rebelde armado y afirmó que ambos criaban cerdos y otros animales de granja. No fue posible contactar a su familia para obtener sus comentarios.

LA ACUSACIÓN DE UNA MADRE

Esa misma semana, a cientos de kilómetros de distancia, Martínez, de 18 años, murió en una operación policial y militar dirigida contra un líder de un grupo criminal de la costa caribeña, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El presidente publicó fotos de bolsas para cadáveres que, según él, contenían los restos del líder del grupo y de otras seis personas, entre ellas Martínez. Su madre, Marelvis Rodríguez, denunció el asesinato.

“Mataste a mi hijo injustamente”, afirmó en un video publicado en internet el 23 de septiembre. “Era un niño, de tan solo 18”.

Rodríguez explicó a los periodistas que su hijo no formaba parte del grupo contra el que se dirigía la operación; según ella, había sido contratado para vacunar al ganado en la finca donde tuvo lugar la redada.

Otro de los funcionarios que habló con el Times afirmó que Martínez iba armado con un rifle en el momento de la redada y describió una fotografía del cadáver de Martínez en la que se le veía con un chaleco con correas de rifle y fundas para cargadores. Se podía ver un agujero de bala en la parte delantera del chaleco, según el funcionario.

Norma Vera Salazar, experta en los grupos armados activos en la costa caribeña, dijo que se sabe que los grupos locales reclutan a adolescentes a cambio de dinero en efectivo.

Rodríguez, madre de la víctima, se negó a ser entrevistada.

UNA MUERTE EN EL RÍO

A principios de octubre, Alí Bantú Ashanti, activista de izquierda y abogado, denunció el asesinato de Keiner Banguera, de 19 años, en la región suroccidental de Nariño, cerca de la costa del Pacífico de Colombia, y publicó en internet el anuncio del funeral del joven.

Bantú declaró al Times que había hablado con testigos que vieron cómo unos soldados disparaban a Banguera mientras conducía una embarcación por el río Tapaje y, a continuación, le agredían de manera física. No fue posible contactar con los testigos para recabar sus comentarios.

Tras la publicación del mensaje de Bantú, el presidente De la Espriella publicó fotos de una pequeña embarcación, fajos de billetes de pesos por un valor de unos 200 mil dólares, cargadores de pistola y una bala que, según él, se habían recuperado después de que los militares “dieron de baja a un narcoterrorista” que había disparado contra los soldados. No mencionó el nombre de Banguera.

Otro de los funcionarios que habló con el Times afirmó que los soldados habían hecho señales a Banguera para que se detuviera y que este había abierto fuego contra ellos.

Bantú dijo que el ejército se había excedido en sus competencias legales al atacar a Banguera tras dispararle y herirle. El funcionario rebatió esa afirmación, alegando que los soldados habían disparado mortalmente a Banguera en el estómago. La familia de la víctima se negó a hacer comentarios.

‘VOLVER A ESA HISTORIA’

Los analistas señalaron que las investigaciones revelarían más detalles sobre cada episodio, pero advirtieron que la campaña de mano dura de De la Espriella podría poner en peligro los cambios introducidos en las fuerzas armadas tras el escándalo de los falsos positivos.

La nueva ofensiva “revive los riesgos de que con eso se mida la eficacia de las políticas de seguridad”, dijo Rodrigo Uprimny, un destacado jurista colombiano, al referirse al número de personas asesinadas.

Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia, señaló que una campaña militar intensificada no debería sustituir al debido proceso y que la retórica de De la Espriella contra los grupos era deshumanizante.

Marín también se refirió a la atrocidad de los falsos positivos.

“No creo que el gobierno quiera volver a esa historia”, dijo. “El objetivo no es ganar a toda costa”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Simón Posada, Annie Correal y Federico Rios, The New York Times.