Estados de EU demandan a Trump por decreto contra ciudadanía por nacimiento

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/ 21 enero 2025

Alega que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución, debido a la Enmienda 14

Los fiscales generales de 22 estados interpusieron este martes una demanda en contra del presidente Donald Trump en oposición a su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva.

El texto alega que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en EU de padres indocumentados o con un estatus legal “temporal”—como una visa de trabajo o turista— no podrán obtener la ciudadanía estadounidense.

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En el recurso legal, los estados - incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco- aseguran que el presidente “no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional” y señalan que, de ser implementada esté medida, causaría un daño “inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones.

En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

“El presidente no puede, de un plumazo, anular la 14ª Enmienda y punto”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin.

La Casa Blanca dijo que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.

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“Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la abrumadora voluntad del pueblo, o pueden subirse a bordo y trabajar con el presidente Trump”, dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en el país, dijo que la demanda era personal para él.

“La Enmienda 14 dice lo que significa, y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto. Y punto”, dijo.

“No hay debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias estadounidenses como la mía”.

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ELIMINACIÓN DE LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2016-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Carta Magna.

No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EU de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1.3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.

Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo “no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna”, por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.

(Con información de EFE)

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