Esto es lo que sabemos de la Ley Ácida aprobada en Puebla

El pasado jueves el Congreso Local de Puebla aprobó la llamada “Ley Ácida” o conocida en otros estados como “Ley Malena” en la cual se tipifica como tentativa de feminicidio a los ataques ocasionados con alguna sustancia corrosiva y establece penas de hasta 40 años de prisión.

Esta aprobación se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo; así como siendo legislada en presencia de víctimas de ataques con ácido como la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos y Esmeralda Millán, una joven de Puebla atacada por su expareja en 2018; así como activistas feministas, entre ellas Carmen Sánchez, de quien una organización lleva su nombre, y defensoras de los derechos de las mujeres.

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Aprobada con 37 votos a favor, reforma diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y del Código Penal del Estado (Puebla), determinando que quien resulte responsable de violencia ácida con sustancias corrosiva, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra será juzgado como tentativa de feminicidio por lo que la sentencia podría ser de los 20 a los 40 años de prisión. Además de pagar multas que van desde los 333 a los 666 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cerca de 34 mil 545 pesos a 69 mil 091 pesos mexicanos.

Siendo adherida a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el concepto de “violencia ácida”, el cual es reconocida como el acto que inflige daño no accidental con ácido o una sustancia tóxica.

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Provocando que Puebla se convierta en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido y no solo reconocerlos como lesiones; aunque la saxofonista declaró que a la normativa, impulsada por las bancadas del PRI, PAN y Morena, le falta una reparación del daño integral para las víctimas, por lo que se encuentra incompleta.

Sin embargo, el dictamen es un gran paso para contrarrestar la violencia ácida, ya que debido a la alta tolerancia del Estado mexicano el 90% de estos se encuentran impunes.