Expertos de la ONU denuncian que los líderes de Nicaragua dirigen una ‘dictadura en toda regla’ y han cometido crímenes de lesa humanidad
El grupo de expertos de Naciones Unidas señala que la persecución política, la expulsión de opositores y la pérdida de nacionalidad forman parte de una estrategia para perpetuar el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo
El gobierno de Nicaragua ha reducido prácticamente a cero los espacios para la disidencia política y la organización independiente, de acuerdo con un informe de expertos de Naciones Unidas que advierte sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La investigación internacional, iniciada en abril de 2018, identifica un patrón de acciones contra personas consideradas contrarias al gobierno, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y privación de la nacionalidad.
Para los investigadores, estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una estructura de represión destinada a asegurar la permanencia de la actual pareja gobernante en el poder.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, describió el sistema político nicaragüense como una dictadura cuyo propósito es establecer un gobierno dinástico permanente.
Sus declaraciones apuntan a un escenario en el que las instituciones democráticas han perdido capacidad para garantizar la competencia política y la alternancia en el poder.
La crisis se remonta a las protestas multitudinarias de 2018, cuya represión dejó cientos de muertos.
Desde entonces, la administración sandinista ha profundizado las medidas contra sus críticos y ha impulsado la salida del país de miles de personas, entre ellas periodistas, dirigentes religiosos, activistas y opositores.
Uno de los episodios más cuestionados ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2021. Ortega fue declarado vencedor después de que los principales candidatos con posibilidades de derrotarlo fueran encarcelados.
El proceso fue rechazado por diversos actores de la comunidad internacional, mientras Estados Unidos mantiene su desconocimiento de la presidencia nicaragüense.
A la eliminación de la competencia electoral se suma el debilitamiento de las instituciones. Reed Brody, integrante del equipo investigador, afirmó que el partido gobernante controla los principales organismos de seguridad y justicia.
También señaló que la Constitución adoptada en 2025 reforzó la concentración de facultades en los copresidentes, reduciendo la independencia de los poderes legislativo y judicial.
La persecución ha alcanzado asimismo a organizaciones de la sociedad civil.
Desde 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 entidades, muchas de ellas vinculadas con actividades religiosas, mientras las organizaciones críticas y los medios independientes enfrentan un entorno cada vez más restrictivo.
Otro de los señalamientos más graves se refiere a la retirada de la nacionalidad. Según Brody, al menos 452 nicaragüenses identificados como opositores políticos fueron declarados traidores y privados de su ciudadanía desde febrero de 2023.
Entre los afectados figuran antiguos integrantes del movimiento sandinista, un exvicepresidente y todos los candidatos presidenciales de 2021.
La medida ha dejado a numerosas personas sin nacionalidad y, con ello, en una situación de especial vulnerabilidad jurídica. Los expertos también alertaron sobre una presunta red de vigilancia transnacional que buscaría intimidar y hostigar a los nicaragüenses que viven en el extranjero.
MANAGUA RECHAZA LAS ACUSACIONES
El gobierno nicaragüense negó los señalamientos y arremetió contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo del que se retiró. Las autoridades lo calificaron de parcial e intervencionista y acusaron a potencias extranjeras de utilizar los derechos humanos como mecanismo de presión contra el país.
Pese al rechazo oficial, el grupo investigador considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Por ello, instó a los Estados a evaluar la presentación de una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la convención internacional sobre la apatridia.
La iniciativa busca trasladar parte de la controversia al ámbito judicial internacional. Sin embargo, Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, instrumento que establece la Corte Penal Internacional, una institución distinta de la Corte Internacional de Justicia.
Las conclusiones de los expertos dibujan un país marcado por la concentración del poder, la reducción de las libertades políticas y el desplazamiento de miles de ciudadanos.
Mientras el gobierno insiste en atribuir las denuncias a intereses extranjeros, Naciones Unidas advierte sobre la gravedad de las prácticas documentadas y sus consecuencias para los derechos fundamentales de la población.
