FGR abordará solicitud de atracción del caso del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado
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La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión recibió la solicitud para que el homicidio de la periodista sea investigado por autoridades federales
La Fiscalía General de la República (FGR) dio el primer paso para analizar la petición de que el asesinato de la periodista María Guadalupe Lourdes Maldonado López sea atraído por autoridades federales, al proponer una reunión con el abogado y promovente de la solicitud, Jaime Cleofás Martínez Veloz.
La respuesta fue emitida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) mediante el oficio FGR/FEMDH/FEADLE/DAP/268/2026, fechado el 27 de agosto de 2026 en la Ciudad de México.
En el documento, la Fiscalía confirma haber recibido el escrito presentado el pasado 19 de agosto y plantea establecer un encuentro con Martínez Veloz para conocer con mayor precisión los argumentos mediante los cuales solicita que el caso deje de ser atendido exclusivamente en el ámbito estatal y sea asumido por la Federación.
La autoridad federal no establece en el oficio que la investigación vaya a ser atraída ni adelanta una determinación sobre la procedencia de la solicitud. El primer paso planteado consiste en precisar los argumentos y alcances de la petición.
“Esta Fiscalía Especial, atendiendo a lo solicitado, pone a su consideración llevar a cabo una reunión con el objetivo de puntualizar lo planteado en su escrito”, señala la respuesta.
Para concretar el encuentro, la FEADLE pidió al promovente proponer dos fechas disponibles a partir del 1 de septiembre.
¿QUÉ SE ESTÁ PIDIENDO A LA FGR?
La solicitud presentada ante la Fiscalía General de la República busca que el homicidio de Maldonado sea revisado desde una perspectiva federal y con una investigación que no se limite a determinar quiénes fueron los responsables materiales.
Uno de los principales planteamientos es profundizar en el móvil del asesinato y la posible existencia de autores intelectuales, instigadores o financiadores.
El escrito no acusa directamente a una persona específica. Por el contrario, Martínez Veloz señala expresamente que su petición no pretende constituir una imputación individual, sino solicitar que sean revisadas líneas de investigación que, a su consideración, todavía no han sido agotadas.
Entre los elementos que pide analizar se encuentran las amenazas y agresiones que Maldonado había denunciado previamente, las medidas de protección con las que contaba, sus comunicaciones durante las horas previas al asesinato y su actividad periodística.
También solicita revisar el contexto laboral que rodeaba a la comunicadora en los días anteriores al crimen.
EL LITIGIO LABORAL Y LOS DÍAS PREVIOS AL ASESINATO
Uno de los aspectos que vuelve a colocarse en el centro de la discusión es el conflicto laboral que Maldonado mantenía con PSN y que se encontraba en tribunales laborales.
De acuerdo con la documentación presentada ante la FGR, dentro del procedimiento laboral 1359/2013, la Junta Especial Número 59 emitió el 19 de enero de 2022 una resolución favorable a la periodista por aproximadamente 1.29 millones de pesos.
La solicitud señala además que existía una diligencia relacionada con ese procedimiento programada para el 24 de enero.
Sin embargo, Maldonado fue asesinada el 23 de enero, un día antes de esa fecha.
La proximidad entre ambos acontecimientos ha sido señalada desde entonces como un elemento que debería formar parte del análisis del contexto del crimen. No obstante, la coincidencia temporal no demuestra por sí misma que el conflicto laboral haya sido la causa del homicidio.
Precisamente por ello, la petición plantea que esa circunstancia sea investigada junto con el resto de las líneas existentes y no asumida anticipadamente como explicación del asesinato.
UNA PERIODISTA QUE HABÍA DENUNCIADO AMENAZAS
El caso adquirió especial relevancia porque Maldonado había hecho públicas diversas situaciones de riesgo relacionadas con su actividad periodística.
Al momento de su asesinato estaba incorporada a un mecanismo estatal de protección. Entre las medidas contempladas se encontraban visitas periódicas de una patrulla a su domicilio.
La petición presentada ante la FGR solicita revisar no solamente la existencia de esas medidas, sino también su funcionamiento, cumplimiento y eficacia durante los días previos al homicidio.
También se pide reconstruir las comunicaciones de la periodista durante las 72 horas anteriores a su muerte, así como revisar su producción periodística del último año y las amenazas o agresiones que había recibido.
El objetivo planteado es determinar si alguno de esos elementos puede contribuir a establecer el móvil del crimen o identificar a quienes pudieron haberlo ordenado.
EL ASESINATO OCURRIÓ EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
Lourdes Maldonado fue asesinada el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California.
La periodista se encontraba dentro de su vehículo, frente a su domicilio, en la zona de Santa Fe, cuando fue atacada a tiros.
Su asesinato ocurrió apenas seis días después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, también asesinado en Tijuana.
La sucesión de ambos crímenes colocó a Baja California en el centro de la atención nacional e internacional por la violencia contra periodistas. Maldonado se convirtió además en una de las primeras periodistas asesinadas en México durante las primeras semanas de aquel año.
El caso generó particular preocupación porque la comunicadora formaba parte de un mecanismo de protección y había expresado públicamente su preocupación por su seguridad.
TRES RESPONSABLES MATERIALES FUERON SENTENCIADOS
La investigación realizada inicialmente por autoridades de Baja California condujo a la detención de tres hombres en febrero de 2022.
Posteriormente, Guillermo Castro, Érick Contreras y Kevin Villarino fueron sentenciados por su participación en el homicidio, con penas de 24, 20 y 20 años de prisión, respectivamente.
De acuerdo con información recopilada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), las condenas se obtuvieron mediante un procedimiento abreviado.
La existencia de sentencias contra los responsables materiales, sin embargo, no ha cerrado todas las interrogantes alrededor del caso.
El punto que continúa generando cuestionamientos es quién habría ordenado el asesinato y cuál habría sido el motivo.
Después de las sentencias, el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, declaró que las autoridades mantenían abiertas investigaciones sobre otros dos sospechosos, particularmente por una posible participación como autores intelectuales.
LA NUEVA PETICIÓN BUSCA REABRIR ESAS PREGUNTAS
Es en este contexto donde adquiere relevancia la solicitud presentada en agosto de 2026 ante la FGR.
El promovente sostiene que la investigación debe analizar el homicidio de manera integral y no detenerse en la identificación y condena de quienes participaron directamente en el ataque.
Entre las diligencias y líneas que propone revisar se encuentran:
Las amenazas y agresiones denunciadas previamente por Maldonado.
Las medidas de protección que tenía asignadas y su aplicación efectiva.
Sus comunicaciones durante las 72 horas anteriores al asesinato.
Su producción y actividad periodística durante el año previo.
El contexto de sus investigaciones y publicaciones.
El conflicto laboral que mantenía con PSN.La resolución laboral favorable emitida cuatro días antes de su asesinato.
La posible existencia de autores intelectuales o instigadores.
La eventual participación de personas que hubieran financiado u ordenado el homicidio.
La solicitud también plantea revisar la carpeta penal 00857/2022, correspondiente al Juzgado de Control del Partido Judicial de Tijuana, expediente que es citado por la propia FEADLE en su respuesta.
LA RESPUESTA FEDERAL NO SIGNIFICA TODAVÍA UNA ATRACCIÓN
El oficio del 27 de agosto representa, por ahora, un paso inicial y no una decisión de la FGR para atraer formalmente el expediente.
La FEADLE únicamente confirmó que recibió la petición y propuso una reunión para conocer y precisar sus planteamientos.
Será posteriormente cuando la autoridad federal determine, conforme al análisis jurídico correspondiente, si existen elementos para intervenir en el caso y bajo qué alcance.
La reunión solicitada podría convertirse así en el primer momento formal para discutir ante la Fiscalía especializada si las circunstancias del homicidio justifican una intervención federal y si existen líneas de investigación relacionadas directamente con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de Maldonado.
A más de cuatro años del asesinato, el debate vuelve a concentrarse en una pregunta que quedó abierta después de las sentencias contra los responsables materiales: ¿quién estuvo detrás del crimen y por qué fue asesinada Lourdes Maldonado?
La respuesta de la FEADLE no resuelve todavía esa interrogante, pero abre un nuevo espacio institucional para que los argumentos de quienes solicitan una revisión federal sean escuchados y analizados.
Mientras no exista una determinación judicial o ministerial que establezca lo contrario, las hipótesis relacionadas con el móvil, la autoría intelectual y el posible vínculo con el litigio laboral deben mantenerse como líneas de investigación y no como hechos acreditados.
