Gobierno ofrece disculpas a joven con discapacidad, encarcelado injustamente cuatro años

Por transcurrir cuatro años encarcelado injustamente, Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad, recibió una disculpa del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en nombre del Estado mexicano.

Durante una ceremonia celebrada la tarde del lunes, Encinas reconoció que nuestro país “tiene una deuda enorme para eliminar las barreras en las leyes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos por cuenta propia”.

“En nombre del Gobierno de México te ofrezco una disculpa, sin condición alguna, por los hechos que afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México, y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia en la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década”, declaró el subsecretario.

El 14 de septiembre de 2011 Arturo Medina fue detenido por la policía capitalina, acusado de haber robado un vehículo, a pesar de que el joven presenta una discapacidad mental permanente, una situación que fue acreditada con documentación presentada por su madre, al momento en que este fue remitido al Ministerio Público.

Tras una valoración psiquiátrica, el Ministerio Público determinó que Medina presentaba un trastorno social de la personalidad y posible retraso mental superficial por lo que no era apto para declarar, y se ordenó su detención en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.

El imputado nunca fue convocado ni pudo comparecer en ninguna de las audiencias. El 5 de diciembre de 2011, el Juez Noveno Penal los condenó por el delito de robo y le impuso una medida de seguridad por cuatro años.

Luego de determinar que se había cometido un agravio en su contra, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas emitió un dictamen en el que determina la responsabilidad internacional del Estado Mexicano al incumplir con algunas de sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fue hasta la tarde de este lunes que Alejandro Encinas reconoció que a Arturo “se le aplicó un procedimiento discriminatorio porque le restringieron su derecho a un debido proceso en igualdad de condiciones”.

“Por ello, desde aquí, hago un llamado a todas las autoridades para que, junto con las organizaciones de la sociedad civil, redoblemos esfuerzos para que todas las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones ante la justicia al igual que el resto de la población”, sostuvo el funcionario.

Encinas calificó la disculpa pública como “un hecho de gran relevancia para nuestro país”, al ser el primer dictamen para México por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

“Es un llamado urgente de las Naciones Unidas para que México atienda a cientos de miles de personas con discapacidad que no tienen plena garantía de acceder a la justicia”, puntualizó.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, declaró durante su participación en el evento que “es urgente modificar los sistemas jurídicos, en los cuales, las personas con discapacidad siguen siendo objeto de nuestra legislación”.

“Como bien lo denunció Arturo y su equipo jurídico al acreditar ante el comité que las prácticas judiciales lo habían colocado en esa situación de indefensión por no reconocer su capacidad jurídica”, declaró la fiscal.

“La violación a tus derechos humanos por parte de los órganos de procuración y administración de justicia son, lamentablemente, un ejemplo claro de una forma obsoleta, prejuiciosa y discriminatoria de aplicar la ley”, dijo Godoy a Arturo Medina.

Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, declaró que “la efectiva justicia, con pleno respeto al principio de igualdad y no discriminación, conlleva la necesidad de renovar la ley y crear nuevos mecanismos y herramientas que permitan cumplir con este fin”.