Grupos criminales controlan ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala
En la región, militares han sido blancos de ataques a balazos y con drones
Los grupos criminales en disputa tienen bajo control las principales ciudades, carreteras, el comercio y la frontera de Chiapas con Guatemala.
En la región, militares han sido blancos de ataques a balazos y con drones.
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Poblaciones enteras son amenazadas para colaborar en bloqueos que impiden el paso de fuerzas federales, mientras que familias huyen en caravanas en medio de balaceras.
Comunidades están convertidas en pueblos fantasmas, mientras que en otras hay compras de pánico de comida y gasolina, también comercios cerrados y calles solitarias.
Los narcobloqueos en la frontera con Guatemala son orquestados por al menos tres grupos criminales que pelean el control de ese territorio.
Uno de los puntos críticos es Chicomuselo, escenario de enfrentamientos entre miembros del “Cártel de Chiapas y Guatemala”, integrado por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el Cártel de Sinaloa, que desde hace unos meses busca quitarles el control.
Al menos otros cuatro municipios, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), Motozintla, Frontera Comalapa y Amatenango, están a merced del narco y la violencia se expandió a El Porvenir, Comalapa, Mazapa de Madero, Bejucal, La Grandeza, Bellavista, Siltepec y La Concordia.
En medio de las balaceras, habitantes hicieron compras de pánico de gasolina, la cual fue limitada por los propios criminales para evitar el desplazamiento de pobladores, aunque algunos alcanzaron a huir para buscar en caravana a Tuxtla Gutiérrez, a través de La Concordia o de Comitán.
Fuentes de seguridad aseguraron que ese cártel pretende defender Chicomuselo -su supuesto bastión- de la intrusión de otros grupos para el control de las mineras ahí establecidas, que pagan cuotas semanales para liberar la carga hasta La Concordia.
La violencia desatada en la zona serrana de Chiapas incluye 137 desaparecidos en los últimos dos meses.
Recrudece violencia las desapariciones
La violencia desatada en la zona serrana de Chiapas llevó a un recrudecimiento de desapariciones de personas en los últimos días.
Apenas el pasado lunes, cinco familiares de Mario Roldán Roblero, identificado como integrante del Consejo Central de Lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Comitán, luego que salieron de Frontera Comalapa para asistir a una audiencia judicial.
De acuerdo con la Sección VII de la CNTE, las personas desaparecidas son Osiel Roblero López, Erick Alexander López Roblero, Sandra Luz Roblero López, Muriel Ernesto Gómez y Manolo Coronel.
Otro joven de 14 años fue reportado como desaparecido el martes en Comalapa, donde acudió al mercado, procedente de una comunidad cercana para adquirir calzado.
Una pareja que viajaba en un auto Jetta color gris también desapareció en el trayecto de Comalapa a Comitán.
Según los informes oficiales, Ana Lilia Samayoa Calderón y José Manuel Vázquez Moreno perdieron comunicación con sus familiares el 15 de agosto en esa carretera, aislada por criminales.
Sólo en lo que va de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda registra 25 personas desaparecidas en distintos municipios de Chiapas, mientras fuentes locales contabilizaron 137 casos en los últimos dos meses, la mayoría en el corredor que va de Tapachula a la capital Tuxtla Gutiérrez.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó que las comunidades desplazadas de manera forzosa por la violencia no son un escándalo de las organizaciones y los movimientos.
“A partir de diversos informes, se han documentado la vergonzosa cifra de 21 mil indígenas desplazados en Chiapas en los últimos dos años y el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio”, señaló.
La organización denunció además el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, la violencia generada en el último proceso electoral y la criminalización contra integrantes del movimiento social.
“La negligencia de los Gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, y el control territorial por parte de empresas y crimen organizado”.
