IMPI: 96.8% de decomisos por piratería sigue sin procesarse tras 14 meses de operativos
Señalan que la falta de trámites y definiciones mantiene la mayor parte del aseguramiento sin salida administrativa
CDMX.- A 14 meses de que el gobierno federal puso en marcha los Operativos Limpieza contra la piratería, 96.8% del valor de los productos decomisados continúa sin procesarse, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El organismo, adscrito a la Secretaría de Economía, reportó el aseguramiento de mercancías por un valor de 934 millones 984 mil pesos tras la realización de 20 operativos en 11 entidades federativas, en el periodo de noviembre de 2024 a diciembre de 2025.
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Del total decomisado, el IMPI indicó que sólo se destruyó ropa y calzado con valor de 411 mil pesos, equivalente a 0.1% del monto reportado, producto de un operativo realizado en Nuevo León.
Además, se devolvieron a sus dueños artículos valuados en 29 millones 173 mil pesos, que representan 3.1% del total, cuyo aseguramiento se realizó en negocios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
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El instituto explicó que las devoluciones ocurren cuando la empresa afectada no continúa con los procedimientos administrativos, al contar con 20 días para solicitar la infracción; en caso contrario, se levanta el aseguramiento. Añadió que, en procedimientos a petición de parte, si el actor no solicita la infracción, también se regresan los productos.
El resto, 905 millones 399 mil pesos, equivalente a 96.8%, corresponde a mercancía que permanece en bodegas del IMPI, bajo resguardo de la parte actora, o a asuntos que siguen sin iniciarse ante el instituto que dirige Santiago Nieto.
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Entre los casos señalados, se apunta que los gobiernos de Sonora, Coahuila, Baja California y Durango —que concentran 89% del valor de lo decomisado— no han iniciado sus procedimientos ante el IMPI, instancia encargada del proceso administrativo para proceder a la destrucción de los productos.
El reporte coloca el foco en la fase posterior a los operativos, al evidenciar que la mayor parte del valor asegurado se mantiene sin resolución administrativa y sin destino final definido, pese al volumen de decomisos acumulado en poco más de un año.