Implementación de la CURP biométrica podría excluir a sectores vulnerables
La transición abre interrogantes sobre el acceso real al trámite en comunidades rurales, población indígena y sectores con rezago tecnológico
CDMX.- La implementación de la CURP biométrica, que será obligatoria a partir de 2026, plantea desafíos para sectores de la población que enfrentan rezagos en acceso digital, documentación oficial y servicios públicos, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Aunque el gobierno federal ha señalado que el trámite es gratuito y presencial, el proceso requiere contar previamente con acta de nacimiento certificada, CURP verificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo, requisitos que no están al alcance de toda la población.
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Especialistas en inclusión social han advertido que estas condiciones pueden dificultar el acceso al nuevo documento para personas adultas mayores, habitantes de zonas alejadas, población indígena y personas que no cuentan con conectividad, alfabetización digital o documentos básicos actualizados.
A ello se suma que la emisión de la CURP biométrica se realiza únicamente en módulos del Registro Civil, oficinas del RENAPO y unidades móviles habilitadas, cuya cobertura aún no es uniforme en todo el país, lo que podría generar saturación o retrasos en regiones con alta demanda.
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En el caso de menores de edad, el trámite depende de que madres, padres o tutores ya cuenten con su propia CURP biométrica, lo que podría retrasar la incorporación de niñas, niños y adolescentes al nuevo sistema de identidad.
Si bien las autoridades federales han señalado que durante los primeros meses el uso del documento será voluntario, a partir de febrero de 2026 sustituirá de manera definitiva a la CURP tradicional, convirtiéndose en un requisito indispensable para acceder a servicios de salud, programas sociales, trámites educativos y bancarios.
Organizaciones civiles han subrayado que el reto no radica únicamente en la modernización del sistema de identidad, sino en garantizar que la transición no derive en exclusión administrativa para quienes históricamente han tenido menor acceso a servicios públicos y tecnológicos. Con información de El Universal
