Informe Ayotzinapa, sin pruebas ni sustento

CDMX.- La crisis en la investigación del gobierno sobre el caso Ayotzinapa parece recrudecerse. Tras la polémica salida del fiscal general del caso, las diferencias evidenciadas al interior de la FGR y sospecha en torno a las acusaciones contra militares, ahora el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez reconoce que las pruebas del informe que presentó el pasado 18 de agosto podrían ser invalidadas.

Así lo reveló en una entrevista que ayer publicó el diario estadounidense The New York Times, en el que el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa reconoce que la presión ejercida desde el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llevaron a “acciones drásticas”.

Esto incluyó la integración de un informe con pruebas sin sustento, y buscar negociar con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, a quien este gobierno ha señalado como uno de los artífices de la llamada “verdad histórica”.

Según lo dicho por el funcionario —cuyo informe ha quedado en entredicho también por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes el 29 de septiembre anunciaron la designación de un perito para analizar la veracidad de los mensajes con los que presuntamente se busca incriminar a mandos y elementos del Ejército—, “hay un porcentaje importante, muy importante, de esas pruebas que está todo invalidado”.

El rotativo estadounidense publica que Encinas Rodríguez buscó la ayuda de Zerón de Lucio, identificado por la FGR como uno de los principales excolaboradores del exprocurador Jesús Murillo Karam, responsables de haber desviado las indagatorias. “Yo te garantizo el apoyo del presidente”, prometió el subsecretario al extitular de la AIC si lo auxiliaba a “desenmarañar” el caso.

A dos meses de su regreso de Israel, sin mayor información ni haber logrado persuadir a Tomás Zerón, quien a la fecha se mantiene en asilo político en ese país, el subsecretario Encinas consiguió las capturas de pantalla de los mensajes en los que supuestamente quedaba en evidencia la vinculación que aquella noche de Iguala tuvieron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército.

Luego de dos meses de haberse revelado públicamente esos mensajes supuestamente incriminatorios contra autoridades, pero que no estaban integrados en la carpeta de investigación con la que la FGR solicitó más de 80 órdenes de aprehensión, incluyendo las de 20 mandos y efectivos militares, de las cuales terminó por desistirse, Encinas Rodríguez puso en duda su veracidad.