Departamento de Justicia de EU consideró ‘innecesario’ concluir si la captura de Maduro violó la ley

La administración Trump recibió la aprobación del Departamento de Justicia para utilizar al ejército para capturar a Nicolás Maduro, aunque se negó a abordar si la operación violaría el derecho internacional, según su memorando legal publicado el martes.

La redada en plena noche para capturar al presidente de Venezuela ha planteado una serie de cuestiones jurídicas relacionadas con el poder del presidente para iniciar un conflicto armado sin la aprobación del Congreso y posibles violaciones del derecho internacional.

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En un memorando de 22 páginas, T. Elliot Gaiser, el principal abogado de la Oficina de Asesoría Legal (OLC), analizó brevemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que dice que una nación no puede usar la fuerza dentro de otro país sin su consentimiento, un fundamento de legítima defensa o el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Pero Gaiser no llegó a decidir si la operación violaba el derecho internacional, argumentando que no importaba siempre que Donald Trump tuviera la autoridad bajo la ley nacional para autorizar la operación.

“Para ser claros, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre cómo se aplicaría el derecho internacional a Absolute Resolve”, escribió Gaiser, utilizando el nombre en clave de la operación. “No abordamos la cuestión porque no es necesario abordarla”.

Al hacerlo, Gaiser efectivamente redobló las determinaciones de otro polémico memorando de la OLC de 1989 que decidía que un presidente podía hacer caso omiso de la Carta de las Naciones Unidas para ordenar al FBI llevar a cabo “secuestros forzosos” en territorios extranjeros.

Ese memorando argumentaba que un presidente tenía autoridad inherente bajo la constitución de Estados Unidos para “anular” un tratado internacional como la Carta de las Naciones Unidas, y fue utilizado por George H.W. Bush para justificar legalmente la captura y arresto del hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega, por cargos de narcotráfico.

El memorando fue firmado por William Barr, entonces fiscal general adjunto, quien posteriormente se desempeñó como fiscal general durante el primer mandato de Trump y es conocido por promover una visión expansiva del poder ejecutivo. Tras la publicación del memorando, los expertos lo criticaron por sus deficiencias legales.

Entre otras controversias, dado que la Carta de las Naciones Unidas es un tratado multilateral ratificado por el Senado de Estados Unidos, técnicamente tiene la misma fuerza que cualquier otra ley nacional, que el presidente tiene la obligación constitucional de respetar.

Aun así, no se espera que las circunstancias del arresto de Maduro compliquen el proceso penal ni le ofrezcan una posible defensa legal en el juicio. Los tribunales federales de distrito han sostenido desde hace tiempo que la forma en que se lleva a un acusado ante el tribunal no influye en el caso subyacente.

El memorando de la OLC se hizo público después de que la administración comenzó a ponerlo a disposición de los legisladores la semana pasada y antes de una votación en el Senado de Estados Unidos sobre una resolución de poderes de guerra que obliga a Trump a buscar la aprobación del Congreso para nuevas acciones militares en Venezuela.

Trump no enfrentó tales restricciones para la operación contra Maduro, en gran parte porque el memorando cumplió con la prueba de dos partes de la OLC: si servía a un interés nacional y si no sería de una naturaleza, alcance y duración que alcanzaran el nivel de una “guerra en el sentido constitucional”.

La captura de Maduro sirvió a varios intereses nacionales, escribió Gaiser, incluido el hecho de que Maduro estaba bajo acusación penal desde 2020 por cargos de tráfico de drogas, mientras que su victoria electoral de 2024, considerada fraudulenta, amenazaba la inestabilidad en la región.

Gaiser advirtió a Trump que usar al ejército para ayudar a capturar a Maduro significaría el inicio de un conflicto armado bajo el derecho internacional, y que era el tipo de operación “sobre el terreno” que probablemente requeriría la autorización de los legisladores en el Capitolio.

Pero como la administración le aseguró que no había ningún plan para emprender una operación militar sostenida en Venezuela más allá de capturar a Maduro o de que las tropas estadounidenses ocuparan el país, Gaiser dijo que Trump no tendría que buscar la aprobación del Congreso.

El memorándum también citó varios precedentes de ayuda militar al FBI para realizar arrestos en territorio extranjero: el arresto de un miembro de Al Qaeda vinculado a los atentados con bombas en las embajadas de África en 1998 y un militante libio acusado de ayudar a planificar el ataque al consulado de Bengasi en 2012.

El memorándum es la segunda interpretación legal importante que el Departamento de Justicia ha ofrecido a Trump en su amplia campaña sobre Venezuela.

The Guardian informó por primera vez el año pasado que OLC había dado a la administración Trump su aprobación en un memorando clasificado fechado el 5 de septiembre para llevar a cabo ataques contra barcos identificados por traficar cocaína en nombre de cárteles de la droga en aguas internacionales.

Ese memorándum sostenía que los cárteles de la droga estaban ejerciendo violencia armada contra aliados de Estados Unidos a través de las ganancias generadas por los envíos de cocaína, por lo que atacar la cocaína equivalía a destruir las operaciones de sostenimiento de la guerra de los cárteles.