En medio de sanciones y amenazas, fiscal de CPI exige ejecutar órdenes de arresto a Putin y Netanyahu

LA HAYA- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) urgió este lunes a los países a ejecutar sin demora las órdenes de arresto pendientes, que incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un momento en que su carga de trabajo alcanza niveles “sin precedentes” por el aumento de denuncias de crímenes graves.

Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang advirtió de que la demanda de acción a la fiscalía “nunca ha sido mayor” y reclamó a los países cumplir sus obligaciones legales, después de que varios países miembros, como Hungría o Mongolia, se negaran a arrestar a Netanyahu y Putin cuando viajaron a sus respectivos territorios.

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“Ante cualquier intento de socavar nuestra labor (...) Llamo a todos a renovar su compromiso con nuestra misión. Ejecutar órdenes de arresto, compartir información y proteger testigos no es un acto de generosidad: son obligaciones jurídicas esenciales para la credibilidad del sistema de justicia”, alertó.

Niang explicó que la Fiscalía está recibiendo un volumen creciente de lo que se conoce como “comunicaciones”, que son informes y documentación con denuncias de presuntos crímenes que son enviados por víctimas, ONG, abogados, Estados o ciudadanos para que los examinen o los tengan en cuenta para sus investigaciones.

“De Ucrania a Darfur, de Palestina a Venezuela, de la República Democrática del Congo a Filipinas, y también en Libia, las voces crecen y las peticiones se vuelven más urgentes. Nuestra Fiscalía ha recibido un volumen sin precedentes de comunicaciones”, señaló, subrayando que “lo que piden es que la justicia no sea un ideal lejano e intangible, sino una realidad concreta”.

El fiscal adjunto destacó que este aumento del trabajo refleja un escenario global “sombrío”, marcado por violaciones sistemáticas y un sufrimiento creciente, pero también aseguró que hay una señal creciente de confianza en la Corte. “Significa que las personas afectadas reconocen que la CPI es una institución en la que pueden confiar”, afirmó.

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Niang defendió la relevancia de la CPI en un contexto internacional “amenazado por conflictos, infectado por la desinformación y debilitado por la impunidad”, y advirtió de que la Corte mantendrá su labor a pesar de las “presiones externas” y las “medidas coercitivas”, lo que incluye las sanciones emitidas por Estados Unidos contra jueces y fiscales, incluido el propio Niang, por la investigación que involucra a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.

“Estas presiones, sean personales o institucionales, han fortalecido, no debilitado, nuestra convicción en la misión noble de esta Corte. Sí, son tiempos difíciles, pero estamos listos para este reto, que afrontaremos juntos y con determinación”, insistió, subrayando que “la justicia, incluso cuando se cuestiona, debe permanecer fuerte e intacta”.

Los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Niang (Senegal) asumieron el pasado mayo las funciones de la fiscalía, después de que el fiscal jefe, Karim Khan, se apartara a la espera de los resultados de una investigación en su contra por presunto acoso sexual.

DENUNCIA LA CPI SANCIONES DE EI A JUECES Y FISCALES

La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos haya sancionado a nueve de sus funcionarios -jueces y fiscales- “situándolos al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes” y subrayó que tribunal no cederá “a ninguna presión” y que su independencia “permanece intacta”.

Durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, Akane reconoció que la institución, con sede en La Haya, afronta “ataques sin precedentes”, desde que emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por crímenes en Palestina.

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Nueve altos cargos electos de la CPI, incluidos seis jueces, han sido objeto de sanciones este año por parte de Estados Unidos en respuesta a la investigación que involucra a Israel por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluida Gaza, lo que situó a estos funcionarios en listas estadounidenses reservadas habitualmente a «terroristas y narcotraficantes».

“Sus vidas personales y familiares se han visto profundamente alteradas y su capacidad para realizar transacciones financieras ha sido restringida incluso en territorios de Estados Parte, también en Europa”, denunció Akane.

Además, Rusia ha emitido en los últimos años órdenes de detención contra nueve jueces y toda la Presidencia de la CPI por la orden de arresto emitida contra Putin por deportación de niños ucranianos a Rusia, una decisión de la Corte sobre la que Moscú ha concluido investigaciones y celebrado vistas en rebeldía. “Estas medidas buscan socavar la existencia misma de la Corte”, denunció la presidenta.

Pese a ello, aseguró que la CPI seguirá trabajando con “expedición y eficacia” en todas las fases de sus procedimientos, desde las investigaciones hasta las apelaciones, y destacó la carga de trabajo de este año, con múltiples órdenes de arresto, en algunos casos bajo confidencialidad por decisión judicial.

La institución insistió en que cualquier disputa relacionada con sus funciones judiciales debe resolverse “exclusivamente” según el Estatuto de Roma, el tratado de la CPI, y pidió a los países que utilicen las vías internas de consulta previstas antes de cuestionar la ejecución de solicitudes de cooperación y órdenes de arresto.

El pasado julio, la CPI denunció a Hungría ante su órgano supervisor por considerar que “incumplió sus obligaciones” legales al no arrestar a Netanyahu durante su visita al país en abril, pese a la existencia de la orden de detención por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

En enero, se registró una situación similar en otro país miembro de la CPI. Italia detuvo al jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, pero decidió dejarlo en libertad de inmediato y enviarlo de vuelta a Libia, en contra de la orden de arresto del tribunal, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en la cárcel de Mitiga en la capital libia, Trípoli.