En opinión de expertos, cateo en casa de reportera del Washington Post pone en riesgo el periodismo de investigación

NUEVA YORK- Si la redada del miércoles en la casa de una periodista del Washington Post logra desalentar la investigación sobre las acciones del gobierno, la administración del presidente Donald Trump difícilmente podría haber elegido un objetivo más atractivo.

Según el diario, en el registro efectuado en la casa en Virginia de Hannah Natanson, apodada la “susurradora del gobierno federal” en el Post por sus reportajes sobre los cambios del gobierno de Trump en la fuerza laboral, se incautó un teléfono, dos laptops y un reloj Garmin.

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En una orden para el registro se indica que éste se relaciona con una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente materiales clasificados del gobierno, señaló Matt Murray, editor ejecutivo del Post, en un correo electrónico enviado a su personal. Se le informó al Post que ni Natanson ni el periódico son un objetivo de la investigación, dijo.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que el registro se realizó a petición del Departamento de Defensa y que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.

LOS REGISTROS GUBERNAMENTALES EN CASAS DE PERIODISTAS SON INUSUALES

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, ha trabajado en temas de libertad de prensa durante una década y dijo que un registro gubernamental en la casa de un periodista es tan inusual que no podía recordar la última vez que sucedió. Señaló que es inevitable que el hecho tenga un efecto de autocensura en el periodismo.

“Sospecho fuertemente que el registro está destinado a disuadir no solo a esa reportera, sino a otros, de perseguir historias que dependen de denunciantes del gobierno”, dijo Jaffer. “Y también está destinado a disuadir a los denunciantes”.

En un artículo en primera persona publicado por el Post en Nochebuena, Natanson escribió sobre cómo recibió un enorme número de pistas cuando publicó su información de contacto en febrero pasado, en un foro donde empleados del gobierno hablaban del impacto de los cambios del gobierno de Trump en la fuerza laboral federal.

Fue contactada por 1,169 personas en Signal, escribió. El Post fue notablemente agresivo el año pasado en su cobertura de lo que sucedía en las agencias federales, y muchas historias surgieron como resultado de las pistas que recibió, y que seguía recibiendo. “Las historias llegaron rápido, las pistas aún más rápido”, escribió.

Natanson reconoció que el trabajo tuvo alto costo, y señaló una perturbadora nota que recibió de una mujer a la que no pudo contactar. “Un día, una mujer me escribió en Signal, pidiéndome que no respondiera”, escribió. “Vivía sola, dijo, y planeaba morir ese fin de semana. Antes de hacerlo, quería que al menos una persona entendiera: Trump había desmantelado el gobierno, y con él, su vida”.

Natanson no respondió a los mensajes enviados por The Associated Press. Murray dijo que “esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea profundas dudas y preocupaciones sobre las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”.

La acción “señala un creciente ataque al periodismo independiente y socava la Primera Enmienda”, afirmó Tim Richardson, director del programa de periodismo y desinformación del grupo de defensa PEN America. Al igual que Jaffer, cree que la medida está destinada a intimidar.

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Sean Spicer, secretario de prensa de Trump al comienzo de su primer mandato, dijo que las preocupaciones son prematuras. Si resulta que Natanson no hizo nada malo, entonces las preguntas sobre si el registro de su casa fue un exceso son legítimas, dijo Spicer, presentador del programa de noticias políticas “The Huddle” en servicios de streaming.

“Si Hannah hizo algo malo, entonces debería tener un efecto de autocensura”, dijo.

Según una ley aprobada en 1917, es ilegal que los periodistas posean información clasificada, dijo Jaffer. Pero todavía hay preguntas sobre si esa ley entra en conflicto con las protecciones de la Primera Enmienda para los periodistas. No se aplicó, por ejemplo, cuando The New York Times publicó un informe secreto del gobierno sobre la participación de Estados Unidos en Vietnam en 1971.

“Es prerrogativa del gobierno perseguir a los filtradores de material clasificado”, dijo el Post en un editorial. “Sin embargo, los periodistas tienen derechos, consagrados en la Primera Enmienda, para recopilar y publicar tales secretos, y el Post también tiene una historia de lucha por esas libertades”.

NO ES LA PRIMERA ACCIÓN CONTRA LA PRENSA

El registro se realizó en el contexto de una serie de acciones contra los medios durante el gobierno de Trump, como las demandas contra The New York Times y la BBC. La mayoría de las organizaciones de noticias tradicionales ya no informan desde estaciones en el Pentágono debido a que se negaron a aceptar las nuevas reglas que restringen su información, establecidas por el secretario de Defensa Pete Hegseth. La financiación para la radiodifusión pública ha sido estrangulada debido a que Trump cree que su cobertura de noticias se inclina hacia la izquierda.

Algunos medios de comunicación también han tomado medidas para estar más alineados con el gobierno, dijo Jaffer, mencionando a CBS News desde que su propiedad corporativa cambió el verano pasado. The Washington Post ha girado sus páginas de opinión históricamente liberales hacia la derecha desde que fue adquirido por Jeff Bezos.

A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y revisado directrices internas que rigen su forma de responder a las filtraciones de los medios de comunicación. En abril, Bondi emitió nuevas directrices diciendo que los fiscales volverían a tener la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.

Tales medidas rescindieron una política del gobierno demócrata del presidente Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados secretamente durante investigaciones de filtraciones.

“Filtrar información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestros héroes militares”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X. “El presidente Trump tiene tolerancia cero para ello y continuará tomando medidas enérgicas contra estos actos ilegales en el futuro”.

En la orden se indica que el registro se relaciona con una investigación sobre un ingeniero de sistemas y especialista en tecnología de la información de un contratista del gobierno en Maryland a quien las autoridades acusan de llevarse a casa materiales clasificados, informó el Post. El trabajador, Aurelio Perez-Lugones, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo y algunos fueron encontrados en su casa en Maryland, según documentos judiciales.

Por David Bauder The Associated Press.