Florida sube penas contra inmigrantes imputados por delitos sin autorización legal

TALLAHASSEE.- Para la mayoría de las personas en Florida, el robo menor puede resultar en hasta un año de prisión y una multa de mil dólares. Para un inmigrante que se encuentra de manera ilegal en Florida, ese mismo delito ahora conlleva una pena de felonía de hasta cinco años tras las rejas y una multa de cinco mil dólares.

Las nuevas leyes en Florida surgen en un momento en que el presidente Donald Trump intensifica la lucha contra la inmigración irregular.

Imponen penas más severas para los delitos cometidos por personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal que para el resto de la población. Las consecuencias son particularmente severas para el asesinato en primer grado, que ahora conlleva una pena de muerte automática para cualquier persona que esté en Estados Unidos de manera ilegal.

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Si bien Florida es más agresiva que la mayoría, hay otros estados que están considerando medidas similares para aumentar las penas penales basadas en el estatus migratorio.

El gobernador republicano Ron DeSantis afirma que “Florida será más segura y protegida”, y un modelo para otros estados, gracias a sus amplias leyes de inmigración.

Las penas más severas están destinadas a ser un disuasivo, según el congresista estatal republicano Lawrence McClure.

“No vengas al estado de Florida de manera ilegal”, añadió. “Esa es la premisa”.

Algunos defensores de los derechos civiles y expertos legales están levantando alarmas.

Las leyes están “llevando a una colisión frontal con la garantía constitucional de igualdad de protección para todos los que están en Estados Unidos”, subrayó César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio que se especializa en inmigración y derecho penal.

¿Se permiten las sentencias de muerte obligatorias?

En su primer día en el cargo, Trump ordenó un renovado énfasis en la pena de muerte. Su orden ejecutiva destacó dos motivos particulares para ello: asesinar a un agente de la ley o cometer cualquier delito capital mientras se está en Estados Unidos de manera ilegal. Pero los jurados y jueces federales aún decidirían si imponer la pena de muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos en 1976 dictaminó que la pena de muerte obligatoria de Carolina del Norte para el asesinato en primer grado violaba la prohibición de la Constitución sobre castigos crueles e inusuales. Desde entonces, los estados han utilizado generalmente procedimientos judiciales en los que los jurados primero deciden la culpabilidad y luego sopesan factores agravantes y atenuantes al decidir si los acusados deben ser condenados a muerte.

“Hay un precedente de larga data que deja claro que las leyes de pena de muerte obligatoria son inconstitucionales”, sostuvo Kara Gross, directora legislativa y asesora principal de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida.

Pero las nuevas leyes de Florida eliminan la discreción judicial en ciertos casos. Exigen que los tribunales impongan una pena de muerte a los acusados que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal y que sean hallados culpables de delitos capitales como el asesinato en primer grado o la violación de un menor.

El senador estatal republicano Randy Fine reconoció que la ley que copatrocinó probablemente enfrentará un desafío legal, pero espera que la Corte Suprema anule su fallo anterior.

“Han pasado casi 50 años”, dijo Fine, añadiendo: “La Corte Suprema cambia de opinión sobre las cosas”.