Irán ejecuta a un hombre condenado por atropellar a policías durante las protestas de enero
El Tribunal Revolucionario de Karaj condenó a Sadeghi a muerte y a la confiscación de sus bienes
Irán ejecutó a un hombre condenado por atropellar deliberadamente con su coche a agentes de policía durante las protestas antigubernamentales en la ciudad de Karaj en enero, según informó el domingo la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.
Shahram Sadeghi fue acusado de atropellar con su coche a agentes de policía en Karaj el 8 de enero, hiriendo a siete agentes, uno de los cuales, según la agencia de noticias Tasnim, permaneció en coma durante tres meses.
El Tribunal Revolucionario de Karaj condenó a Sadeghi a muerte y a la confiscación de sus bienes por lo que las autoridades describieron como una “acción operativa” a favor de Israel, Estados Unidos y grupos hostiles en virtud de la ley de espionaje de Irán.
El Tribunal Supremo ratificó la sentencia, que se ejecutó a primera hora del domingo, según informó el poder judicial.
UNA OLEADA DE EJECUCIONES VINCULADAS A LAS PROTESTAS
La ejecución se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por el uso de la pena de muerte contra personas detenidas durante las protestas.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las autoridades iraníes han recurrido a acusaciones relacionadas con la seguridad nacional, espionaje, “enemistad contra Dios” y otros delitos para procesar a manifestantes y opositores.
Amnistía Internacional ha documentado en años anteriores numerosos casos de manifestantes iraníes condenados a muerte tras procesos que, según la organización, estuvieron marcados por graves violaciones del debido proceso y denuncias de tortura para obtener confesiones.
Los informes sobre las protestas de enero de 2026 también registraron un elevado número de ejecuciones en diferentes prisiones iraníes. Organizaciones opositoras al Gobierno iraní han publicado cifras mucho más elevadas, pero estas estimaciones deben tratarse con cautela debido a las restricciones de acceso a información independiente dentro del país.
LAS AUTORIDADES DEFIENDEN LAS CONDENAS COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Gobierno iraní sostiene que algunas de las personas procesadas durante las protestas no fueron condenadas simplemente por manifestarse, sino por participar en actos violentos, atacar a miembros de las fuerzas de seguridad o colaborar con organizaciones y gobiernos extranjeros.
Esta distinción es central para la versión oficial de Teherán, que presenta las protestas como una amenaza a la seguridad nacional y acusa a Estados Unidos, Israel y grupos opositores en el extranjero de intentar desestabilizar la República Islámica.
Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos cuestionan la independencia de los tribunales iraníes encargados de estos casos y han expresado preocupación por el uso de cargos de seguridad nacional para castigar la disidencia.
UN CONTEXTO DE FUERTE REPRESIÓN
Las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026 se extendieron por numerosas ciudades iraníes y estuvieron acompañadas de una respuesta policial y militar particularmente intensa.
En Karaj, los acontecimientos del 8 y 9 de enero estuvieron entre los episodios más graves de la represión. Organizaciones y medios internacionales recogieron testimonios sobre personas muertas por disparos, heridos y una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en hospitales y zonas residenciales.
La falta de acceso independiente a determinadas zonas y las restricciones a las comunicaciones dificultaron la verificación inmediata de las cifras de víctimas.
UN CASO QUE VUELVE A PONER EL FOCO EN LA PENA DE MUERTE
La ejecución representa, en cualquier caso, una nueva muestra de la dureza con la que las autoridades iraníes están respondiendo a los episodios de violencia registrados durante las protestas.
El Gobierno afirma que las condenas responden a delitos graves cometidos contra agentes de seguridad y a amenazas contra la seguridad nacional. Sus críticos, por el contrario, consideran que la pena de muerte está siendo utilizada también como instrumento de intimidación y disuasión frente a futuras movilizaciones.
La comunidad internacional continúa siguiendo de cerca los procesos judiciales derivados de las protestas, especialmente aquellos que terminan con condenas a muerte.
