¿Por qué hay personas de origen latinoamericano que pueden trabajar para ICE?

La imagen de los latinos como un bloque político homogéneo que rechaza las políticas migratorias restrictivas ha sido desmentida una y otra vez por la historia de Estados Unidos.

Aunque las comunidades hispanas han sido víctimas recurrentes de la discriminación y de las campañas xenófobas, también han existido sectores que han respaldado, promovido e incluso ejecutado esas mismas políticas.

La discusión ha cobrado nueva fuerza tras las denuncias sobre el incremento de muertes de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Entre las víctimas recientes figuran los inmigrantes latinos Lorenzo Salgado Araujo, fallecido en Houston, y Joan Sebastián Durán Guerrero, quien murió en Maine.

Estos casos han intensificado el temor de muchos hispanos, que consideran que su origen o apariencia física los convierte en objetivos particularmente vulnerables durante los operativos migratorios.

Sin embargo, existe un aspecto menos visible que suele quedar fuera del debate público: una parte importante de quienes participan en esas operaciones también pertenece a la comunidad latina.

Los agentes encargados de aplicar las políticas migratorias no son exclusivamente anglosajones; desde hace décadas, miles de hispanos han ingresado tanto a la Patrulla Fronteriza como al ICE. Actualmente, los latinos constituyen la mayoría del personal de la Patrulla Fronteriza y representan aproximadamente entre una quinta y una tercera parte de los agentes del ICE.

Esta realidad sorprendió nuevamente cuando trascendió que dos de los agentes involucrados en la muerte de Alex Pretti eran de origen hispano.

La reacción pública evidenció una expectativa profundamente arraigada: la idea de que compartir una identidad étnica implica necesariamente compartir posiciones políticas sobre inmigración. La evidencia histórica demuestra que esa relación nunca ha sido tan simple.

Las razones detrás de este fenómeno son diversas. Algunos investigadores apuntan a factores económicos, como la búsqueda de estabilidad laboral o de empleos con buenos beneficios. Otros destacan el deseo de servir a la comunidad o las oportunidades de movilidad social que ofrecen las agencias federales.

También se ha señalado que el ingreso a estas instituciones puede representar una vía para obtener reconocimiento, integración y prestigio dentro de la sociedad estadounidense.

No obstante, estas explicaciones resultan insuficientes si se ignora el contexto histórico. Desde mediados del siglo XX ya existían sectores latinos que respaldaban políticas de deportación masiva.

Durante la década de 1950, por ejemplo, dirigentes y organizaciones mexicoamericanas apoyaron la llamada Operación Espaldas Mojadas, una campaña federal que expulsó a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Detrás de ese respaldo se encontraba el temor de que la contratación de trabajadores migrantes debilitara los salarios y redujera la capacidad de negociación de los sindicatos.

Esa preocupación continuó en las décadas posteriores. El sindicato United Farm Workers, encabezado por líderes históricos del movimiento campesino, llegó en distintos momentos a denunciar a trabajadores indocumentados ante las autoridades migratorias y a organizar patrullajes en zonas fronterizas para impedir el ingreso de mano de obra considerada una amenaza para las luchas sindicales. Algunas de estas acciones terminaron derivando en episodios de violencia.

Con el auge del movimiento por los derechos civiles y del activismo chicano durante las décadas de 1960 y 1970, parte de la comunidad latina comenzó a distanciarse de las posiciones asimilacionistas y abrazó una identidad política más orientada a la defensa de los derechos de las minorías.

Ese cambio redujo el consenso existente alrededor de las políticas migratorias restrictivas, aunque nunca logró eliminar por completo las corrientes nativistas presentes dentro de algunos sectores hispanos.

Décadas después, ese debate volvió a hacerse evidente durante la campaña de la Proposición 187 en California, en 1994. La iniciativa buscaba restringir el acceso de los inmigrantes indocumentados a diversos servicios públicos.

Aunque finalmente la mayoría de los votantes latinos terminó rechazándola, las encuestas mostraron que durante buena parte de la campaña existió un respaldo considerable dentro de ese mismo electorado.

La llegada de Donald Trump a la política nacional reactivó esas divisiones.

Desde 2016 surgieron grupos organizados de “Latinos por Trump” que defendían un discurso centrado en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate a la inmigración irregular y valores conservadores.

En las elecciones de 2024, el entonces candidato republicano no solo conservó una parte importante del voto hispano, sino que amplió su apoyo en diversos sectores, particularmente entre hombres latinos y en numerosos condados ubicados a lo largo de la frontera con México.

Este fenómeno coincide con una transformación más amplia de la derecha estadounidense.

Si bien la cuestión racial continúa siendo relevante, buena parte del conservadurismo contemporáneo ha desplazado el énfasis desde categorías estrictamente biológicas hacia una agenda basada en el rechazo al multiculturalismo, la inmigración irregular, determinadas políticas de diversidad, el feminismo y los derechos LGBTQ+. Bajo ese marco, personas de distintos orígenes étnicos pueden ser incorporadas al movimiento siempre que compartan sus principios ideológicos.

Por ello, figuras latinas han ocupado espacios relevantes dentro del conservadurismo estadounidense, desde intelectuales y políticos hasta dirigentes vinculados a organizaciones radicales.

Casos como los de Enrique Tarrio o Nick Fuentes ilustran cómo la identidad étnica no constituye un obstáculo automático para integrarse a movimientos nacionalistas o de extrema derecha cuando existe afinidad ideológica.

Para muchos de sus simpatizantes, estas corrientes ofrecen algo más que una plataforma política: representan una forma de pertenencia. Integrarse a instituciones como el ICE o la Patrulla Fronteriza puede significar, para algunos, asumir el papel de guardianes del orden, la ley y los valores nacionales, en lugar de identificarse exclusivamente como integrantes de una minoría históricamente discriminada.

Reducir este fenómeno a una contradicción sería simplificar una realidad mucho más compleja.

Las comunidades latinas, como cualquier otro grupo social, albergan posiciones políticas diversas y, en ocasiones, profundamente opuestas. La historia demuestra que han participado tanto en movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes como en iniciativas destinadas a restringirlos.

Comprender esta trayectoria histórica permite explicar por qué el respaldo latino a políticas migratorias estrictas no constituye una anomalía, sino un fenómeno recurrente que ha acompañado la evolución política de Estados Unidos durante varias décadas. Solo reconociendo esa complejidad es posible analizar con mayor precisión las tensiones que atraviesan hoy a la comunidad hispana y al debate migratorio estadounidense.