¿Quién está en la primera línea de la ofensiva migratoria de Donald Trump?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha consolidado como el rostro más visible de la ofensiva migratoria, pese a que muchos de sus agentes operan encapuchados y sin identificarse
La ciudad de Minneapolis en Estados Unidos pasó a ocupar un lugar central en la estrategia migratoria de Donald Trump cuando su administración desplegó un número inédito de agentes federales armados para realizar operativos en sus calles.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó la acción como la mayor intervención de este tipo en su historia, convirtiendo a esta ciudad del Medio Oeste —de tendencia liberal— en un nuevo símbolo del endurecimiento migratorio impulsado desde la Casa Blanca.
TE PUEDE INTERESAR: Guatemala declara estado de emergencia tras muerte de ocho policías en violencia entre pandillas en prisión
Estas operaciones reflejan una política que prioriza arrestos y deportaciones masivas desde el interior del país.
A diferencia de enfoques anteriores centrados en la frontera, el actual gobierno ha ordenado redadas en barrios, centros de trabajo y espacios públicos, incluso en lugares tradicionalmente considerados sensibles como escuelas, hospitales y tribunales.
La presencia de agentes federales en ciudades gobernadas por demócratas, muchas veces en abierta oposición a las autoridades locales, ha generado una profunda división política y social.
Mientras los simpatizantes más fieles del movimiento Make America Great Again celebran estas acciones como una demostración de fuerza y control, las consecuencias humanas han sido devastadoras: familias separadas, comunidades paralizadas por el miedo y muertes ocurridas tanto en la vía pública como en centros de detención.
En este contexto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha consolidado como el rostro más visible de la ofensiva migratoria, pese a que muchos de sus agentes operan encapuchados y sin identificarse.
El rol del Departamento de Seguridad Nacional
El ICE y la Patrulla Fronteriza operan bajo la estructura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), actualmente encabezado por Kristi Noem. Aunque el DHS es la tercera agencia federal más grande del país —solo por detrás del Departamento de Defensa y el de Asuntos de Veteranos—, sus funciones van mucho más allá de la inmigración, incluyendo organismos como el Servicio Secreto y FEMA. No obstante, Noem se ha convertido en la principal figura pública de la campaña antiinmigratoria.
Su presencia en operativos y apariciones mediáticas ha sido constante. Incluso fue fotografiada celebrando la deportación acelerada, sin procesos judiciales completos, de más de 200 ciudadanos venezolanos enviados a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador, una acción que generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): estructura y expansión
El ICE nació tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la Ley de Seguridad Nacional de 2002 fusionó inmigración y seguridad nacional bajo una misma lógica. Desde entonces, la agencia se divide principalmente en dos brazos operativos:
Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO)
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
A esto se suman áreas administrativas y legales encargadas de sostener los casos del gobierno en los tribunales.
La aprobación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill impulsó una expansión sin precedentes: el presupuesto del ICE casi se triplicó hasta alcanzar los 28.700 millones de dólares, y su personal pasó de unos 10.000 a más de 22.000 agentes en 2025.
Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO): la cara más visible
La ERO es el componente que la mayoría de la población asocia directamente con el ICE. En el pasado, su labor se concentraba principalmente en centros de detención locales, donde asumía la custodia de personas arrestadas por la policía por delitos menores. Durante la administración Obama, estas prácticas fueron parcialmente restringidas y muchas ciudades limitaron su cooperación.
Esa contención desapareció con el regreso de Trump al poder. Hoy, la ERO ejecuta detenciones masivas en espacios públicos y lugares de trabajo, siguiendo directrices presidenciales que priorizan la expulsión de personas que llevan años viviendo en Estados Unidos, incluso cuando los cruces fronterizos irregulares han disminuido notablemente.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI): de investigaciones complejas a redadas
HSI, históricamente dedicada a delitos federales complejos como el tráfico de personas, la explotación infantil y el narcotráfico internacional, ha visto alterada su misión.
Aunque sus agentes cuentan con una formación comparable a la del FBI, cada vez son más utilizados como apoyo en operativos de deportación, participando directamente en redadas urbanas.
CBP y la Patrulla Fronteriza en el interior del país
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solía limitarse a los puntos oficiales de entrada al país. Sin embargo, bajo Trump, algunos de sus agentes han comenzado a colaborar en operaciones internas. La Patrulla Fronteriza, dependiente de la CBP, ha ido aún más lejos, participando activamente en operativos en ciudades alejadas de la frontera.
Aunque su autoridad legal se reduce fuera de un radio de 160 kilómetros de fronteras y costas, sus agentes han sido desplegados en tribunales de inmigración y protestas urbanas. Su jefe, Greg Bovino, ha ganado notoriedad por liderar acciones en Minneapolis y otras ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.
Otras fuerzas involucradas
La estrategia de deportaciones masivas ha incorporado a agencias federales que tradicionalmente no se ocupaban de inmigración, como el FBI, la DEA, la ATF, el Servicio de Alguaciles y el Servicio de Seguridad Diplomática, ampliando aún más el alcance del aparato represivo.
El papel de la policía local
Las fuerzas del orden estatales y municipales se encuentran atrapadas entre presiones federales y decisiones políticas locales. En estados y ciudades conservadoras, muchas agencias colaboran activamente con el ICE mediante acuerdos conocidos como 287(g), que permiten a policías locales actuar como agentes migratorios.
En contraste, numerosas ciudades gobernadas por demócratas han optado por limitar o rechazar esa cooperación. Las llamadas ciudades santuario prohíben explícitamente colaborar con solicitudes del ICE para retener a personas detenidas por delitos no migratorios, intentando frenar las deportaciones desde el ámbito local.
