Se mantiene bloqueo de deportaciones a “enemigos extranjeros”; Trump pide destitución de juez

Se reportó el 26 de marzo que, una corte federal de apelaciones, se negó a retirar la orden que impide a la Administración de Trump deportar inmigrantes de Venezuela a la cárcel en El Salvador.

La ley en virtud se refiere a la de “Ley de Enemigos Extranjeros de 1798”. El uso, permitido, de esta ley permite a gobierno de los Estados Unidos deportar a las personas que no son ciudadanas sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración.

La Ley fue correlacionada para aplicarse a presuntos miembros de pandillas, consideradas terroristas, y por ello, fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Sin embargo, el juez de distrito: James Boasbeg apeló al Departamento de Justicia bloquear la ejecución de la Ley y detener los traslados aéreos. Lo cual, presuntamente, no se detuvo.

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Ante lo ocurrido, el juez Boasberg se comprometió a determinar si el Gobierno desobedeció su orden y apelación deliberadamente; a lo que la administración de Trump respondió con “secreto de Estado”.

Por igual, Donald Trump ha pedido la destitución del Juez Boasberg.

Gracias a la apelación, y la demanda que presentaron los Abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de 5 venezolanos (no ciudadanos) en Texas, un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Colombia confirmó, desde el 15 de marzo, que la aplicación de la Ley de Enemigos se mantendrá temporalmente bloqueada.

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‘Un fuerte interés público en evitar la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar’ dictaminó el Juez Boasberg.

En redes sociales, usuarios, presuntamente, militantes de la administración de Trump alegan que las intenciones del juez no son altruistas, sino por una agenda política, relacionada con los “adversarios” políticos de Donald Trump, como Kamala Harris, ex candidata presidencial.