Seis años después, 1,360 menores continúan sin ver a sus padres tras ser separados en la frontera de EU
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Un informe publicado hoy revela que existen 1,300 menores separados a la fuerza de sus padres en la frontera entre México y EU continúan sin reunirse con ellos seis años después
NUEVA YORK- Este nuevo informe que fue elaborado de manera conjunta por Human Rights Watch, así como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) y la Clínica de Derechos Humanos Internacional Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale publicado hoy, revela que que después de seis años, 1,360 niños que fueron separados de sus familias por la fuerza por el gobierno de estados Unidos nunca han sido reunidos con sus padres, y “los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a las familias separadas no han tenido en cuenta adecuadamente el grave daño que se les ha infligido”, explica Human Rights Watch en comunicado.
Este nuevo reporte que consta de 135 páginas titulado “‘Necesitamos quitarles a los niños’: cero rendición de cuentas seis años después de ‘tolerancia cero’”, señala que el gobierno “se negó, en muchos casos durante días o semanas”, a dar informar sobre las circunstancias y el paradero de estos menores, “lo que cumple con la definición de desaparición forzada”, afirma HRW.
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En este sentido, prosigue Human Rights Watch, “las separaciones familiares forzadas también pueden haber constituido tortura, la inflicción intencional de sufrimiento severo con un propósito indebido por parte de un agente estatal. Incluso un solo caso de desaparición forzada o tortura es un delito según el derecho internacional”.
En opinión de Michael García Bochenek, quien es el asesor principal de derechos del niño de Human Rights Watch y además uno de los autores del de este nuevo informe “resulta escalofriante ver, documento tras documento, la crueldad calculada que se utilizó para aplicar la política de separación forzosa de familias”, y continúa afirmando que “un gobierno nunca debería atacar a los niños para enviar un mensaje a los padres”.
Para la realización de este reporte, se analizaron tanto documentos de políticas así como los correos electrónicos del gobierno; en los que se fundamenta que los funcionarios separaron de manera deliberada a los menores de sus padres “como un elemento disuasorio para otras familias que de otro modo podrían ingresar a los Estados Unidos de manera irregular”; así también, precisa HRW que los funcionarios de alto nivel se inmiscuyeron con el propósito de “mantener a los niños separados de sus padres cuando las agencias federales comenzaron a reunir a las familias rápidamente”.
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE SEPARA A MÁS DE 4,600 NIÑOS DE SUS FAMILAS
El gobierno estadounidense separó a más de 4,600 menores de sus padres entre 2017 y 2021, indica el comunicado. De esta cifra, los 1,360 niños que continúan desaparecidos son cerca del 30 % de los que fueron separados de sus familias durante la primera administración del actual presidente electo Donald Trump, detalla Human Rights Watch.
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Por otra parte, los funcionarios de alto nivel iniciaron a “discutir la separación forzosa de familias en febrero de 2017”, semanas después de que Trump asumiera su cargo. Siendo así, que tanto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) como los fiscales federales decidieron llevar acabo la primera la “separación de familias en El Paso, Texas, y sus alrededores, entre marzo y noviembre de 2017”, mientras que las separaciones en toda la frontera con México inicó en mayo de 2018.
USO DE LEYES “NOVEDOSAS” PARA LLEVAR ACABO LA SEPARACIÓN DE FAMILAS
HRW, explica que el gobierno consiguió llevar acabo “la separación de las familias” haciendo uso de una “novedosa aplicación de dos leyes federales”.
En primer lugar, se tomó la decisión de procesar a los padres por “entrada indebida”, siendo este un cargo federal menor.
En segundo lugar, realizó un corto traslado de los padres llevándolos de la CBP al Servicio de Alguaciles estadounidense para ser presentados ante el tribunal y “tratar a sus hijos como si fueran no acompañados”.
Por último, la CBP “aplicó una ley diferente para transferir a los niños a la Oficina de Reubicación de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos responsable de los niños no acompañados”, explica Human Rights Watch.
Gracias a una orden judicial de junio de 2018 se pudo frenar la intención del gobierno estadounidense de llevar acabo una separación “sistemáticamente” de todas las familias que ingresaban a al país de forma ilegal. No obste, esta misma orden judicial posibilitó “las separaciones por otros motivos”; por lo que el gobierno siguió “separando a cientos de niños hasta fines de 2019”.
NIÑOS DESCRIBEN QUE SUFRIERON ANGUSTIA INTENSA TRAS SER SEPARADOS DE SUS FAMILIAS
Los niños y sus padres que fueron entrevistados por Human Rights Watch y TCRP en 2018 y 2019 pormenorizaron que sufrieron de una angustia intensa, así como de una ansiedad profunda y de otros traumas.
HRW, cita en su comunicado el caso de un menor guatemalteco de 15 años quien expresó que estaba “realmente desesperado, desconsolado y preocupado después de haber sido separado de su padre en octubre de 2018”.
“Semejante trauma grave era previsible. De hecho, los funcionarios de la Oficina de Reubicación de Refugiados habían advertido en repetidas ocasiones que la separación forzosa podía suponer un riesgo de daño significativo para los niños”, asevera Human Rights Watch en su comunicado.
LA CBP NO INFORMA SOBRE LA SEPARACIÓN DE LOS MENORES
HRW, precisa en su informe dado a conocer hoy que la CBP no le informó a la Oficina de Reubicación de Refugiados qué niños había separado en su frontera sur y; tampoco sus vinculan “los registros de los niños separados con los de sus padres”.
Un juez federal se dio cuenta de que el gobierno “llevaba mejores registros de las propiedades que de los niños a su cuidado”.
“Como resultado, el verdadero alcance de la política solo se hizo evidente después de años de esfuerzos para identificar, localizar y reunir a los niños separados y sus padres”, señala el comunicado.
“Necesitamos quitarles a los niños”, manifestó el fiscal general Jeff Sessions a los fiscales federales en mayo de 2018.
BIDEN LLEVA ACABO ACCIONES PARA AFRONTAR EL DAÑO A LAS FAMILIAS DERIVADO DE LA SEPARACIÓN FORZADA
Cuando Joe Biden llega a la Casa Blanca llevó acabo “medidas notables” con el objetivo de poder atender “el daño que enfrentaron las familias por su separación forzada”, estas acciones incluyeron posibilitar que los padres pudieran ingresar y permanecer de manera temporal en el país, ademas se acordó “reabrir sus casos de asilo y permitirles trabajar, y brindar algunos servicios de salud mental a los padres e hijos reunificados”.
Muchas de estas medidas se tomaron para dar respuesta a las órdenes judiciales implementadas en el mandato de Trump; mientras que otras fueron por puestas en marcha derivadas de recomendaciones del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar instaurado por Biden en 2021.
Para Danny Woodward, quien es abogado del personal de TCRP, “el estatus temporal y el acceso a corto plazo a los servicios no son ni de lejos remedios adecuados para separar intencionalmente a las familias”, y prosigue explicando que “los actos de tortura y otros agravios graves requieren una reparación integral”.
Por lo que, concluye el comunicado de HRW “el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar debería emitir recomendaciones públicas antes del final del mandato del presidente Biden como catalizador para el cambio futuro”.
Con información de Human Rights Watch.