Trump pretende retirar la protección para los migrantes de países en crisis

Por Miriam Jordan

El Estatus de Protección Temporal, creado por un presidente republicano, ha permitido a miles de personas de Haití, Venezuela, Ucrania y otras naciones permanecer en Estados Unidos.

El presidente electo Donald Trump ha prometido mano dura contra la inmigración como nunca antes.

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Aunque su retórica de línea dura sobre la inmigración ilegal se remonta a su primera campaña, uno de los objetivos del presidente electo esta vez es un programa que lleva décadas proporcionando un estatus legal temporal a cerca de un millón de inmigrantes procedentes de países peligrosos y con graves problemas, como Haití y Venezuela.

Conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el programa fue promulgado por el presidente George Bush para ayudar a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que no pueden regresar de forma segura e inmediata a su país debido a una catástrofe natural o a un conflicto armado.

Pero para algunos inmigrantes, el programa, que les permite trabajar legalmente, se ha convertido en algo casi permanente, un reflejo de lo agitados que están muchos rincones del mundo y de lo poco que ha hecho el Congreso para adaptar el sistema de inmigración estadounidense a las realidades de la migración mundial en el siglo XXI.

Unas 200.000 personas con TPS proceden de Haití, una nación insular con problemas desde hace mucho tiempo, donde el asesinato del presidente en 2021 provocó el colapso del gobierno y la matanza de miles de personas a manos de pandillas que ahora controlan gran parte del país. Los haitianos se han convertido en el centro de las amenazas de Trump de acabar efectivamente con el programa después de que él y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, difundieran falsos rumores de que los haitianos que se han asentado en Springfield, Ohio, estaban secuestrando y comiéndose animales domésticos.

Miles de haitianos se han instalado en la ciudad, y la mayoría de ellos tienen estatus legal, a menudo a través del programa. Eso los ha hecho atractivos para las industrias locales que necesitan trabajadores. Pero la afluencia ha puesto a prueba los recursos y provocado fricciones entre algunos residentes. Trump aprovechó esas tensiones, vilipendiando a los haitianos que han hecho de Springfield su hogar y amenazando con poner fin efectivamente al programa para ellos y otros cientos de miles de inmigrantes.

“Por supuesto que lo revocaría”, dijo Trump en una entrevista con News Nation el mes pasado, añadiendo que devolvería a los inmigrantes a su país.

Vance, por su parte, ha calificado repetidamente a los haitianos de Springfield y a otros titulares del TPS como “extranjeros ilegales” a los que el gobierno de Biden concedió la “amnistía” agitando una “varita mágica del gobierno”.

“Vamos a dejar de conceder en masa el Estatus de Protección Temporal”, dijo Vance en un acto de campaña el mes pasado.

El mayor grupo de personas a las que se concede protección en virtud del programa —unas 350.000— procede de Venezuela, donde la represión política y el colapso económico bajo el régimen de Maduro han llevado a millones de personas a marcharse en los últimos años.

Los inmigrantes de algunos países, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua, han sido elegibles para la protección durante más de dos décadas. Otros países, entre ellos Etiopía, Líbano y Ucrania, se han sumado más recientemente.

Los partidarios de limitar la inmigración han criticado el programa, que según ellos permite a las personas que reciben la designación permanecer en Estados Unidos indefinidamente.

Los asesores de Trump han dejado claro que su gobierno dará marcha atrás respecto al TPS, y entre sus primeras opciones para puestos clave en inmigración figuran notables partidarios de la línea dura.

A última hora del domingo, el presidente electo anunció que Thomas Homan, quien dirigió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump, gestionaría la política fronteriza de la Casa Blanca. El martes, seleccionó a la gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur, una aliada clave, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Y se espera que el presidente electo nombre jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, quien desempeñó un papel decisivo en la mano dura contra la inmigración durante el primer mandato de Trump.

El secretario de Seguridad Nacional decide si las condiciones de un país determinado justifican la concesión del estatus de protección a sus nacionales. El estatus dura entre seis y 18 meses, y puede renovarse indefinidamente, siempre que las condiciones lo justifiquen. Los inmigrantes en Estados Unidos, hayan entrado legalmente o no, son elegibles para el estatus, que no los coloca en una vía hacia la residencia legal permanente o la tarjeta verde.

El gobierno de Biden ha renovado, restablecido o añadido protecciones para 16 países.

Poner fin al programa podría desarraigar a quienes llevan años en Estados Unidos. Muchos tendrían que dejar sus trabajos y regresar a países con problemas, y algunas familias con hijos nacidos en Estados Unidos podrían acabar separadas, con los padres obligados a abandonar Estados Unidos mientras sus hijos e hijas permanecen en el país.

El gobierno de Obama ofreció el estatus especial a los haitianos en Estados Unidos en 2010, después de que un catastrófico terremoto devastara la capital y matara al menos a 250.000 personas. En aquel momento, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, señaló que el programa permitiría a los haitianos trabajar legalmente y enviar dinero a sus familiares, lo que calificó de forma indirecta de ayuda.

Desde el asesinato del último presidente del país en 2021, Haití se ha sumido en el caos político y se ha visto asolado por la violencia de las bandas, que ha matado a miles de personas y ha dificultado enormemente la obtención de agua, alimentos y atención médica.

El lunes, un vuelo de Spirit Airlines procedente de Fort Lauderdale, Florida, fue alcanzado por disparos cuando intentaba aterrizar en la capital, Puerto Príncipe. Fue uno de los tres aviones internacionales alcanzados por disparos en los últimos días, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación a prohibir a las compañías aéreas estadounidenses volar a Haití durante 30 días.

El dentista haitiano Lesly Joseph viajó con su esposa a Estados Unidos en 2021 con visado de turista tras ser amenazados a punta de pistola por bandas. La pareja se sintió afortunada, dijo, cuando el gobierno de Biden designó el Estatus de Protección Temporal para los nacionales de Haití, basándose en la espiral de violencia que se produjo al día siguiente de su llegada.

“El TPS me ofreció refugio para vivir aquí y proteger a mi familia de cualquier daño”, dijo Joseph, que vive en Boston y tiene una hija estadounidense de 3 años.

Joseph fue contratado como investigador en la Universidad de Boston y está trabajando para obtener una licencia que le permita ejercer la odontología en Estados Unidos.

Si le quitan el estatus temporal, perdería inmediatamente su trabajo. “No puedo ni pensarlo”, dijo.

Volver a Haití sería similar a una sentencia de muerte, dijo Joseph, señalando que un amigo médico había sido asesinado por bandas esta semana.

El gobierno de Trump intentó suprimir el programa en 2017 y 2018 para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, y fue demandado ante un tribunal federal. El gobierno argumentó que el programa se había convertido en una prestación casi permanente para cientos de miles de personas.

La Unión Americana de Libertades Civiles obtuvo una orden judicial preliminar para mantener el programa en vigor, y el gobierno de Trump apeló la decisión. El caso seguía ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos cuando Trump dejó el cargo en 2021, pero pasó a ser irrelevante después de que el gobierno de Biden manifestara su apoyo al programa.

Ahora que tres de los candidatos de Trump forman parte de una supermayoría conservadora en la Corte Suprema y muchos más en el poder judicial federal, un nuevo intento de poner fin al TPS podría tener más éxito en los tribunales.

“Esta vez, es probable que el gobierno de Trump sea más sofisticado a la hora de documentar los motivos políticos por los que el Estatus de Protección Temporal ya no está justificado”, dijo Lenni Benson, profesora de la Escuela de Derecho de Nueva York.

El presidente Biden ha utilizado el Estatus de Protección Temporal para “más extranjeros de más países que ningún gobierno anterior”, dijo Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Instituto Cato, un centro de pensamiento libertario que considera que la inmigración legal es esencial para una economía sana.

Dijo que el presidente había respondido “adecuadamente” al aumento del número de países en crisis.

La designación ayudó a aliviar la presión sobre ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York, Chicago y Denver, que luchan por asistir a decenas de miles de inmigrantes llegados. Los alcaldes de esas ciudades instaron al gobierno a que permitiera trabajar a los inmigrantes para que pudieran alcanzar la autosuficiencia más rápidamente, y el Estatuto de Protección Temporal fue la respuesta.

Ahilan Arulanantham, quien fue el abogado principal de los demandantes en el caso que en 2020 llegó al Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EEUU, dijo que estaba preparado para otra batalla judicial en defensa del programa.

“La ley exige que el gobierno realice una evaluación objetiva de las condiciones de cada país para decidir si es seguro para el retorno de sus nacionales”, dijo Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.

“Haití, que ha sido objeto de una intensa controversia política, es obviamente muy inseguro en este momento”, dijo.

Lindsay Aimé, líder de la comunidad haitiana de Springfield, dijo que si Trump revoca el TPS, causará un daño grave a los haitianos que han encontrado refugio y estabilidad en Estados Unidos.

“Sin el TPS, no se puede trabajar, no se puede conducir y no se pueden pagar las facturas”, dijo. Pero aun así, es poco probable que los haitianos que ya están aquí se marchen, dijo.

“Intentaremos vivir en paz y permanecer vivos aquí”.

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